Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga por 30 días del régimen de excepción, herramienta que, según los parlamentarios, ha garantizado la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños desde su implementación en marzo de 2022.

Durante la sesión plenaria número 46, los diputados destacaron los resultados históricos del régimen, que ha sido un complemento del Plan Control Territorial. Gracias a estas medidas, El Salvador cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como el país más seguro del hemisferio occidental.

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, informó que, hasta la fecha, las autoridades han logrado la captura de casi 87,000 pandilleros y la incautación de 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares.

Además, se han decomisado 37.9 toneladas de droga, valoradas en $920.4 millones, y $4.8 millones en efectivo. Estos logros forman parte de los esfuerzos bajo el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.

Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.