El Parlamento de Honduras eligió este miércoles a la junta directiva provisional que encabezará el proceso previo a la conformación de la directiva en propiedad y a la instalación del nuevo período legislativo 2026-2030.

La junta provisional quedó integrada por tres miembros y será presidida por Tomás Zambrano, diputado reelegido del Partido Nacional, fuerza política que resultó ganadora en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, en las que Nasry “Tito” Asfura fue electo presidente de la República.

A Zambrano le acompañan Carlos Ledezma, del Partido Nacional, en el cargo de secretario, y Godofredo Fajardo, del Partido Democracia Cristiana, como vicepresidente. La junta directiva en propiedad, que estará conformada por 15 miembros, será electa el próximo viernes.

De acuerdo con el cronograma legislativo, el 25 de enero será instalado oficialmente el pleno del Congreso Nacional para los próximos cuatro años. Ese mismo día también asumirán funciones las 298 alcaldías municipales electas en los comicios generales.

Dos días después, el 27 de enero, Asfura asumirá la presidencia de Honduras, en sustitución de Xiomara Castro, quien llegó al poder el 27 de enero de 2022.

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La sesión legislativa de este miércoles fue presidida por el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, y se desarrolló con un retraso de aproximadamente diez horas, debido a la falta de acuerdos entre las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, que en conjunto suman 90 de los 128 diputados del Congreso.

Zambrano fue electo con 87 votos, correspondientes a cuatro de las cinco bancadas representadas en el Legislativo, según explicó el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, quien propuso a los integrantes de la junta directiva provisional. Este órgano tendrá funciones administrativas y no está facultado para debatir o aprobar leyes.

En la votación no participaron, aunque sí estuvieron presentes en el hemiciclo, los 35 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), agrupación de izquierda que concluirá su período legislativo el próximo 27 de enero, tras cuatro años en los que contó con 50 escaños.

La elección se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por las Fuerzas Armadas, con la participación de más de 2.000 efectivos del Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea, informó el portavoz militar Mario Rivera. Además, las calles aledañas al Congreso Nacional, ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa, fueron cerradas como medida preventiva ante posibles disturbios.

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El conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, recibió este miércoles la credencial que lo acredita como presidente constitucional electo de Honduras, tras su ajustada victoria en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La entrega del documento estuvo a cargo de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, durante una ceremonia privada realizada sin acceso a la prensa. En el mismo acto, el organismo electoral otorgó las credenciales a los designados presidenciales electos —equivalentes a vicepresidentes— María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera.

Asfura agradeció el respaldo ciudadano recibido en los comicios, en los que la población hondureña también eligió a 298 autoridades municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El presidente electo asumirá el cargo el próximo 27 de enero, fecha en la que sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), organización política coordinada por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual mandataria.

Durante la campaña electoral, Asfura contó con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El dirigente nacionalista fue alcalde del Distrito Central entre 2014 y 2022.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Asfura ganó la presidencia con el 40,27 % de los votos, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. Superó por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53 % de los sufragios, mientras que la candidata oficialista Rixi Moncada, de Libre, se ubicó en el tercer lugar con el 19,19 %.

Un día antes, el CNE entregó las credenciales a los 128 diputados que conformarán el nuevo Congreso Nacional, provenientes de los partidos Nacional, Liberal, Libre, PINU-SD y Democracia Cristiana.

Luego de que trascendiera que el Ministerio Público (MP) de Guatemala no imputó por el delito de terrorismo a Harol Yeraldo Salguero Morales, pandillero confeso del Barrio 18, capturado por el asesinato de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y por herir a otros dos, diversas figuras del ámbito político guatemalteco manifestaron su rechazo a la actuación de la Fiscalía y de su titular, Consuelo Porras.

Las críticas se centran en la falta de voluntad del MP para aplicar el delito de terrorismo ante hechos que, según señalan, atentan directamente contra la seguridad de la población, en medio del repunte de la violencia atribuida a estructuras criminales.

El presidente Bernardo Arévalo calificó la decisión como “un insulto para todo el país” y para los agentes de la PNC que perdieron la vida recientemente. Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que resulta “sumamente vergonzoso y altamente sospechoso” que la Fiscalía no haya imputado a los presuntos pandilleros por delitos como homicidio o asociaciones ilícitas, lo que permitiría aplicar la nueva Ley Antipandillas.

Arévalo hizo referencia al contexto de violencia generado tras la retoma de tres centros penitenciarios, escenario en el que se produjeron los ataques contra las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, exigió públicamente que el Ministerio Público procese por terrorismo a los pandilleros vinculados con los hechos violentos registrados el pasado domingo.

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A las críticas se sumó la exfiscal general de la República, Thelma Aldana (2014-2018), quien a través de su cuenta en la red social X cuestionó la actuación del MP. Aldana afirmó que la Fiscalía cuenta con la capacidad técnica y los métodos especiales de investigación para prevenir este tipo de ataques, y señaló que su falta de acción los vuelve “cómplices”. Además, sostuvo que la actuación del MP en el tribunal confirma, a su juicio, una cercanía con el crimen organizado.