Las instituciones del Gobierno continúan fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta ante las lluvias que afectan al país, con medidas que abarcan la vigilancia en zonas turísticas, la suspensión temporal de actividades educativas y el despliegue de personal de salud para atender posibles emergencias.

En la zona costera, la Unidad de Guardavidas mantiene operativos permanentes de vigilancia con el objetivo de proteger a turistas y residentes, reducir riesgos y responder de manera inmediata ante cualquier incidente que pueda registrarse en playas y otros puntos de alta afluencia de visitantes.

Las autoridades señalaron que estos esfuerzos forman parte de un plan integral de protección civil orientado a salvaguardar la vida de la población durante el período de condiciones climáticas adversas.

En el ámbito educativo, la ministra de Educación, Karla Trigueros, reiteró que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo es la principal prioridad, razón por la cual se mantuvo la suspensión de clases los días 9 y 10 de junio para centros educativos públicos, privados y universidades.

La medida busca prevenir situaciones de riesgo derivadas de inundaciones, deslizamientos o dificultades de movilidad que puedan afectar a la comunidad educativa mientras persistan las condiciones meteorológicas desfavorables.

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Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que la red nacional de salud se encuentra en alerta y con personal desplegado para brindar atención médica a las personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

«Contamos con aproximadamente 9,000 profesionales desplegados a nivel nacional para brindar atención oportuna a la población que lo requiera, incluyendo a las personas que se encuentran en albergues», afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las autoridades de salud indicaron que el personal médico, de enfermería y apoyo continuará monitoreando la situación en todo el territorio nacional para garantizar la atención inmediata de emergencias, así como el seguimiento sanitario en comunidades vulnerables y centros de resguardo habilitados para las familias afectadas.

El Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las instituciones de protección civil, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan las lluvias.

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CEL

El Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para los días martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la influencia de la tormenta tropical Cristina y la vigencia de la alerta naranja decretada por las autoridades.

La disposición aplica para todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior, abarcando todos los niveles del sistema educativo, desde educación inicial hasta estudios universitarios.

Según el comunicado emitido por la institución, las universidades tendrán la facultad de continuar desarrollando sus actividades académicas mediante plataformas virtuales durante el período en que permanezca suspendida la asistencia presencial.

Las autoridades explicaron que la medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, ante los riesgos asociados a las lluvias intensas que podrían afectar diferentes zonas del país.

Entre las amenazas identificadas se encuentran inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y derrumbes, fenómenos que podrían comprometer la seguridad de la población y dificultar la movilidad hacia los centros educativos.

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El Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información emitida por las instituciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La suspensión forma parte de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de lluvias provocado por sistemas atmosféricos que afectan a la región centroamericana y que podrían generar impactos significativos en distintos puntos del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visado a más de 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua y a sus familiares, en respuesta a la muerte del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera.

Según el comunicado oficial, la medida forma parte de un conjunto más amplio de acciones que amplían las sanciones migratorias a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y sus allegados, en el marco de la política de presión de Washington contra el gobierno de Managua.

Las autoridades estadounidenses responsabilizan a la denominada “dictadura de Murillo-Ortega”, en referencia al copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la copresidenta Rosario Murillo, por el caso del dirigente miskito, quien falleció el 31 de mayo a los 73 años en su comunidad tras permanecer tres años en prisión.

Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en su residencia en el Caribe nicaragüense. Organizaciones como Amnistía Internacional lo habían catalogado como “preso de conciencia”, debido a su detención y las condiciones de su encarcelamiento.

De acuerdo con el gobierno nicaragüense, el deterioro de su salud durante su tiempo en prisión fue determinante en su fallecimiento, lo que ha generado nuevas críticas internacionales hacia el manejo del sistema penitenciario del país.

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El Departamento de Estado no reveló la lista completa de los funcionarios sancionados, al señalar que la información sobre visados es generalmente confidencial según la legislación estadounidense. Sin embargo, el comunicado menciona específicamente al funcionario nicaragüense Lumberto Campbell Hooker, quien ya había sido sancionado en 2019 por su rol en el Consejo Supremo Electoral.

Estados Unidos lo acusa de haber participado directamente en la negación de atención médica a Rivera y de impedir a su familia realizar el entierro de sus restos, aunque no se confirmó si forma parte del nuevo grupo de sancionados.

Las medidas se enmarcan en una serie de acciones diplomáticas de Washington dirigidas a presionar al gobierno nicaragüense por presuntas violaciones a los derechos humanos y restricciones a la oposición política en el país.