Un total de 803 salvadoreños cuentan actualmente con difusión roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según datos de la policía internacional. De ese total, 739 son hombres y 64 mujeres, señalados por diversos delitos de alta gravedad.

Entre las personas buscadas figura Juan Josué Castillo Arévalo, exintegrante del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), vinculado al feminicidio de la agente Carla Ayala, uno de los casos más emblemáticos en el país.

Los delitos por los cuales se emitieron estas notificaciones incluyen agresión sexual agravada contra menor o persona incapaz bajo modalidad continuada, pertenencia a organizaciones terroristas, extorsión agravada, violación, agrupaciones ilícitas, feminicidio agravado, homicidio agravado y tráfico ilegal de personas, entre otros.

La difusión roja es un mecanismo mediante el cual Interpol solicita a las fuerzas del orden de los países miembros localizar y detener de manera provisional a una persona, mientras se tramita su extradición, entrega o una acción judicial similar. No obstante, Interpol aclara que esta notificación no constituye una orden de captura internacional.

Las personas incluidas en una difusión roja son buscadas a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional, y corresponde a cada nación aplicar su legislación interna para determinar si procede la detención. Además, la mayoría de estas notificaciones solo puede ser consultada por los organismos encargados de la aplicación de la ley.

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Interpol señala en su sitio web que, a petición del país solicitante, se pueden publicar extractos de una notificación roja cuando se requiere la colaboración ciudadana para ubicar a una persona prófuga o cuando esta representa un peligro para la seguridad pública.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa golpeando al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta semana se ordenara la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La investigación, que se inició en 2024, destapó una presunta red de compra de votos en el Congreso a cambio de contratos públicos gestionados desde la UNGRD. El caso involucra a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.

Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de mayor rango del Gobierno de Petro que enfrentan cárcel por este escándalo. Ambos son señalados por la Fiscalía de liderar una supuesta “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 163 millones de dólares) para asegurar apoyos legislativos mediante el pago a congresistas.

La medida de aseguramiento fue dictada mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a inicios de este mes.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla el jueves y aseguró que, según su “conciencia”, el exministro es inocente.

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“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en la red social X, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su reclusión preventiva.

En el mismo mensaje, Petro sostuvo que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, y atribuyó su situación judicial a una supuesta “ingenuidad” por haber buscado apoyos en sectores opositores vinculados al uribismo durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no descarta una guerra con Venezuela, en medio del aumento de la presión militar y económica contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico.

«No lo descarto, no», declaró el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News, tras meses de operaciones estadounidenses que han incluido la destrucción de embarcaciones presuntamente cargadas con droga cerca de territorio venezolano.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de que las autoridades estadounidenses incautaran un buque cargado con crudo cerca de las costas del país suramericano.

Con estas acciones, Washington incrementó la presión sobre el Gobierno venezolano, al que acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, acusación que Caracas rechaza. La estrategia se suma a meses de bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Durante la entrevista, Trump adelantó que habrá más incautaciones de petróleo y, al ser consultado sobre un posible cronograma, respondió: «Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos».

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El presidente evitó confirmar si su objetivo final es derrocar a Maduro. «Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie», afirmó Trump, quien sostuvo una llamada telefónica con el líder venezolano en noviembre.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que “pronto” comenzarán ataques contra presuntos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. Su declaración sobre una eventual guerra representa un cambio significativo, ya que durante su campaña se manifestó en contra de involucrar a Estados Unidos en conflictos extranjeros.

El mandatario ha recibido críticas de sectores de su base política por priorizar la política exterior sobre asuntos internos, como el aumento del costo de la vida. De acuerdo con la legislación estadounidense, solo el Congreso puede autorizar formalmente una declaración de guerra, y el Partido Demócrata insiste en que Trump necesita la aprobación del Legislativo incluso para los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.