El Gobierno de España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático acreditado en ese país, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en respuesta a la decisión previa de Managua de expulsar al embajador español y a su segundo jefe de misión.

La Cancillería española calificó la medida como “estrictamente recíproca” y consideró injusta la decisión adoptada por el Gobierno nicaragüense. En un comunicado oficial, el ministerio señaló que la expulsión de los diplomáticos nicaragüenses se produce como respuesta directa a la acción tomada por Managua un día antes.

“España decidió ordenar la expulsión del embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, indicó la cartera de Estado.

Pese a la escalada diplomática, el Gobierno español reiteró su disposición a mantener relaciones cordiales con la población nicaragüense. “El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, agregó el comunicado.

Las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas durante los últimos años, principalmente por las reiteradas críticas de España a la represión del presidente Daniel Ortega contra dirigentes de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. Madrid también ha respaldado las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y el deterioro del sistema democrático.

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Este nuevo episodio se suma a fricciones diplomáticas previas, como la llamada a consultas del embajador español en Managua en 2021. Aunque las relaciones fueron restablecidas posteriormente con el nombramiento de nuevos embajadores en 2023, el vínculo bilateral volvió a deteriorarse tras las recientes expulsiones.

El embajador español en Nicaragua, Sergio Farré, había sido designado en el cargo en diciembre, según el Boletín Oficial del Estado. Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no ha ofrecido una explicación oficial sobre la expulsión de los diplomáticos españoles.

Miles de residentes de Minneapolis salieron este viernes a las calles, pese a las gélidas temperaturas, para exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abandone sus vecindarios. Las protestas se produjeron mientras el principal funcionario migratorio a cargo de los operativos reiteró que las detenciones no disminuirán.

Las manifestaciones se extendieron prácticamente por toda la ciudad. A lo largo de la jornada, habitantes de Minnesota marcharon por el centro de Minneapolis, realizaron una protesta en el aeropuerto, se concentraron en el estadio de los Minnesota Timberwolves de la NBA y participaron en un “apagón económico”, con el cierre de negocios como forma de boicot a la presencia de ICE.

A pesar del frío extremo provocado por una tormenta invernal, los manifestantes mantuvieron las movilizaciones para denunciar lo que consideran una campaña de persecución migratoria que ha afectado no solo a inmigrantes indocumentados, sino también —según activistas— a residentes legales, ciudadanos estadounidenses e incluso a un niño en edad preescolar.

Sin embargo, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que la ofensiva continuará. El funcionario redobló el mensaje de la administración al prometer que las operaciones no se detendrán y que seguirá la búsqueda de lo que describió como “extranjeros delincuentes”.

Las declaraciones de Bovino contrastan con las demandas de los manifestantes, quienes acusan a las autoridades federales de sembrar temor en comunidades enteras y de aplicar políticas migratorias de manera indiscriminada.

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El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció este viernes que el Gobierno de Donald Trump ampliará la denominada Política de la Ciudad de México para extender la prohibición de financiamiento federal no solo a organizaciones que realizan o promueven el aborto, sino también a aquellas que, según la administración, impulsan políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la denominada “ideología de género”.

El anuncio fue realizado durante la Marcha por la Vida en Washington, en un intento por apaciguar las críticas de activistas contrarios al aborto, quienes consideran que el Gobierno no ha avanzado lo suficiente en la restricción de este derecho.

“Vamos a empezar a bloquear a toda organización internacional que realice o promueva el aborto en el extranjero para que no reciba ni un dólar de dinero estadounidense”, afirmó Vance ante los asistentes. Agregó que la ampliación de la política busca también “proteger la vida y combatir las políticas de DEI y las ideologías de género radicales que afectan a nuestros niños”.

La administración Trump ha convertido la oposición a las políticas y programas de diversidad, equidad e inclusión en uno de los ejes de su agenda. La medida anunciada esta semana supone una expansión significativa de la Política de la Ciudad de México, conocida por sus detractores como la “regla mordaza global”. Esta política fue instaurada durante el gobierno de Ronald Reagan y ha sido revocada por administraciones demócratas y restablecida por gobiernos republicanos.

Según un funcionario del Gobierno, la política ampliada se aplicará no solo a organizaciones no gubernamentales extranjeras, sino también a organismos internacionales y ONG estadounidenses.

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El mismo funcionario detalló que la expansión va más allá de los aproximadamente 8.000 millones de dólares destinados a programas de salud global, para abarcar más de 30.000 millones de dólares en asistencia exterior.

Las declaraciones de Vance, junto con un mensaje en video pregrabado del presidente Trump —en el que destacó sus nombramientos judiciales—, se producen en medio de crecientes presiones de sectores conservadores para que el Ejecutivo adopte medidas más severas contra el acceso al aborto con medicamentos. Entre ellas figura un plazo próximo para justificar su oposición a una demanda que busca poner fin a la disponibilidad de píldoras abortivas por correo.