Una encuesta de Cadem, empresa de estudios de opinión en Chile, reveló que el 49 % de los ciudadanos chilenos consideran que la reunión del presidente electo José Antonio Kast con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele fue el punto más relevante de sus recientes giras internacionales.

Kast, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, realizó una agenda de viaje por Centroamérica, el Caribe y Europa, sosteniendo encuentros bilaterales con líderes y mandatarios de distintas naciones.

Según el sondeo, la reunión con Bukele fue considerada la más importante, seguida por el encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva (14 %), la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (7 %), el presidente argentino Javier Milei (6 %) y el presidente boliviano Rodrigo Paz (2 %). Otros encuentros, como los realizados con José Jerí (Perú), Victor Orbán (Hungría) y Santiago Abascal (España), obtuvieron entre 1 y 2 % de relevancia.

Durante su visita a El Salvador, Kast recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y participó junto a Bukele en la entrega de 70 centros escolares renovados mediante el programa “Dos Escuelas X Día”.

Las autoridades guatemaltecas informaron este miércoles que los homicidios se redujeron en un 50 % y las extorsiones en un 32 % desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en conferencia de prensa que, en comparación con el mismo período del año anterior, la estrategia de seguridad aplicada bajo la medida de excepción, vigente hasta el 18 de febrero, refleja una mejora en la situación del país.

Según el funcionario, desde el inicio del régimen especial se contabilizan 95 homicidios menos, mientras que las denuncias de extorsión vinculadas a pandillas han disminuido en casi un tercio. En ese mismo lapso, las fuerzas de seguridad ejecutaron 3,548 operativos que derivaron en cerca de 3,000 capturas.

Villeda detalló que entre los detenidos hay 78 presuntos pandilleros —catalogados como terroristas por el Estado guatemalteco—, 100 personas acusadas de extorsión y seis individuos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También reportó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades, eran operadas clandestinamente por estructuras criminales en un sector popular de la capital.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el estado de sitio permitió interrumpir las comunicaciones entre los reclusos y sus colaboradores en el exterior, lo que calificó como un paso clave para desarticular redes de alta peligrosidad.

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“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.

El Gobierno decretó la medida excepcional luego de la crisis provocada por motines simultáneos en tres cárceles del país, encabezados por integrantes del Barrio 18 el 17 de enero. Los disturbios derivaron, al día siguiente, en ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, en represalia por las acciones estatales para retomar el control de los penales.

El gobierno de Honduras expresó este lunes su pesar ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó que los beneficiarios del programa «han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley» y que su permanencia dentro del sistema constituye «una prueba irrefutable de conducta intachable».

«Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», reiteró la cancillería.

Más temprano, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de retirar el beneficio del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en ese país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la resolución como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos». Añadió que el TPS fue concebido, como su nombre lo indica, para ser temporal, pero sostuvo que «administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas».

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La administración estadounidense argumentó que Honduras ya no cumple las condiciones que justificaban mantener la designación del TPS.