En una audiencia realizada este jueves en el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su solicitud para que los bienes millonarios del exministro de Defensa, David Victoriano Munguía Payés, pasen a favor del Estado como parte de un proceso por desvío de fondos públicos.

Munguía Payés enfrenta acusaciones de haberse beneficiado con aproximadamente $4.5 millones de fondos públicos durante el período comprendido entre 2014 y 2019, durante el gobierno del expresidente prófugo Mauricio Funes. Entre los bienes que la Fiscalía busca decomisar se encuentran nueve inmuebles, incluyendo un lujoso rancho de playa, dos vehículos y nueve cuentas de depósitos a plazo fijo de su propiedad.

En la Sala 4-A del Centro Judicial Isidro Menéndez, los abogados defensores de Munguía Payés continuarán presentando sus argumentos para refutar las acusaciones presentadas por la Fiscalía. El exministro ha estado presente en la sala de audiencia para escuchar las acusaciones fiscales y la defensa presentada por su equipo legal.

Este caso representa un esfuerzo continuo por parte de la Fiscalía para combatir la corrupción y recuperar activos que presuntamente fueron adquiridos de manera ilícita por funcionarios públicos.

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En una intervención coordinada entre Comandos de Salvamento y la Policía Nacional Civil (PNC), se llevó a cabo el rescate de un hombre que cayó al río Acelhuate en el barrio La Vega de San Salvador, el jueves por la mañana.

Según informaron las autoridades policiales, el incidente ocurrió cuando el hombre sufrió una caída al río, resultando con múltiples fracturas en varias partes de su cuerpo. Tras recibir la alerta, equipos de rescate se desplazaron al lugar de los hechos y lograron sacarlo del agua.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta situación en el río Acelhuate, una zona donde el peligro puede ser alto debido a la corriente y otras condiciones.

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha recomendado al gobierno español que no extradite a El Salvador a un terrorista perteneciente a la pandilla 18, a pesar de que fue condenado en abril de 2023 a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública en El Salvador.

Según informa el diario español «el Periódico», el ministerio público español justificó esta recomendación en un escrito donde explica que «la situación actual» en El Salvador «resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales» y que existe un «estado penitenciario calamitoso».

El medio detalla que en la audiencia celebrada el pasado miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgaron los delitos presuntamente cometidos por el acusado, sino que se valoró si existen las garantías procesales mínimas en El Salvador para asegurar un juicio justo.

El informe de la Fiscalía salvadoreña revela que el imputado fue colaborador activo de la pandilla 18 entre 2012 y 2016, desempeñando el rol de «poste» para alertar sobre actividades policiales mientras la pandilla llevaba a cabo reuniones para planificar extorsiones, venta de drogas y adquisición de armas utilizadas en homicidios.

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La decisión de la Fiscalía española de no extraditar al pandillero debido a presuntas vulneraciones de derechos contrasta con informes de comitivas internacionales que han verificado las condiciones carcelarias y han confirmado el respeto a los derechos de los reclusos.

Uno de los testigos de este buen trato a los reclusos es el senador estadounidense Tom Cotton, quien durante su visita al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo de este año, constató el respeto a los derechos de los privados de libertad, contradiciendo las afirmaciones de grupos de oposición. El legislador mencionó que los terroristas no son víctimas y respaldó los esfuerzos del presidente Bukele para restaurar el orden y el Estado de derecho en El Salvador.