Autoridades de El Salvador dieron a conocer este jueves la habilitación de un número telefónico que servirá para que ciudadanos reporten actividad de grupos terroristas en cualquier comunidad del país, como un paso más de la denominada guerra contra las pandillas que encabeza el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública detalló en un comunicado que el número habilitado es el 123, una vía de comunicación donde los ciudadanos podrán reportar la presencia de pandillas, terroristas que delinquen en su zona de residencia, cabecillas, palabreros, gatilleros o cualquier colaborador de estos grupos.

La línea está abierta para recibir llamadas los siete días de la semana, en las 24 horas del día. La información se recibirá de manera confidencial y anónima, dijo la institución.

La entidad destacó la importancia del apoyo de la ciudadanía para continuar avanzando en la guerra contra pandillas.

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A la fecha, las autoridades dan cuenta de 32,000 personas capturadas en el marco del régimen de excepción, una medida implementada para combatir un repunte en los homicidios.

Autoridades guatemaltecas descubrieron en una caverna un laboratorio clandestino, que se presume era utilizado por narcotraficantes, informó este jueves una fuente oficial.

El hallazgo se dio al noreste del territorio guatemalteco, cerca del río Sarstun, en el municipio de Livingston, del departamento (provincia) de Izabal, el único que tiene salida al mar Caribe y ubicado 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Miembros del Ejército guatemalteco realizaban un operativo de reconocimiento por la zona, en busca de ilícitos, cuando en unas cuevas naturales hallaron el laboratorio clandestino, el cual pudo ser utilizado para la elaboración de algunas drogas, detalló el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Tellez.

El funcionario precisó que en el lugar había indicios del procesamiento de algunas drogas, por lo que dieron aviso al Ministerio Público (MP), el cual está realizando las investigaciones respectivas.

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Aparte, dijo que en el perímetro donde se localizó el laboratorio clandestino también se encontraron partes de una avioneta escondidas entre la maleza.

Por su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente para el traslado de narcóticos desde Sudamérica a Estados Unidos. Según expertos, el 90% de las drogas que llegan a EE.UU. pasan por la nación centroamericana.

La nación que preside Alejandro Giammattei cerró en 2021 con 11.011 kilos de cocaína decomisados, 2.617 kilos menos (19,2%) que los 13.628 que se incautaron en el país centroamericano durante el 2020.

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La posibilidad de que Costa Rica nombre un embajador en Nicaragua es lejana, debido al “deterioro” de la situación en ese país tras la expulsión de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló este miércoles el presidente costarricense, Rodrigo Chávez.

«No estamos a ningún momento cerca de tomar una decisión de cambio porque las circunstancias se han venido deteriorando», declaró el mandatario en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

Así mismo, aseguró que el gobierno sigue «viendo con preocupación el desarrollo de lo que está ocurriendo, particularmente la expulsión de la Organización de Estados Americanos».

Después de ganar las elecciones el pasado 4 de abril, Chávez anunció que su «inclinación» era «nombrar un embajador en Nicaragua», porque tienen «relaciones diplomáticas» y no están en «guerra» y afirmó que no le gustan «las medias tintas» ni «las posiciones para verse bonito».

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«Si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito, las rompemos, pero no estar en el jueguito de tener relaciones diplomáticas y no tener embajadores», dijo en ese entonces.

No obstante, la postura del Gobierno costarricense cambió desde la expulsión de la representación de la OEA en Managua a finales de abril.

El anterior gobierno de Costa Rica (2018-2022), que era encabezado por Carlos Alvarado, no envió embajador a Nicaragua y en diversos foros internacionales ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en ese país y ha abogado por el retorno a la democracia.

En Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, viven cerca de 400.000 nicaragüenses, pero según diversas organizaciones no gubernamentales esa cifra podría ser mucho mayor tomando en cuenta la migración irregular que se intensificó desde abril de 2018 cuando comenzó la crisis sociopolítica a raíz de las protestas contra el Gobierno de Ortega.

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