El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.

La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.

Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.

El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.

El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.

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Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.

Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.

Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.

En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.

El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.

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Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entregaron oficialmente el tramo I del proyecto de pavimentación de la carretera que conecta Chalchuapa, en el municipio de Santa Ana Oeste, con la frontera de Guatemala.

La obra comprende 1.8 kilómetros, desde el cantón La Magdalena hasta el cantón El Coco, y representó una inversión de $2.5 millones, ejecutada por el MOP en coordinación con la cooperación española.

El acto de entrega fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; el subdirector de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de la Aecid, Álvaro Borrega; diputados por el departamento de Santa Ana, el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, y habitantes de las comunidades beneficiadas.

Rodríguez destacó que la vía no solo impulsará el desarrollo de las comunidades aledañas, sino que también fortalecerá el comercio regional entre El Salvador y Guatemala. Señaló que se convertirá en el cuarto recinto fronterizo con el país vecino, lo que dinamizará el turismo, el intercambio comercial y la actividad agrícola.

Por su parte, Borrega subrayó que la entrega del tramo pavimentado coincide con la conmemoración del 40.º aniversario de la cooperación española en El Salvador, período en el que se han impulsado diversos proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario. Indicó que el programa de caminos rurales busca contribuir a la cohesión social y al crecimiento económico de las comunidades.

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El ministro Rodríguez informó además que el tramo II del proyecto, que abarca 5.8 kilómetros desde el kilómetro 8.5 hasta el 14.3 en la frontera con Guatemala, en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, presenta un avance superior al 50 %. Se prevé que esta fase concluya a mediados de este año y se convierta en la ruta más corta entre ambos países.