En Izalco, Sonsonate, una mujer ha sido capturada en relación con el caso de un recién nacido que fue rescatado de una fosa séptica por agentes policiales, según informaron fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil realizó el rescate del bebé después de recibir una alerta de una familia que escuchó el llanto del recién nacido proveniente de la fosa séptica. El bebé fue encontrado con vida y posteriormente trasladado al Hospital Nacional Jorge Mazzini en Sonsonate.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la captura de la mujer ni sobre su relación con el caso, incluyendo si se trata de la madre del bebé. Dos personas más están retenidas en el marco de las investigaciones.

Por otro lado, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) ha informado que están brindando la asistencia necesaria al recién nacido. La junta de protección de Sonsonate ha respondido al incidente de acuerdo con lo establecido en la Ley Crecer Juntos, la cual faculta a la institución para intervenir en casos de vulneración de derechos de menores.

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Este incidente se suma a una serie de casos recientes que han conmocionado a la población salvadoreña, incluyendo el trágico fallecimiento de un bebé de 8 meses debido a lesiones en San Salvador, así como otros casos de recién nacidos que también han sido objeto de violencia en diferentes zonas del país.

La Policía continúa investigando estos incidentes y ha detenido a una de las personas implicadas, mientras que sigue indagando sobre los otros casos para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La Dirección del Tejido Social ha anunciado que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) ubicados a lo largo del país han registrado un total de 569,506 visitas hasta la fecha.

Carlos Marroquín, director de la Dirección del Tejido Social, resaltó en una entrevista con radio Fuego que la mayoría de los visitantes son adolescentes y jóvenes, seguidos por niños y adultos mayores.

«Los CUBO son un proyecto que realmente ha impactado en diversas comunidades, generando oportunidades y permitiendo que los jóvenes sueñen con posibilidades reales», afirmó Marroquín.

Estos centros forman parte de la estrategia de la fase 2 del Plan Control Territorial implementado por el Gobierno del presidente Bukele.

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Marroquín también anunció que el próximo CUBO será construido en Altavista, actualmente en proceso de licitación, sumándose a un total de 10 CUBO adicionales próximos a ser construidos.

Durante los últimos cinco años de Gobierno del presidente Bukele, se ha priorizado la integración y participación de las comunidades en iniciativas como los CUBO.

«Desarrollamos un manual de intervención comunitaria, una herramienta inédita en el país, que requiere la participación de líderes comunitarios para ingresar», explicó Marroquín.

Los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) son espacios ubicados estratégicamente en comunidades para promover el desarrollo cultural, tecnológico, artístico y fomentar la convivencia familiar. Este enfoque busca fortalecer el tejido social y brindar oportunidades de crecimiento a todos los sectores de la sociedad.

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria final del juicio civil por enriquecimiento ilícito, donde el exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega, y su grupo familiar se enfrentan a demandas presentadas por la Fiscalía.

La Fiscalía ha planteado que busca que los cuatro demandados sean condenados a restituir al Estado la suma de $182,374.61, correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito detectado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Junto al exlegislador, están siendo demandados su esposa, Lilian Amanda de Hándal, y sus hijas, Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

Durante la audiencia preparatoria, los magistrados han admitido pruebas documentales y periciales que están siendo discutidas. Se espera que al término de la audiencia, la Cámara emita una sentencia condenatoria o desestimatoria.

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Los demandados son reprochados por un incremento patrimonial no justificado por un total de $182,374.61. En la Sección de Probidad, se les solicitó presentar documentos que justificaran la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, se ordenó su enjuiciamiento civil por parte de la Corte Plena.

La Unidad Anticorrupción de la FGR ha detallado las irregularidades individuales: al exdiputado se le cuestionan cuatro incrementos patrimoniales no justificados por $40,525.62; a su esposa, Lilian Amanda, seis irregularidades por un monto de $109,589.62; a su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00; y a Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaración de parte de los demandados», informó una de las fiscales a cargo del caso.

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