Centroamérica
Denuncian hambre y desplazamientos forzosos de indígenas en zona caribe de Nicaragua
Hambre, prostitución, muerte y desplazamientos forzosos ha causado la “colonización” en tierras indígenas de Nicaragua denunciaron ayer defensores de los derechos humanos. Los señalamientos tuvieron lugar durante el desarrollo de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Impacto de la colonización de los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”.
“Cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo, muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso para llevar comida”, dijo el activista Juan Carlos Ocampo, de origen miskito.
Por otro lado, la defensora Lottie Cunningham, Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award indicó que la “colonización” ha dejado al menos 49 indígenas fallecidos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos, y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La defensora sostuvo en alertar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el país centroamericano no ha ejecutado acciones concretas para detener los desplazamientos forzosos y para evitar que pueblos indígenas continúen perdiendo sus territorios.
Dicha afirmación fue rechazada por la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales quien aseguró que su Gobierno sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas, como el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, entre otras.
Previamente el gobierno de Nicaragua ya ha sido señalado de “sistemáticas” violaciones contra los derechos humanos, que aparentemente se acentuaron durante las revueltas callejeras antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Centroamérica
El Salvador sube seis puestos en el Índice Global de Poder Blando y se ubica en la posición 76
El Salvador avanzó seis posiciones en el Índice Global de Poder Blando 2026, elaborado por la consultora internacional Brand Finance, y se ubicó en el puesto 76 entre los 193 países evaluados, todos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio se basa en la opinión de más de 150.000 personas de 100 países y mide el desempeño de las naciones en áreas como turismo, cultura, gobernanza y relaciones exteriores. El objetivo es evaluar la influencia que los países ejercen a nivel internacional a través de mecanismos no coercitivos como la atracción, la inspiración y la persuasión, conocidos como “poder blando”.
El concepto, acuñado en la década de 1990 por el politólogo estadounidense Joseph Nye, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la ampliación de las categorías utilizadas para medir las capacidades y el posicionamiento internacional de los Estados.
De acuerdo con el informe, disponible en el sitio web de Brand Finance, “el reconocimiento internacional actual de El Salvador es producto de un proceso deliberado de transformación estructural”.
El país fue incluido por primera vez en este ranking en 2024, cuando ocupó la posición 117. En 2025 registró el mayor avance a nivel global, al escalar 32 puestos hasta situarse en el lugar 82. En un período de tres años, El Salvador ha mejorado un total de 41 posiciones.
Para el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez, estos resultados reflejan un crecimiento “sostenido” del país. A su juicio, “el principal elemento que ha viabilizado el desarrollo en todas las áreas es la seguridad, lo que ha generado un efecto cascada o dominó”.
El reporte 2026 de Brand Finance señala que la mejora en la reputación internacional de El Salvador incide directamente en la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del sector turístico, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la profundización de alianzas estratégicas.
En esa línea, Rodríguez sostiene que “la seguridad permitió que inversionistas extranjeros se fijaran en El Salvador y que ahora estén haciendo negocios con el país”.
Centroamérica
Violencia pandillera en Guatemala expone fallas de seguridad y presunto entramado político-criminal
La reciente escalada de violencia protagonizada por pandillas en Guatemala dejó en evidencia no solo las debilidades del aparato de seguridad del Estado, sino también un presunto complot político-criminal destinado a proteger alianzas entre sectores del poder y estructuras delictivas.
El asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil durante el fin de semana —en represalia por la ocupación de tres centros penitenciarios donde pandilleros tomaron a decenas de rehenes— llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, una medida de excepción solo superada por el estado de guerra.
El exfiscal especializado en pandillas Juan Francisco Solórzano aseguró que existe “cero control” sobre el sistema penitenciario y cuestionó la falta de anticipación por parte de los servicios de inteligencia. “Estos ataques debieron haberse previsto”, afirmó durante una entrevista en el programa de análisis político TanGente Podcast, transmitido por plataformas digitales.
En la misma línea, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval sostuvo que la ofensiva criminal no es producto del azar. “No es fortuita, obedece a operaciones deliberadas impulsadas por redes político-criminales”, escribió en la red social X. Sandoval se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2021, tras su destitución.
El exfuncionario fue removido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una abierta confrontación con el presidente Arévalo y ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de encubrir actos de corrupción.
Porras ha sido señalada de forma reiterada por el gobierno y organizaciones no gubernamentales como parte de una estructura que presuntamente protege a grupos criminales. De acuerdo con la ley, deberá ser sustituida en mayo por el mandatario. En 2023, la fiscal intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo mediante maniobras legales.
Centroamérica
Alias “Dark” asegura que fuga de 20 reos fue coordinada con altos mandos del Estado
Milton Najarro, alias “Dark”, aseguró ante un tribunal que su fuga de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida junto a otros 19 reclusos, fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes —según su versión— facilitaron uniformes oficiales y patrullas para concretar la evasión.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración, afirmó que los privados de libertad abandonaron el centro penitenciario vestidos como agentes policiales y a bordo de vehículos oficiales, como parte de un supuesto acuerdo con altos mandos del Estado.
De acuerdo con su testimonio, el pacto habría tenido como objetivo garantizar “tranquilidad en el país”, aunque no ofreció detalles concretos sobre las condiciones del acuerdo ni sobre los beneficios económicos que, asegura, fueron entregados.
Najarro señaló directamente al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, y al director de la PNC, David Boteo, como los responsables de coordinar la fuga. No obstante, no presentó pruebas que respalden sus señalamientos ni precisó los montos del presunto soborno.
La evasión de Fraijanes 2 fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. El imputado permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.
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