Centroamérica

Denuncian hambre y desplazamientos forzosos de indígenas en zona caribe de Nicaragua

Hambre, prostitución, muerte y desplazamientos forzosos ha causado la “colonización” en tierras indígenas de Nicaragua denunciaron ayer defensores de los derechos humanos. Los señalamientos tuvieron lugar durante el desarrollo de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulada “Impacto de la colonización de los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”.

“Cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo, muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso para llevar comida”, dijo el activista Juan Carlos Ocampo, de origen miskito.

Por otro lado, la defensora Lottie Cunningham, Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award indicó que la “colonización” ha dejado al menos 49 indígenas fallecidos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos, y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La defensora sostuvo en alertar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el país centroamericano no ha ejecutado acciones concretas para detener los desplazamientos forzosos y para evitar que pueblos indígenas continúen perdiendo sus territorios.

Dicha afirmación fue rechazada por la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales quien aseguró que su Gobierno sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas, como el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, entre otras.

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Previamente el gobierno de Nicaragua ya ha sido señalado de “sistemáticas” violaciones contra los derechos humanos, que aparentemente se acentuaron durante las revueltas callejeras antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Centroamérica

Más de 100,000 elementos serán desplegados en Plan Verano 2026 por Semana Santa

A las puertas de la Semana Santa, el Gobierno de El Salvador desplegará más de 100,000 profesionales como parte del Plan Verano 2026, informó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

El operativo contempla la presencia de personal en playas, parques recreativos, carreteras, centros de salud, así como en actividades religiosas y eventos de alta concentración de personas.

“Con el objetivo de brindar atención oportuna a todas las personas, tanto salvadoreños como extranjeros, estamos lanzando este día el Plan Verano, que es un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, afirmó Amaya.

El funcionario detalló que el plan priorizará escenarios vinculados a la Semana Santa, especialmente en ciudades con alta tradición religiosa como Sonsonate, San Miguel, San Vicente y San Salvador.

En cuanto a la seguridad en destinos turísticos, se desplegarán equipos de la Unidad de Guardavidas en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos. En total, se habilitarán cerca de 180 puntos de monitoreo con 342 especialistas.

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Además, se implementarán controles vehiculares para reducir la siniestralidad vial durante el periodo vacacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional permanecerá activo desde este viernes hasta el 6 de abril, coordinando la respuesta interinstitucional y la toma de decisiones operativas.

Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.