El Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para los días martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la influencia de la tormenta tropical Cristina y la vigencia de la alerta naranja decretada por las autoridades.

La disposición aplica para todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior, abarcando todos los niveles del sistema educativo, desde educación inicial hasta estudios universitarios.

Según el comunicado emitido por la institución, las universidades tendrán la facultad de continuar desarrollando sus actividades académicas mediante plataformas virtuales durante el período en que permanezca suspendida la asistencia presencial.

Las autoridades explicaron que la medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, ante los riesgos asociados a las lluvias intensas que podrían afectar diferentes zonas del país.

Entre las amenazas identificadas se encuentran inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y derrumbes, fenómenos que podrían comprometer la seguridad de la población y dificultar la movilidad hacia los centros educativos.

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CEL

El Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información emitida por las instituciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La suspensión forma parte de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de lluvias provocado por sistemas atmosféricos que afectan a la región centroamericana y que podrían generar impactos significativos en distintos puntos del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visado a más de 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua y a sus familiares, en respuesta a la muerte del líder indígena y opositor Brooklyn Rivera.

Según el comunicado oficial, la medida forma parte de un conjunto más amplio de acciones que amplían las sanciones migratorias a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y sus allegados, en el marco de la política de presión de Washington contra el gobierno de Managua.

Las autoridades estadounidenses responsabilizan a la denominada “dictadura de Murillo-Ortega”, en referencia al copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la copresidenta Rosario Murillo, por el caso del dirigente miskito, quien falleció el 31 de mayo a los 73 años en su comunidad tras permanecer tres años en prisión.

Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en su residencia en el Caribe nicaragüense. Organizaciones como Amnistía Internacional lo habían catalogado como “preso de conciencia”, debido a su detención y las condiciones de su encarcelamiento.

De acuerdo con el gobierno nicaragüense, el deterioro de su salud durante su tiempo en prisión fue determinante en su fallecimiento, lo que ha generado nuevas críticas internacionales hacia el manejo del sistema penitenciario del país.

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El Departamento de Estado no reveló la lista completa de los funcionarios sancionados, al señalar que la información sobre visados es generalmente confidencial según la legislación estadounidense. Sin embargo, el comunicado menciona específicamente al funcionario nicaragüense Lumberto Campbell Hooker, quien ya había sido sancionado en 2019 por su rol en el Consejo Supremo Electoral.

Estados Unidos lo acusa de haber participado directamente en la negación de atención médica a Rivera y de impedir a su familia realizar el entierro de sus restos, aunque no se confirmó si forma parte del nuevo grupo de sancionados.

Las medidas se enmarcan en una serie de acciones diplomáticas de Washington dirigidas a presionar al gobierno nicaragüense por presuntas violaciones a los derechos humanos y restricciones a la oposición política en el país.

La Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República de El Salvador) solicitó al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador imponer penas de hasta 60 años de prisión contra 124 integrantes de la Mara Salvatrucha, en el cierre de una audiencia única en un proceso por delitos de crimen organizado.

Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de la estructura conocida como “Kaskajeras Locos Salvatruchos”, una célula territorial que operó durante aproximadamente 22 años en distintos puntos del departamento de San Salvador, incluyendo la comunidad Las Margaritas en Santa Tecla, el área de El Boquerón y el caserío El Guayabo.

De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura se dedicaba a actividades de extorsión y tráfico de drogas, especialmente marihuana y crack, afectando a comunidades residenciales y zonas comerciales donde mantenían control del territorio.

El principal procesado es Mercedes Ávalos Orellana, alias “Extraño”, señalado como fundador de la clica. La Fiscalía solicitó para él la pena máxima de 60 años de prisión, al ser considerado uno de los principales responsables de la estructura criminal.

La misma condena fue requerida para Mario Vladimir López Romero, alias “Gordo”, identificado como corredor o máximo cabecilla de la organización. Además, entre los procesados figuran César William Rivera, alias “Pigui”, y Moisés Guevara Orantes, alias “Lunático”.

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CEL

El expediente judicial detalla que dentro de la estructura también operaban 12 homeboys, cuatro chequeos, nueve observadores y 98 imputados adicionales que cumplían funciones de apoyo logístico, vigilancia y colaboración en las actividades ilícitas.

Los acusados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y tráfico ilícito de drogas. Estos últimos cargos se sustentan en la venta y distribución de sustancias como marihuana y crack, según la investigación fiscal.

Las capturas de los imputados se realizaron en diferentes fechas y zonas del país, en el marco de las acciones de seguridad implementadas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.