El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa golpeando al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta semana se ordenara la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La investigación, que se inició en 2024, destapó una presunta red de compra de votos en el Congreso a cambio de contratos públicos gestionados desde la UNGRD. El caso involucra a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.

Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de mayor rango del Gobierno de Petro que enfrentan cárcel por este escándalo. Ambos son señalados por la Fiscalía de liderar una supuesta “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 163 millones de dólares) para asegurar apoyos legislativos mediante el pago a congresistas.

La medida de aseguramiento fue dictada mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a inicios de este mes.

En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla el jueves y aseguró que, según su “conciencia”, el exministro es inocente.

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“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en la red social X, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su reclusión preventiva.

En el mismo mensaje, Petro sostuvo que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, y atribuyó su situación judicial a una supuesta “ingenuidad” por haber buscado apoyos en sectores opositores vinculados al uribismo durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no descarta una guerra con Venezuela, en medio del aumento de la presión militar y económica contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico.

«No lo descarto, no», declaró el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News, tras meses de operaciones estadounidenses que han incluido la destrucción de embarcaciones presuntamente cargadas con droga cerca de territorio venezolano.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de que las autoridades estadounidenses incautaran un buque cargado con crudo cerca de las costas del país suramericano.

Con estas acciones, Washington incrementó la presión sobre el Gobierno venezolano, al que acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, acusación que Caracas rechaza. La estrategia se suma a meses de bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Durante la entrevista, Trump adelantó que habrá más incautaciones de petróleo y, al ser consultado sobre un posible cronograma, respondió: «Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos».

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El presidente evitó confirmar si su objetivo final es derrocar a Maduro. «Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie», afirmó Trump, quien sostuvo una llamada telefónica con el líder venezolano en noviembre.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que “pronto” comenzarán ataques contra presuntos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. Su declaración sobre una eventual guerra representa un cambio significativo, ya que durante su campaña se manifestó en contra de involucrar a Estados Unidos en conflictos extranjeros.

El mandatario ha recibido críticas de sectores de su base política por priorizar la política exterior sobre asuntos internos, como el aumento del costo de la vida. De acuerdo con la legislación estadounidense, solo el Congreso puede autorizar formalmente una declaración de guerra, y el Partido Demócrata insiste en que Trump necesita la aprobación del Legislativo incluso para los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reconoció una drástica reducción en los cruces irregulares de migrantes salvadoreños en los sectores de San Diego, California, y Tucson, Arizona, un comportamiento que las autoridades atribuyen a los cambios en materia de seguridad implementados en El Salvador.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras México y Guatemala continúan encabezando la lista de países con más detenciones, El Salvador registra una tendencia a la bajay ha quedado fuera del grupo de naciones con mayor número de encuentros.

En el sector de Tucson, donde la frontera colinda con el estado de Sonora, México, se contabilizaron 12 salvadoreños detenidos durante el año fiscal 2026, que abarca del 1.º de octubre al 30 de noviembre de 2025. La cifra representa una disminución del 95 % en comparación con el mismo período del año fiscal 2025, cuando se registraron 264 arrestos por ingreso irregular.

«Los números de cruces irregulares han bajado drásticamente, especialmente de la población salvadoreña; estos números son muy bajos», afirmó el agente de la Patrulla Fronteriza del sector de Tucson, J. Ortiz.

Una tendencia similar se observa en el sector de San Diego, que conecta con Tijuana, México. En esa zona, las aprehensiones de salvadoreños durante el año fiscal 2026 se redujeron en un 98 %, al pasar de 1,154 encuentros en el año fiscal 2025 a 21 detenciones en el período más reciente.

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Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente Donald Trump reiteró su postura de mantener una frontera cerrada al ingreso irregular, y ha señalado a El Salvador como un socio clave para avanzar en ese objetivo.

En abril, Trump recibió en Estados Unidos al presidente Nayib Bukele, a quien agradeció el trabajo de su Gobierno tanto en la reducción de la migración irregular como en el combate a las pandillas.

Por su parte, el consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Sean McIntosh, aseguró que la relación bilateral atraviesa un buen momento. «Vamos a continuar nuestra relación; nuestros países tienen un interés mutuo en la prosperidad y la seguridad», declaró a medios salvadoreños durante una gira por las zonas fronterizas de San Diego y Tucson.