El gobierno de Panamá anunció el cierre de varios albergues para migrantes y la deportación inmediata de quienes ingresen al país a través de la selva del Darién, debido a la drástica caída del flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Según el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, la migración irregular desde Colombia ha disminuido casi en un 100 %, lo que permite el cierre paulatino de los albergues que atendían a los viajeros en tránsito.

Además, advirtió que toda persona que cruce la frontera a través del Darién será deportada a su país de origen o al lugar desde donde ingresó a Panamá.

El Darién, un corredor de alto riesgo

En los últimos tres años, más de un millón de personas han cruzado la selva del Darién con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump ha provocado un giro en la dinámica migratoria, con muchos retornando hacia Sudamérica.

El Darién es uno de los tramos más peligrosos de la ruta migratoria, donde los viajeros enfrentan ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.

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CEL

Las nuevas medidas del gobierno panameño marcan un cambio drástico en la gestión de la crisis migratoria en la región.

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió la información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta criminalización del uso de apodos en las escuelas.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución aclaró que el Código Penal de El Salvador no contempla como delito llamar a alguien por un apodo, ya sea en el ámbito escolar o en cualquier otro espacio.

“Aclaramos que el Código Penal salvadoreño no considera delito el hecho de llamar a alguien por un apodo en el ámbito escolar, ni en ningún otro espacio”, expresó la FGR en su mensaje.

Con esta declaración, el Ministerio Público busca desmentir versiones erróneas que han generado confusión entre la población y reafirma su compromiso con la difusión de información veraz.

Al menos cien mujeres se concentraron este viernes en Tegucigalpa, la capital de Honduras, para protestar contra la creciente ola de feminicidios que azota al país, donde la violencia de género persiste y la pobreza afecta cada vez más a la población femenina. Activistas calificaron esta situación como «bastante dramática».

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, las manifestantes realizaron un plantónfrente al Parlamento hondureño, en el centro de la capital, donde corearon consignas y discursos contra la violencia de género. Exigieron también la asignación de recursos para investigar las muertes violentas de mujeres.

La directora de la ONG Centro de Estudios de la Mujer (CDM), Suyapa Martínez, expresó a EFE que la situación de violencia que enfrentan las mujeres en Honduras es alarmante, ya que en promedio, una mujer es asesinada cada 22 horas.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones y autoridades, la impunidad sigue siendo un factor crucial que alimenta esta problemática en el país.