Con 57 votos a favor, los parlamentarios aprobaron la modificación de la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar fondos provenientes de un préstamo externo al ramo de Obras Públicas y Transporte, específicamente para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El monto asignado asciende a $157.7 millones, destinados a la ejecución de tres proyectos clave para el desarrollo del país. La mayor parte de los fondos, $143.2 millones, se utilizarán para realizar trabajos de terracería en el sitio donde se construye el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión. Además, parte del presupuesto servirá para la contratación de personal que operará en la futura terminal aérea.

La construcción del aeropuerto inició el pasado 25 de febrero, con la colocación de la primera piedra por parte del presidente Nayib Bukele.

El diputado William Soriano destacó la importancia del proyecto, asegurando que «este es el desarrollo más significativo para el oriente del país y sienta las bases para un nuevo pilar económico en El Salvador, dentro del plan ‘Proyecto de Desarrollo del Sector Aeronáutico: El Salvador Vuela’».

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga por 30 días del régimen de excepción, herramienta que, según los parlamentarios, ha garantizado la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños desde su implementación en marzo de 2022.

Durante la sesión plenaria número 46, los diputados destacaron los resultados históricos del régimen, que ha sido un complemento del Plan Control Territorial. Gracias a estas medidas, El Salvador cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como el país más seguro del hemisferio occidental.

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, informó que, hasta la fecha, las autoridades han logrado la captura de casi 87,000 pandilleros y la incautación de 4,565 armas de fuego, 1,451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares.

Además, se han decomisado 37.9 toneladas de droga, valoradas en $920.4 millones, y $4.8 millones en efectivo. Estos logros forman parte de los esfuerzos bajo el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.