El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.

“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.

El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.

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Investigadores de la División de Información Policial de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, en coordinación con autoridades de Belice, localizaron y entregaron en la aduana de Melchor de Mencos, Petén, a un presunto pandillero de la mara Salvatrucha.

El detenido fue identificado como Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, quien será expulsado hacia El Salvador por medio de Migración Guatemala, a través de la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, Chiquimula, según el reporte oficial de la policía guatemalteca.

De acuerdo con las autoridades del país vecino, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron localizados 53 integrantes de estructuras criminales que permanecían de manera irregular en Guatemala. De ese total, 46 fueron entregados a la justicia salvadoreña, mientras que 47 guardan prisión en distintos centros penitenciarios guatemaltecos por delitos cometidos en ese territorio.

Entre los capturados durante el año recién finalizado en Guatemala y posteriormente devueltos a El Salvador figura Miguel Alexander González Escobar, alias «Chiky», perfilado como homeboy de la pandilla 18 Sureños y señalado como extorsionista. El sujeto habría huido de El Salvador tras la implementación del régimen de excepción.

González Escobar registra antecedentes penales desde 2016 por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, según los registros oficiales.

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El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó en su momento la coordinación regional en la lucha contra las estructuras criminales. «Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades de Guatemala y reafirmamos nuestro firme compromiso de encontrar a todos los miembros de grupos terroristas dentro y fuera de nuestras fronteras y hacer que rindan cuentas ante la ley», afirmó.

Villatoro agregó que «en este nuevo Estado de derecho no hay lugar para los terroristas. No permitiremos que quede ni un solo remanente que amenace la paz de nuestra sociedad de bien».

Un análisis de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador revela que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países se mantienen muy por debajode los niveles registrados entre 2014 y 2016, cuando el país enfrentó los picos más altos de retornos forzados.

Durante ese trienio, El Salvador recibió más de 50,000 deportados por año, tanto por vía aérea como terrestre. Aunque las cifras incluyen expulsiones desde distintos países, la mayoría provenía de Estados Unidos, según los registros oficiales.

En contraste, en los últimos tres años las deportaciones han oscilado entre 13,000 y 15,000 personas anuales. En 2023 se contabilizaron 13,358 deportados, en 2024 la cifra aumentó ligeramente a 14,986, y en 2025 se proyecta un nivel similar, ya que entre enero y septiembre se han registrado 10,162 deportaciones.

De acuerdo con la DGME, entre enero de 2013 y septiembre de 2025 El Salvador ha recibido un total de 334,557 personas deportadas. La institución publica estas estadísticas de forma trimestral y anual a través de su sitio web, en documentos en formato PDF.

La caída más pronunciada en las deportaciones se produjo a partir de 2017. Tras alcanzar 52,938 deportados en 2016, la cifra se desplomó en 2017 a 15,809, una reducción cercana al 70 %. Posteriormente, en 2019 se registró un repunte significativo, con 37,348 deportados, lo que representó un aumento del 131 % respecto al año previo. Sin embargo, esta alza fue temporal, ya que en 2020 las deportaciones volvieron a caer un 71 %, hasta 10,716 personas.

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En cuanto a las vías de retorno, los datos indican que 209,454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea y 136,298 por vía terrestre entre 2013 y 2025. Las deportaciones terrestres, en particular, se redujeron drásticamente a partir de 2020, al pasar de 16,938 casos en 2019 a solo 1,750 en 2020, una caída abrupta que marcó un punto de inflexión en la tendencia migratoria.