México registró 6,562 víctimas de extorsión entre enero y junio de 2026, un incremento de 9.17 % frente al mismo periodo del año anterior y la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.

Los datos, difundidos por Forbes México con base en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestran un aumento de este delito en buena parte del territorio nacional.

Durante los primeros seis meses del año, 19 entidades federativas reportaron un incremento en el número de víctimas, mientras que 12 estados alcanzaron su registro más elevado de los últimos 11 años.

Los mayores aumentos porcentuales se registraron en Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. En Chihuahua, las víctimas pasaron de cuatro a 97, mientras que en Zacatecas aumentaron de 35 a 228 casos.

Al analizar la incidencia en relación con la población, Morelos presentó la tasa más alta, con 18.8 víctimas por cada 100,000 habitantes. Le siguieron Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur.

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Ante este escenario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el aumento de la extorsión representa un desafío tanto para la seguridad pública como para el sector empresarial.

El organismo empresarial planteó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, investigación y persecuciónde este delito, debido al impacto que tiene sobre las empresas y las actividades económicas.

El incremento registrado durante el primer semestre mantiene a la extorsión como uno de los principales retos de seguridad que enfrenta México, particularmente en las entidades donde la incidencia ha alcanzado máximos históricos recientes.

Miles de personas permanecían desplazadas este lunes en la isla de Flores, en el este de Indonesia, tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la zona el sábado y dejó al menos 53 muertos y más de 100 heridos.

Los afectados permanecen refugiados frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas gubernamentales mientras esperan la llegada de ayuda y asistencia para evaluar los daños provocados por el sismo.

Según Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia (BNPB), el número de personas que no pueden regresar a sus viviendas aumentó a 12.800 en distintas localidades de Flores.

Muchos residentes pasaron la segunda noche consecutiva a la intemperie debido al temor de regresar a sus hogares por las centenares de réplicas registradas en la zona.

En Mbay, una de las localidades cercanas al epicentro, residentes instalaron campamentos improvisados utilizando lonas y tubos para protegerse durante la noche.

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“Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar”, relató Junaidin, un residente de Mbay de 32 años, mientras permanecía frente a una tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.

Los organismos de rescate indicaron que, hasta el momento, no existen reportes de personas desaparecidas.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado por su participación en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles durante la guerra civil de El Salvador.

La Audiencia Nacional de España tomó la decisión debido a la enfermedad irreversible y de carácter grave que padece Montano, de 84 años, quien se encontraba recluido en una cárcel de Madrid.

Según la resolución, fechada el 14 de agosto, el exmilitar sufre una enfermedad renal avanzada y un deterioro cognitivo elevado acompañado de delirios. Además, requiere asistencia para realizar actividades de la vida cotidiana y ha tenido que ser trasladado de manera recurrente a centros hospitalarios.

La Justicia española determinó que su estado de salud hace necesario concederle la libertad condicional para que pueda continuar recibiendo tratamiento médico. Montano será trasladado a una residencia para enfermos terminales administrada por una organización no gubernamental en Aranjuez, en la Comunidad de Madrid.

Montano fue extraditado a España en 2017 y condenado en 2020 por la Audiencia Nacional por su responsabilidad en el asesinato de cinco jesuitas españoles ocurrido en 1989.

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La masacre tuvo lugar en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), durante la guerra civil salvadoreña, que se extendió entre 1980 y 1992. Además de los cinco sacerdotes españoles, en el ataque fueron asesinados tres salvadoreños.

Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, vicerrector; Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos españoles; así como el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.