El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, una decisión que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, quien ha dirigido el Ministerio Público desde 2018 y ha sido sancionada por corrupción tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.

La salida de Porras, tras ocho años al frente del ente investigador, pondrá fin a un período ampliamente cuestionado por la comunidad internacional, señalado por retrocesos en el sistema de justicia, la persecución de operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por los intentos de obstaculizar la investidura del actual mandatario guatemalteco.

De acuerdo con la ley, el nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será elaborada por una comisión de postulación. Este órgano estará integrado por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y de las universidades del país que cuentan con facultades de Derecho.

Hasta el momento, no han surgido aspirantes visibles al cargo, aunque el proceso de selección se inició oficialmente este lunes. Analistas advierten que Porras podría intentar incidir en la conformación de la nómina final, con el objetivo de incluir perfiles cercanos a su entorno en la lista que será remitida al Ejecutivo.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y ejercerá el cargo por un período de cuatro años, hasta 2030. Se trata de una posición de alto poder institucional y con escasos mecanismos de control, ya que la legislación guatemalteca solo permite la destitución del fiscal general en casos de delito flagrante, lo que explica la permanencia de Porras pese a las múltiples acusaciones en su contra.

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CEL

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arribó la tarde de este martes a Costa Rica, donde fue recibido con honores por autoridades del Gobierno costarricense, dando inicio a una visita oficial orientada a fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países.

A su llegada, el mandatario salvadoreño fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco; y la embajadora de El Salvador en Costa Rica, Diana Vanegas.

Como parte de su agenda oficial, Bukele sostendrá una reunión bilateral con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en la que abordarán temas de interés común, con énfasis en seguridad, desarrollo y cooperación regional.

Posteriormente, ambos mandatarios visitarán el complejo penitenciario de La Reforma, ubicado en la provincia de Alajuela, donde el Gobierno de Costa Rica proyecta la construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).

El proyecto, considerado el más ambicioso del sistema penitenciario costarricense durante la administración de Rodrigo Chaves, tendrá capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad y está inspirado en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), implementado por el Gobierno de El Salvador.

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CEL

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este martes que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una iniciativa orientada a fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y contribuir a la estabilidad económica del país.

Según explicó el mandatario, la propuesta contempla un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual, que se pagará entre el 15 y el 25 de enero a los trabajadores de los sectores público y privado que perciban un salario de hasta 1,500 dólares.

Bukele precisó que este beneficio no sustituirá el salario ordinario, ni será objeto de descuentos por renta, ISSS o AFP, y tampoco podrá ser embargado, con el fin de garantizar que el monto llegue íntegramente a los trabajadores.

El jefe de Estado indicó que la normativa se implementará inicialmente en el sector público a partir de enero de 2026, mientras que en el sector privado su aplicación será gradual y responsable, con un enfoque en la protección del empleo.

Para el presente año, el pago en el sector privado será voluntario y contará con un incentivo fiscal, que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta, una medida que, según el Ejecutivo, busca preservar la estabilidad económica y laboral.

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CEL

“Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país”, afirmó Bukele.

El proyecto cuenta con el respaldo de las principales gremiales empresariales, así como con el apoyo de organizaciones de trabajadores y de instancias de diálogo como la mesa tripartita del salario mínimo.