El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio por un período de 30 días en todo el territorio nacional, tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas, que incluyó ataques contra fuerzas de seguridad y motines en centros penitenciarios.

La medida fue anunciada por el mandatario en cadena nacional, horas después de que ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueran asesinados en distintos puntos de la capital guatemalteca, en hechos que las autoridades consideran un ataque coordinado por estructuras criminales.

El estado de sitio faculta a las autoridades a detener personas sin orden judicial, restringe el derecho de reunión y manifestación, y está contemplado en la legislación guatemalteca para enfrentar amenazas vinculadas al terrorismo o actividades rebeldes.

Durante su mensaje a la nación, Arévalo afirmó que el Gobierno no permitirá que la violencia imponga su agenda. “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, subrayó.

El presidente sostuvo que la ofensiva estatal contra las pandillas ha dado resultados, lo que —según dijo— ha provocado la reacción violenta de estos grupos. “La estrategia contra los criminales está teniendo éxito y por eso están desesperados”, afirmó.

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De acuerdo con el mandatario, los motines registrados el sábado en varias cárceles fueron una respuesta directa a los operativos gubernamentales para retomar el control de los centros penitenciarios. En represalia por estas acciones, añadió, los pandilleros habrían perpetrado los ataques contra los agentes de seguridad el domingo.

“Quiero decirlo alto y claro: no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, enfatizó Arévalo.

El jefe de Estado aseguró que la declaración del estado de sitio no alterará la vida cotidiana ni la movilidad de la población, salvo la suspensión de la jornada educativa prevista para este lunes tanto en el sector público como en el privado.

El asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo en Guatemala, atribuido a presuntos pandilleros, junto con motines registrados en tres centros penitenciarios, reactivó de forma abierta el enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León y los líderes de las principales estructuras criminales del país.

La escalada de violencia llevó a que Arévalo decretara estado de sitio por 30 días, una medida de excepción que autoriza a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial y restringir derechos constitucionales en zonas específicas.

Origen del conflicto

El choque frontal entre el Ejecutivo y las pandillas se remonta a julio del año pasado, cuando siete personas fueron asesinadas durante un velorio en una funeraria del centro de la Ciudad de Guatemala. Las víctimas despedían a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado por sicarios de la pandilla rival Barrio 18 y habría sido coordinado desde una prisión. Como respuesta, el Gobierno ordenó el traslado de los principales cabecillas de ambas estructuras a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.

El fin de los privilegios carcelarios

El traslado significó el fin de los privilegios de los líderes pandilleros, quienes durante administraciones anteriores habrían operado desde prisión con amplias comodidades, de acuerdo con las autoridades.

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Entre ellos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, uno de los máximos jefes del Barrio 18, condenado a al menos 80 años de prisión por asesinato y otros delitos. Según el Ministerio de Gobernación, Ochoa y su círculo cercano mantenían control sobre extorsiones millonarias y ordenaban asesinatos desde centros penitenciarios donde gozaban de condiciones superiores a las del resto de la población reclusa.

Las autoridades señalaron que uno de los motines registrados este fin de semana en Renovación I fue organizado por Ochoa en protesta por la pérdida de beneficios, como acceso a aire acondicionado, comida a domicilio y camas de gran tamaño.

Escalada y respuesta del Gobierno

Los recientes asesinatos de policías y los amotinamientos marcaron un nuevo punto crítico en la confrontación, lo que llevó al Ejecutivo a endurecer su postura frente a las pandillas, consideradas responsables de buena parte de la violencia y las extorsiones en el país.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta por actividad militar en el espacio aéreo de varias regiones del continente americano, en particular zonas cercanas a México y países de América Central y del Sur, e instó a las aerolíneas a extremar las medidas de precaución.

La advertencia señala la existencia de “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían afectar la seguridad de las operaciones aéreas, incluyendo posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite. El aviso tendrá una vigencia de 60 días.

De acuerdo con la FAA, los avisos de vuelo abarcan áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá y Guayaquil, así como las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán y el espacio aéreo del Pacífico oriental.

“Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días”, confirmó un portavoz del organismo regulador estadounidense.

La alerta se produce en un contexto de creciente ofensiva militar de Estados Unidos contra los cárteles narcotraficantes. El pasado 8 de enero, el presidente Donald Trump advirtió que su gobierno se preparaba para “empezar a golpear por tierra” a estas organizaciones criminales, tras una serie de operaciones en el Caribe y el Pacífico.

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Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 30 ataques contra embarcaciones utilizadas por los cárteles, acciones que, según Trump, dejaron al menos 107 muertos y redujeron “prácticamente a cero” el tráfico marítimo de drogas en la región.