Medios de comunicación de Guatemala denunciaron una serie de presuntos privilegios irregulares y un supuesto plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala y requerido en extradición por El Salvador por el delito de administración fraudulenta, por un monto de 1,284,274.39 dólares.

Según los reportes, Gaitán Castro se encontraría bajo condiciones distintas a las de un privado de libertad común. Las denuncias apuntan a que habría tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas e incluso uso de teléfonos celulares, a pesar de que estos están prohibidos por la normativa penitenciaria.

Asimismo, se indicó que su traslado al centro penal de Pavoncito fue ordenado mediante resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, pero hasta la fecha dichas disposiciones no han sido ejecutadas.

Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos son señalados de integrar una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.

Esta red es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, entre ellas Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en al menos seis países de América Latina.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, los implicados conformaron una organización dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas por debajo de su valor real de mercado. Según el expediente judicial, las maniobras habrían sido ejecutadas con la participación de ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.

Las autoridades de Estados Unidos afirmaron este jueves que “los ojos del mundo” están puestos sobre Honduras, a la espera de que el resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo respete la voluntad del pueblo hondureño.

“Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están en Honduras”, escribió en su cuenta de X el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. El funcionario señaló que el mensaje del presidente Donald Trump es que la democracia en el país centroamericano se encuentra “en tela de juicio” y que el pueblo hondureño “merece que se respete su voluntad y se escuche su voz”.

Landau agregó que todos los actores políticos involucrados en el proceso electoral tienen la obligación de defender “la independencia del Consejo Nacional Electoral” (CNE).

Las declaraciones del Gobierno estadounidense se producen luego de que dos de los aspirantes presidenciales, Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, y el candidato liberal Salvador Nasralla, denunciaran presuntas irregularidades en el conteo de votos, al advertir sobre un supuesto “golpe electoral en curso”.

Este jueves, Nasralla acusó un “cambio de datos” durante el conteo preliminar en horas de la madrugada, cuando —según explicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, encargada de administrar la plataforma donde se publican los resultados preliminares.

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Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, afirmó que el “escaso margen” entre los candidatos presidenciales es “histórico” y felicitó a los contendientes por su “civismo”, al evitar proclamaciones anticipadas o intentos de sabotaje.

“Cualquier análisis sobre una posible responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo fundamental es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos”, subrayó Hall.

La tensión política se intensificó este jueves en Honduras después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara presuntas irregularidades en el conteo preliminar de votos, luego de que su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional —respaldado en la recta final por el presidente estadounidense Donald Trump— retomara el liderazgo en el escrutinio.

Las acusaciones de Nasralla, quien ya compitió sin éxito por la Presidencia en 2013 y 2017, provocaron de inmediato llamados a la calma por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigentes del Partido Nacional y del sector empresarial, ante el temor de que la crispación derive en hechos de violencia en un proceso postelectoral marcado por fallos técnicos y una creciente desconfianza en los resultados.

A través de sus redes sociales, Nasralla aseguró que durante la madrugada se registró un “apagón” en el sistema de transmisión de datos y que un “algoritmo” habría alterado la asignación de votos en favor de Asfura. Por ello, exigió que se investigue a la empresa encargada del portal de resultados preliminares.

“Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”, denunció el candidato, quien afirmó además que observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están al tanto de sus señalamientos, según declaró a EFE.

No obstante, Nasralla aclaró que aún no puede hablar de fraude, ya que el proceso de escrutinio no ha concluido en su totalidad.

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La difusión de los resultados preliminares se ha visto interrumpida en varias ocasiones por cortes en el sistema del CNE, lo que ha provocado constantes cambios en la tendencia. Este jueves, Asfura volvió a colocarse en primer lugar. Con el 86,65 % de las actas procesadas, el candidato nacionalista sumaba 1.117.560 votos (40,25 %), frente a los 1.093.684 sufragios (39,39 %) de Nasralla. En un lejano tercer puesto se mantiene la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, con el 19 % de los votos.

Por su parte, Marlon Ochoa, consejero del CNE cercano al oficialismo, denunció también este jueves un supuesto “golpe” y “fraude” electoral, que atribuyó al bipartidismo de derecha y a la “injerencia” de Estados Unidos. Según afirmó, se trataría de una “operación coordinada” para imponer “una decisión contraria a la voluntad del pueblo”.