El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, informó que el pasado 12 de octubre se escaparon 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 —considerada organización terrorista por Estados Unidos y Guatemala— de la cárcel Fraijanes II, ubicada cerca de la capital, en circunstancias aún no esclarecidas.

En respuesta a la fuga, las autoridades guatemaltecas detuvieron el sábado a 23 policías penitenciarios de la misma prisión, tras una requisa realizada por la policía y fiscales, según informó la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.

Todos los agentes están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.

El incidente generó una crisis de seguridad en el país y llevó al presidente Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad, en un intento por controlar la situación y reforzar el sistema penitenciario.

El pasado viernes 24 de octubre, Guatemala vivió una jornada marcada por la violencia, que dejó un total de 20 personas fallecidas en distintos puntos del país, según reportó el medio local Nuestro Diario.

Entre los incidentes más graves, las autoridades localizaron ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en una carretera de un poblado al este de la capital. Tras este hallazgo, cuatro pandilleros fueron recapturados en relación con el crimen.

Ese mismo día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de una pareja de sicarios acusada de haber atacado a tiros a una mujer en el mercado de Brisas, San Pedro Ayampuc. La víctima falleció debido a las lesiones sufridas.

Estos hechos reflejan la gravedad de la situación de inseguridad que atraviesa Guatemala.

Los crímenes coincidieron con el primer día en funciones del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien asumió el cargo en medio de crecientes tensiones por la violencia que afecta al país.

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CEL

El Congreso de Guatemala aprobó la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, normativa que califica como terroristas a los miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, permite la construcción de una cárcel de máxima seguridad y endurece las penas por delitos de extorsión, usura y reclutamiento de menores.

«Para nadie es un secreto que las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares. Por ello, este Congreso ha dicho basta ya», afirmó el presidente del Legislativo, Nery Ramos, tras la aprobación de la ley con 145 votos a favor. Según el diputado, más del 90 % de las extorsiones y el 70 % de los delitos contra la vida en el país son cometidos por estas estructuras criminales.

La nueva legislación reconoce a la MS-13 y al Barrio 18 como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. Asimismo, establece penas de 14 a 18 años de prisión y multas para quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para actividades delictivas, y aumenta hasta 18 años de cárcel la pena por extorsión, que anteriormente era de seis años.