El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó nuevamente el papel de organizaciones defensoras de derechos humanos, al referirse al caso de una joven española que será sometida a eutanasia este jueves.

A través de la red social X, el mandatario expuso el caso de Noelia Castillo, una mujer de 25 años originaria de Barcelona, quien recibirá el procedimiento tras un proceso judicial en ese país.

Bukele afirmó que este caso refleja, a su juicio, el resultado de las posturas impulsadas por ciertas organizaciones de derechos humanos, y reiteró que en El Salvador no se adoptarán criterios similares, pese a las críticas que dichas entidades han realizado sobre las políticas de seguridad del Gobierno.

El presidente ha sostenido en reiteradas ocasiones que los señalamientos por supuestas vulneraciones a derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción, priorizan a los victimarios por encima de las víctimas.

El caso de Castillo fue analizado en distintos tribunales españoles, que autorizaron la eutanasia tras considerar su situación médica. La joven quedó parapléjica luego de un intento fallido de suicidio, vinculado —según su testimonio— a un cuadro de depresión tras haber sido víctima de una agresión sexual en 2022.

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En declaraciones al programa televisivo «Y ahora Sonsoles», de Antena 3, la joven expresó su decisión y el impacto que esta tendría en su entorno familiar.

En ese contexto, Bukele reiteró sus críticas hacia organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de no priorizar la protección de las víctimas. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el enfoque de estas entidades y su rol en temas de seguridad y políticas públicas, tanto en El Salvador como a nivel internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó un 94 % de aprobación ciudadana, según el más reciente estudio de opinión pública elaborado por CID Gallup.

De acuerdo con la firma, este resultado representa el nivel más alto de respaldo desde el inicio de la actual administración, en un período previo a la Semana Santa.

El mandatario reaccionó a los resultados a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el respaldo ciudadano. “94 %. El nivel más alto de aprobación desde el inicio de nuestro Gobierno. Gracias a Dios”, publicó.

El sondeo fue realizado entre el 15 y el 21 de marzo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 1,200 salvadoreños. Según el informe, la alta aprobación responde principalmente a la percepción positiva sobre la gestión en áreas como seguridad y educación.

En particular, el estudio señala que el manejo de la seguridad pública es uno de los aspectos mejor valorados por la población, con un 95 % de aceptación, atribuido en gran medida a las acciones implementadas para combatir la criminalidad.

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Además, los encuestados destacaron la generación de condiciones de seguridad jurídica para la inversión y los negocios como otro factor relevante en la evaluación del Gobierno.

En paralelo, la Asamblea Legislativa de El Salvador podría ratificar una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para establecer la pena perpetua en casos de delitos graves, como asesinatos, violaciones y crímenes vinculados a pandillas, como parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad en el país.