Un histórico tesorero de la exguerrilla sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega fue arrestado en Nicaragua bajo acusaciones de corrupción y lavado de dinero, según informaron este sábado medios nicaragüenses en el exilio.

El detenido, Francisco “Chico” López, quien se desempeñó como tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), era considerado uno de los principales operadores de los negocios privados vinculados al círculo del mandatario y de la copresidenta Rosario Murillo. El exfuncionario había sido separado de su cargo en enero.

De acuerdo con reportes del diario digital Confidencial, la Policía Nacional ejecutó su captura y lo trasladó el pasado jueves a la cárcel “La Modelo”, en Managua.

Según esa versión, el arresto habría sido ordenado bajo señalamientos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, cargos similares a los presentados contra otros exfuncionarios recientemente encarcelados en el país.

Hasta el momento, la fiscalía nicaragüense no ha presentado una acusación formal en su contra.

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CEL

El medio La Prensa añadió que la detención estaría relacionada con la incapacidad de López para justificar el paradero de bienes administrados anteriormente por el histórico comandante sandinista Bayardo Arce, condenado en enero por lavado de activos.

Sectores opositores en el exilio interpretan estos casos como parte de una supuesta purga interna en el entorno del poder, presuntamente impulsada por Rosario Murillo con el respaldo de Daniel Ortega, con el objetivo de reorganizar la estructura de sucesión dentro del oficialismo.

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que durante el sábado 16 y domingo 17 de mayo no se registraron homicidios en el país, acumulando un total de 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes.

De acuerdo con las cifras oficiales, en abril se contabilizaron 30 jornadas con cero homicidios, mientras que en marzo se reportaron 23 días sin muertes violentas. En febrero fueron 24 jornadas y en enero se registraron 27 días sin asesinatos.

Las autoridades atribuyen la reducción de los índices de violencia a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han permitido la captura de miles de personas vinculadas a estructuras criminales, según el gobierno.

La PNC sostiene que estos resultados forman parte de una tendencia sostenida de disminución de la violencia homicida en el país, en comparación con periodos anteriores.

n juez de Guatemala ordenó prisión preventiva contra la guatemalteca Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y la salvadoreña Marisabel Umaña Velásquez, ambas acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa en perjuicio de la empresa de telecomunicaciones Terra Towers y una de sus filiales.

La resolución fue emitida el pasado 12 de mayo por el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de revocar las medidas sustitutivas que permitían a las imputadas permanecer en libertad condicional.

Según fuentes judiciales guatemaltecas, el tribunal ordenó además el traslado inmediato de ambas procesadas al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la Zona 18 de Ciudad de Guatemala.

Echeverría Cabrera y Umaña Velásquez fueron capturadas por autoridades guatemaltecas el 20 de junio de 2025. La primera fue detenida al arribar al Aeropuerto Internacional La Aurora procedente de Nueva York, mientras que la salvadoreña fue arrestada durante un operativo policial en la zona 14 de la capital guatemalteca cuando, presuntamente, intentaba escapar junto a otras dos personas.

De acuerdo con publicaciones del medio guatemalteco La Hora, ambas son investigadas dentro de un expediente por estafa relacionado con una empresa salvadoreña.

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El caso también involucra a Jorge Gaitán Paredes, fallecido tras ser extraditado a El Salvador, y a su hijo, Jorge Gaitán Castro, quienes enfrentan procesos judiciales y solicitudes de extradición vinculadas al mismo expediente.

Las investigaciones continúan tanto en Guatemala como en El Salvador, donde las autoridades mantienen abiertos procesos relacionados con la supuesta red de fraude corporativo y extracción ilegal de información empresarial.