Cali inició una nueva etapa de recuperación tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto, que dejó al menos 153 personas fallecidas y 1,657 heridas.

Las labores de búsqueda y rescate concluyeron en los 46 puntos donde se registraron colapsos, por lo que las autoridades ahora concentran sus esfuerzos en la remoción de escombros, la recuperación de las zonas afectadas y la planificación de la reconstrucción.

Entre las estructuras destruidas todavía permanecen fotografías, libros, documentos y otros objetos personales que quedaron sepultados bajo toneladas de concreto y hierro. Mientras tanto, maquinaria pesada trabaja en el despeje de calles y aceras cercanas a los edificios que sufrieron daños totales o parciales.

«La etapa de búsqueda y rescate terminó y ya estamos concentrados en la recuperación de Cali», afirmó el alcalde Alejandro Eder, quien explicó que las autoridades avanzan en el retiro de los materiales provocados por los derrumbes.

De acuerdo con el último balance de la Alcaldía, 148 de los 153 cuerpos recuperados ya fueron entregados a sus familiares. Medicina Legal continúa con los procesos de identificación y entrega de las víctimas restantes.

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Más de 1,100 funcionarios municipales permanecen desplegados para atender las consecuencias de la emergencia. Hasta ahora, las autoridades han retirado 39,650 toneladas de escombros y contabilizan daños en 9,090 viviendas y edificaciones.

La Secretaría de Infraestructura participa en las labores de limpieza, mientras las Empresas Municipales de Cali (Emcali) trabajan en la normalización de los servicios públicos en las zonas afectadas.

Algunas de las vías que permanecieron cerradas durante los primeros días posteriores al terremoto comenzaron a ser habilitadas nuevamente. La Policía mantiene presencia en los sectores afectados para prevenir saqueos y garantizar la seguridad.

Los damnificados que permanecían en albergues también han comenzado a ser trasladados a hoteles financiados por el gobierno local, como parte de las medidas para reducir posibles riesgos sanitarios.

La ciudad comienza a reconstruirse

A pesar del avance de las labores de recuperación, el impacto de la tragedia continúa presente entre familiares, amigos y vecinos de las víctimas. Al caer la noche, algunos ciudadanos acuden de manera espontánea a los sitios donde ocurrieron los derrumbes para encender velas, rezar y recordar a quienes fallecieron.

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«A los caleños los vamos a acompañar durante todo este proceso, con decisiones concretas y una ruta clara para la reconstrucción de nuestra ciudad», señaló Eder.

El alcalde estimó que la reconstrucción de Cali podría requerir alrededor de 10 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos $3,258 millones. Las autoridades comenzarán además a evaluar las estructuras dañadas para determinar las intervenciones que deberán realizarse.
«La reconstrucción no será solo de estructuras, también implica acompañar a las familias, entender sus necesidades y encontrar soluciones», afirmó el mandatario local.

La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.

El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.

Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.

Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.

El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.

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La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.

El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.

A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.

Medidas tributarias temporales

Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.

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Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.

El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.