El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, centrada en presuntos delitos financieros y lavado de dinero vinculados a la estructura económica de su entorno político, según reportes publicados por medios estadounidenses.

La nueva pesquisa se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde permanece detenido el empresario colombiano Alex Saab, considerado por fiscales federales como una pieza clave para esclarecer presuntas operaciones financieras relacionadas con el chavismo.

De acuerdo con el diario Miami Herald, Saab posee información detallada sobre la estructura financiera que habría operado alrededor de Maduro y otros funcionarios venezolanos.

Saab fue deportado el pasado 16 de mayo hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera, relacionados con presuntas irregularidades en contratos del programa de alimentos CLAP y otras operaciones económicas.

Según documentos del Departamento de Justicia estadounidense, el empresario habría utilizado bancos y empresas vinculadas al sistema financiero de Estados Unidos para movilizar cientos de millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales venezolanos.

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La investigación en Miami se suma al proceso judicial que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

Medios estadounidenses señalaron que la nueva indagatoria estaría encabezada por el fiscal Michael Berger, con apoyo de agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar presuntas redes de corrupción y movimientos financieros relacionados con el gobierno venezolano.

Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3,308 armas de fuego ilegales, 56 toneladas de drogas y la captura de más de 8,700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos, informó la Organización Internacional de Policía Criminal.

La operación, denominada “Orca XI”, se desarrolló durante seis semanas, entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos.

Según el informe divulgado por Interpol desde su sede en Lyon, además de las armas decomisadas, las fuerzas de seguridad confiscaron cerca de 200,000 municiones, 256,025 dólares en efectivo y 210 vehículos.

La organización destacó que el tráfico ilícito de armas en la región mantiene una estrecha relación con otros delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos cibernéticos.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que las armas retiradas de circulación y la droga decomisada representan “un progreso real en la lucha contra el crimen organizado”.

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Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que la operación demuestra que “la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados”.

Entre los casos más relevantes reportados durante el operativo, Colombia informó sobre la captura de 22 personas investigadas por financiación del terrorismo y tráfico de armas.

En Panamá, dos sospechosos fueron arrestados por presunto contrabando de armas mediante servicios de mensajería y correo, mientras que en Brasil las autoridades desmantelaron una red criminal vinculada al narcotráfico y posesión ilegal de armas.

Asimismo, en Chile una investigación permitió la captura de tres personas y el decomiso de 580 kilogramos de drogas valoradas en aproximadamente 5.6 millones de dólares, además de nueve pistolas. Las autoridades chilenas también congelaron 11 cuentas bancarias relacionadas con operaciones de lavado de dinero.

En el operativo participaron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam, entre otros países de la región.

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, recibió al asesor del ministro y director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, con quien abordó diversos temas relacionados con la transformación y desarrollo del país.

En el encuentro también participaron el embajador de Japón en El Salvador, Sano Taketoshi, y el embajador salvadoreño en Japón, Diego Dalton.

De acuerdo con información de la vicepresidencia, Ulloa expuso el momento histórico que atraviesa El Salvador tras los avances alcanzados en materia de seguridad, y señaló que el país se encuentra en una nueva etapa orientada hacia el crecimiento económico y la modernización del Estado.

Durante la reunión, el vicepresidente también destacó el potencial energético nacional, especialmente en áreas como energías renovables y geotermia, como parte de la estrategia para atraer inversión y fortalecer el desarrollo económico.

Por su parte, Motoyuki Ishize expresó la disposición del Gobierno japonés de continuar fortaleciendo la cooperación con El Salvador, resaltando la importancia de acompañar el desarrollo de los países aliados bajo principios de respeto mutuo y crecimiento compartido.

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El funcionario japonés también compartió la visión de su país sobre la relevancia estratégica del océano Pacífico para el crecimiento económico global y las oportunidades de integración regional.

Asimismo, la Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que avanzar en la agenda bilateral y consolidar los históricos lazos de amistad fue el principal objetivo de la II Reunión de Consultas Políticas entre ambas naciones.

El encuentro fue presidido por la vicecanciller Adriana Mira y el asesor japonés Motoyuki Ishize, como parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la cooperación entre ambos países.