El bloqueo del Estrecho de Ormuz ejecutado por Irán el pasado 28 de febrero ha reconfigurado las rutas marítimas globales y posicionado al Canal de Panamá como una de las principales alternativas para el transporte de energía.

En este contexto, la vía interoceánica reporta un crecimiento en sus ingresos de entre 8% y 10% durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, impulsado por el aumento en la demanda de tránsito.

La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado entre 38 y 40 tránsitos diarios, superando la proyección inicial de 34 cruces por día.

“El Canal de Panamá es una ruta corta y segura que, con los precios del combustible, sigue reduciendo los costos para los operadores”, afirmó la funcionaria.

El impacto también se refleja en el transporte de gas natural licuado (GNL). Antes del conflicto, el canal registraba en promedio cuatro buques mensuales de este tipo; actualmente, las autoridades se preparan para habilitar un tránsito diario para estas embarcaciones.

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Por su parte, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, proyectó que el mercado asiático podría incrementar la demanda de GNL proveniente de Estados Unidos, como alternativa ante las exportaciones restringidas desde Qatar.

“Cuando suben los costos, especialmente el precio del combustible marino, el Canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva”, explicó Vásquez.

El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.

Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.

En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.

Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.

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En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.

Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.

Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.

El Salvador cerró el lunes 30 de marzo sin registrar homicidios a nivel nacional, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC).

El resultado se suma a una serie de jornadas recientes con cifras similares, en medio de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno para combatir la criminalidad.

De acuerdo con las autoridades, estos indicadores evidencian una tendencia sostenida a la baja en los niveles de violencia, atribuida a la ejecución del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.

Asimismo, la PNC y la Fuerza Armada mantienen operativos y despliegues en distintos puntos del país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos.