El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes el Estado de Emergencia Económica por un periodo de 30 días, argumentando una «inminente crisis fiscal». La medida surge como respuesta directa a la decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba financiar el presupuesto de 2026.

Mediante este decreto, el Gobierno adquiere facultades extraordinarias para adoptar impuestos especiales sin pasar por el legislativo. El objetivo es alcanzar una meta de 41,000 millones de dólares, cifra que, según el mandatario, es indispensable para estabilizar las finanzas del país el próximo año y evitar un «ajuste drástico» que afecte el bienestar social.

Contraste económico: Crecimiento vs. Déficit

La decisión se toma en un contexto de señales mixtas para la economía colombiana. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) muestra resiliencia con proyecciones de crecimiento de entre 2.6% y 2.7% para el cierre de este año, las cuentas fiscales del Estado presentan un deterioro acelerado.

El gasto público y el endeudamiento han superado con creces la recaudación actual. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal aumentó 2.5 puntos porcentuales, y los analistas advierten que el indicador podría superar el 7% en 2025, una cifra que enciende las alarmas en los mercados internacionales.

El fracaso de la vía legislativa

A inicios de este mes, el Congreso hundió el proyecto de ley que pretendía recaudar 4,000 millones de dólaresadicionales. Ante la negativa de los legisladores, Petro advirtió que la falta de recursos obligaría a realizar recortes masivos en la inversión pública.

Advertisement

20251220_limites_newscentral_728x90

20250501_mh_noexigencia_dui_728x90

20250701_dengue_728x90

20250901_vacunacion_vsr-728x90

20250901_minsal_tetra_-728x90

20250701_vacunacion-influenza-728x90

20250701_vacunacion_vph-728x90

20250715_donacion_sangre_central_728x90

20231124_etesal_728x90_1

20230601_agenda_primera_infancia_728X90

domfuturo_netview-728x90

20240604_dom_728x90

CEL

«El gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte», sentenció el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Incertidumbre en los mercados

A pesar de la declaratoria, aún no se han especificado los alcances de los nuevos tributos ni qué sectores serán los más afectados por los impuestos especiales. La medida de emergencia económica ha generado un intenso debate sobre la seguridad jurídica en el país y la separación de poderes, mientras los agentes económicos esperan detalles técnicos sobre la implementación del decreto.

Un total de 803 salvadoreños cuentan actualmente con difusión roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según datos de la policía internacional. De ese total, 739 son hombres y 64 mujeres, señalados por diversos delitos de alta gravedad.

Entre las personas buscadas figura Juan Josué Castillo Arévalo, exintegrante del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), vinculado al feminicidio de la agente Carla Ayala, uno de los casos más emblemáticos en el país.

Los delitos por los cuales se emitieron estas notificaciones incluyen agresión sexual agravada contra menor o persona incapaz bajo modalidad continuada, pertenencia a organizaciones terroristas, extorsión agravada, violación, agrupaciones ilícitas, feminicidio agravado, homicidio agravado y tráfico ilegal de personas, entre otros.

La difusión roja es un mecanismo mediante el cual Interpol solicita a las fuerzas del orden de los países miembros localizar y detener de manera provisional a una persona, mientras se tramita su extradición, entrega o una acción judicial similar. No obstante, Interpol aclara que esta notificación no constituye una orden de captura internacional.

Las personas incluidas en una difusión roja son buscadas a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional, y corresponde a cada nación aplicar su legislación interna para determinar si procede la detención. Además, la mayoría de estas notificaciones solo puede ser consultada por los organismos encargados de la aplicación de la ley.

Advertisement

20251220_limites_newscentral_728x90

20250501_mh_noexigencia_dui_728x90

20250701_dengue_728x90

20250901_vacunacion_vsr-728x90

20250901_minsal_tetra_-728x90

20250701_vacunacion-influenza-728x90

20250701_vacunacion_vph-728x90

20250715_donacion_sangre_central_728x90

20231124_etesal_728x90_1

20230601_agenda_primera_infancia_728X90

domfuturo_netview-728x90

20240604_dom_728x90

CEL

Interpol señala en su sitio web que, a petición del país solicitante, se pueden publicar extractos de una notificación roja cuando se requiere la colaboración ciudadana para ubicar a una persona prófuga o cuando esta representa un peligro para la seguridad pública.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa golpeando al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta semana se ordenara la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La investigación, que se inició en 2024, destapó una presunta red de compra de votos en el Congreso a cambio de contratos públicos gestionados desde la UNGRD. El caso involucra a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.

Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de mayor rango del Gobierno de Petro que enfrentan cárcel por este escándalo. Ambos son señalados por la Fiscalía de liderar una supuesta “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 163 millones de dólares) para asegurar apoyos legislativos mediante el pago a congresistas.

La medida de aseguramiento fue dictada mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a inicios de este mes.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla el jueves y aseguró que, según su “conciencia”, el exministro es inocente.

Advertisement

20251220_limites_newscentral_728x90

20250501_mh_noexigencia_dui_728x90

20250701_dengue_728x90

20250901_vacunacion_vsr-728x90

20250901_minsal_tetra_-728x90

20250701_vacunacion-influenza-728x90

20250701_vacunacion_vph-728x90

20250715_donacion_sangre_central_728x90

20231124_etesal_728x90_1

20230601_agenda_primera_infancia_728X90

domfuturo_netview-728x90

20240604_dom_728x90

CEL

“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en la red social X, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su reclusión preventiva.

En el mismo mensaje, Petro sostuvo que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, y atribuyó su situación judicial a una supuesta “ingenuidad” por haber buscado apoyos en sectores opositores vinculados al uribismo durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.