El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ha designado un perito permanente en el proceso penal dirigido contra el empresario de microbuses, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, quien enfrenta acusaciones de presentar documentación falsa para obtener un crédito de más de $2 millones.

«La jueza informó sobre los puntos de pericia y explicó los detalles sobre el procedimiento a seguir en este caso», afirmó el fiscal a cargo.

Con la designación del experto, la Fiscalía busca demostrar que las empresas de Catalino Miranda no cumplían con los requisitos financieros para acceder a dicho crédito y que la documentación presentada fue alterada.

«Este caso involucra la presunta presentación de documentación falsa por parte de Catalino Miranda en la solicitud de un crédito por más de $2 millones», agregó el fiscal.

Según las investigaciones, el acusado habría cometido el delito de falsedad ideológica en diciembre de 2020, en un presunto caso de concurso real. La audiencia preliminar contra Miranda está programada para finales de octubre de este año.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos contra José Eduardo Lozano Díaz y Carlos Eduardo Lozano Benavides por su presunta participación en un esquema de estafa y venta ilegal de vehículos. Según la FGR, los acusados habrían defraudado a 24 personas mediante el uso de documentos falsificados y la comercialización irregular de 14 vehículos alquilados.

Los delitos imputados incluyen estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida de vehículos, entre otros. Según las investigaciones, los acusados alquilaban vehículos y luego los vendían utilizando firmas y sellos notariales falsos, operando en San Salvador y San Miguel durante finales de 2022 e inicios de 2023.

El «modus operandi» de los acusados consistía en publicar los vehículos en plataformas digitales y ofrecerlos a través de intermediarios a precios por debajo del valor de mercado, lo que facilitaba su rápida venta.

Como resultado de estas actividades fraudulentas, 24 personas resultaron perjudicadas, con pérdidas que ascienden a un total de $154,700 entre estafas y apropiaciones indebidas, según lo indicado por la FGR en su cuenta oficial en una red social.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, reveló en una entrevista reciente en el programa «Las Cosas como Son» que hasta el 14 de abril pasado, el 96.1 % del personal que trabajó de manera temporal en las elecciones del 4 de febrero y 3 de marzo había recibido su remuneración.

«Para el 14 de abril, ya habíamos efectuado pagos al 96.1 % del personal. Posteriormente, ampliamos el plazo para que aquellos que no habían cobrado pudieran hacerlo. Originalmente, alrededor de 3,000 personas no habían recibido su pago, pero con esta prórroga esperamos completar los detalles de quienes ya han cobrado», detalló.

A pesar de que el plazo inicial para finalizar los pagos temporales fue el 15 de abril, el TSE anunció una extensión del periodo del 18 al 24 de abril debido a la complejidad del proceso.

Los magistrados electorales también informaron que están elaborando un informe para determinar el porcentaje de pagos realizados durante el último periodo.

«Hablamos con el director financiero y nos aseguró que estamos cerca de completar los pagos a todo el personal que trabajó en los organismos electorales temporales. Aunque estos procesos son complejos, creemos que hemos superado la mayoría de las dificultades», explicó el magistrado Noel Orellana.

Wellman también mencionó que una de las dificultades en el proceso de pago fue la falta de datos de los ciudadanos que participaron en las elecciones, ya que hubo personas que abandonaron las Juntas Receptoras de Votos (JRV). «Hemos tenido que recopilar actas y elaborar una base de datos para contactar y pagar a estos trabajadores», añadió.