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Al menos tres personas murieron y un policía resultó herido este viernes tras un enfrentamiento armado entre pobladores de dos municipios indígenas que mantienen un añejo conflicto limítrofe en el oeste de Guatemala, informó una fuente oficial.

El enfrentamiento ocurrió en una zona que se disputan los municipios de Ixchigúan y Tajumulco, en el occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, dijo a Radio Sonora el ministro del Interior, David Napoleón Barrientos.

«No podemos permitir que continúen los enfrentamientos entre las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco (…) que dejan este día tres personas fallecidas y un comisario de la policía herido», indicó el jerarca.

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Barrientos señaló que tras los nuevos incidentes «se ha instalado una mesa de crisis para solucionar el conflicto» en esa región, asentada entre las montañas del altiplano y asediada por el narcotráfico con cultivos de amapola.

Ambos municipios mantienen una disputa desde hace 80 años debido a un problema de límites que se ha intentado resolver en mesas de diálogo dirigidas por el gobierno.

En diciembre, un conflicto similar de más de 100 años entre los municipios indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, también en el oeste, provocó una masacre de 13 personas, entre ellas tres niños y un policía.

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Un tribunal local absolvió este viernes a un exdiputado guatemalteco sancionado por Estados Unidos señalado de haber ordenado presuntamente el asesinato a tiros de un periodista en el sur de Guatemala en 2015.

«Debe dictarse fallo absolutorio» a favor del excongresista Julio Juárez, dijo en su resolución la presidenta del Tribunal de Ciudad de Guatemala, Jeanette Valdés.

Según la jueza, el Ministerio Público, que pedía una pena de 50 años de cárcel, no pudo vincular la participación del acusado con el crimen.

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Juárez, entonces miembro del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (derecha), fue arrestado en 2018 por haber ordenado presuntamente el ataque contra el periodista del diario Prensa Libre, Danilo López, ocurrido el 10 de marzo de 2015 en la ciudad sureña de Mazatenango.

En el atentado, cometido por sicarios, también murió de forma fortuita el periodista Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y resultó herido un reportero de una televisión local.

De acuerdo con la investigación inicial, Juárez era sospechoso de ordenar el asesinato de López por desacuerdos políticos, que se agravaron tras una publicación realizada por el periodista sobre deudas fiscales del legislador.

«Fueron casos montados, no es justo que le destruyan la vida a uno», declaró Juárez al final de la audiencia.

Por el caso, el exdiputado fue incluido a finales de 2017 por Estados Unidos en una lista negra de personas señaladas de abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción en todo el mundo.

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Juárez fue relacionado con el crimen por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.

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Ocho países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsan este viernes una condena a Nicaragua por el cierre forzado de las oficinas del bloque regional en Managua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay presentaron un proyecto de resolución para «condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del gobierno de Nicaragua».

El texto será debatido en la sede de la OEA en Washington durante una sesión permanente del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización integrado por sus 34 miembros activos. Para ser adoptado necesita una mayoría simple de votos, o sea 18.

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El proyecto de resolución deplora «la violación de la inviolabilidad de los archivos» de la OEA, pide «que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua» y exige «que se restituya inmediatamente» el uso de los locales incautados.

Además, subraya que el gobierno de Ortega «es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales», citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

El proyecto de resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales «siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida», el 18 de noviembre de 2023.

El gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional; previamente, el país centroamericano anunció el 18 de noviembre su salida del organismo, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.

El 26 de abril, el gobierno de Ortega informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido «declarado de utilidad pública» y se convertiría en «el museo de la infamia».

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