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Brazil in ‘humanitarian catastrophe’ due to Covid: MSF
AFP/Editor
Brazil’s «failed» response to Covid-19 has driven the country to a «humanitarian catastrophe,» Doctors Without Borders said Thursday, accusing President Jair Bolsonaro’s government of making the health crisis even worse.
«The lack of political will to adequately respond to the pandemic is killing Brazilians in their thousands,» the humanitarian group said in a statement.
The statement underlined the deadly surge of Covid-19 that has made Brazil the current epicenter of the pandemic.
Last week, the country of 212 million people accounted for 11 percent of infections and 26.2 percent of deaths from Covid-19 worldwide, the group said. In all, the disease has claimed more than 360,000 lives in Brazil, second only to the United States.
«These staggering figures are clear evidence of the authorities’ failure to manage the health and humanitarian crises in the country and protect Brazilians, especially the most vulnerable,» it said.
Bolsonaro has long downplayed the pandemic and defied expert advice on measures to contain it, leaving state and local authorities to implement a messy patchwork of response measures.
Doctors Without Borders said the lack of an «effective, centralized and coordinated» response was exacerbating the crisis.
«Public health measures have become a political battlefield in Brazil,» said Christos Christou, president of the group, which is sometimes referred to with its French acronym MSF.
«As a result, science-based policies are associated with political opinions, rather than the need to protect individuals and their communities.»
The statement came two days after the Brazilian Senate launched an investigative committee into Bolsonaro’s handling of the pandemic.
Doctors Without Borders condemned the lack of masks and social distancing in Brazil, which have been «shunned and politicized» even as Bolsonaro and his allies tout medications such as anti-malaria drug hydroxychloroquine, despite studies documenting their ineffectiveness against Covid-19.
«Fuelling sickness and death in Brazil is the overwhelming amount of disinformation,» it said.
It also condemned the country’s «half-speed» vaccination campaign.
The organization, which has operated in Brazil since 1991, has deployed medical teams in eight of Brazil’s 27 states to respond to the pandemic.
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Olvidar el miedo: el peligroso viaje a pie de migrantes sin visa hacia el Darién y EEUU
AFP
Unos 40 migrantes avanzan en grupo hacia un paso ilegal en la frontera de Venezuela con Colombia, primera escala de un viaje sin visa hacia Estados Unidos en una odisea a pie que incluirá al peligroso Tapón del Darién.
«El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida», dice a la AFP Eiden Serrada, un joven de 18 años en el pelotón, consciente de casos de muertes, desapariciones y abusos en el pasaje selvático de 266 km entre Colombia y Panamá, cada vez más atractivo para los venezolanos.
Este cruce, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), fue atravesado por unos 28 mil venezolanos en el primer semestre de 2022, salto gigantesco en comparación con los poco más de 2,800 que lo hicieron en 2021.
Cerca de la trocha, como llaman en la zona a los senderos limítrofes ilegales, Venezuela y Colombia reabrían la frontera a vehículos de carga tras restablecer relaciones diplomáticas.
Pero nada cambia para los caminantes.
Un registro del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (Odisef) estima que apenas el 1 % tiene pasaporte, documento que cuesta 200 dólares, así que no pueden emplear cruces formales.
Más de seis millones de venezolanos han migrado desde 2015 por una crisis económica sin precedentes, calcula la ONU, aunque el gobierno de Nicolás Maduro desestima ese número.
El fenómeno de los migrantes a pie surgió con fuerza en 2017, con rutas a otros países de América Latina en principio, pero Estados Unidos ha pasado a ser destino cotizado.
Los venezolanos, de hecho, quedaron atrapados en la batalla política en ese país, con gobernadores republicanos enviando a miles de migrantes a bastiones demócratas para protestar contra la política del presidente Joe Biden, acusado de haber convertido a la frontera en un colador sin control.
«Mami, me voy a Estados Unidos»
De «un día para otro», Jonathan Gil empezó a caminar.
«Necesitaba comprarle comida a mi mamá y como no me vi con plata, me sentí mal, y le dije: ‘Mami, yo me voy a Estados Unidos y cuando esté allá le mando todo lo que necesite’», relata a la AFP este exmilitar de 24 años, en la carretera hacia la fronteriza población de San Antonio (estado Táchira).
Jonathan salió seis días antes a pie desde El Tocuyo, un pueblo a unos 600 km, con su pareja, un amigo y un chico de 15 años. Andan en chancletas, con pequeños morrales, y llevan un perro.
Horas después paran en un albergue de migrantes en San Antonio, administrado por la católica Diócesis de San Cristóbal y la OIM en un proyecto nacido en 2018. Allí tienen comida y cama… al menos una noche.
Con 19 literas y dos corralitos para bebés, el refugio recibe a los migrantes, a quienes dan pastillas potabilizadoras, jabón, protector solar y otros artículos que les ayudarán en la ruta; charlas sobre mecanismos de protección y organizaciones internacionales que pueden asistirles; y asesoría legal.
«¡Ayúdennos para comer! ¡Somos caminantes!», grita al día siguiente un hombre en las calles de San Antonio con su niña de un año en brazos. Su familia es el primero de cuatro grupos, todos con menores, que llegan a este albergue esa mañana.
Negocios en esta población de 60 mil habitantes ofrecen baños y duchas por cuatro mil pesos colombianos (un dólar), pues el depreciado bolívar venezolano prácticamente desapareció en la frontera. Por el terminal de buses se mueven diariamente viajeros que inician su travesía a pie al extranjero o vuelven, también caminando, a Venezuela.
Ida y vuelta
Un millar de migrantes pasa por el albergue cada mes, dice a la AFP Cristhian Pastrán, vocero de la diócesis, quien destaca que el flujo aumenta y muta: «ya no es solo de ida, sino también de vuelta».
El 58 % de los grupos de caminantes que contabilizó Odisef entre junio y agosto salían y el 42 % entraban a un país cuya economía ganó oxígeno tras la flexibilización de asfixiantes controles.
Casi la mitad de estos migrantes eran niños y adolescentes, muy vulnerables al tráfico humano.
Carteles y folletos advierten de ese peligro en el refugio.
La diócesis tiene otro albergue -focalizado en víctimas de trata o abusos sexuales- y siete puntos móviles de asistencia. Hasta 10.000 personas, apunta Pastrán, han sido atendidas en un mes por toda la red.
Belén González, de 25 años, llega al albergue de San Antonio con su niña y su esposo, en su retorno al país a pie tras migrar a Ecuador en 2020. Su marido quedó desempleado.
«No teníamos para el arriendo y nos sacaron a la calle», cuenta.
En una ruta sin fin, retornados como Belén contemplan volver a migrar sin visa, ahora con el Darién en el horizonte. «No sabemos si nos vamos a ir otra vez. Pensamos en Estados Unidos».
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Justicia de EEUU condena a 16 meses de cárcel a excapo del fútbol salvadoreño Reynaldo Vásquez
AFP
La justicia estadounidense condenó este jueves al expresidente de la Federación de Fútbol salvadoreña, Reynaldo Vásquez, a 16 meses de cárcel por aceptar decenas de miles de dólares en sobornos a cambio de derechos televisivos de la selección de ese país.
Según el tribunal de Brooklyn, donde fue juzgado por la instructora del megaescándalo de corrupción de la FIFA, la jueza Pamela Chen, Vásquez recibió junto a otros responsables del fútbol salvadoreño 350.000 dólares de una empresa estadounidense a cambio de la venta de los derechos de transmisión de los partidos de clasificación y amistosos de la selección nacional de cara al Mundial de Rusia-2018.
En agosto del pasado año, Vásquez, de 66 años, se declaró culpable de conspiración de crimen organizado y acordó devolver 360.000 dólares al gobierno.
En enero de 2021 había sido extraditado a Estados Unidos, que desde 2015 lo acusaba de violar la ley sobre organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (RICO por sus siglas en inglés), creada para combatir el crimen organizado, así como de varios delitos de fraude bancario y lavado de dinero.
Sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos solo para ser juzgado por el primer delito de crimen organizado, precisó la fiscalía cuando llegó al país.
«Muy avergonzado»
En la audiencia celebrada este jueves, el excapo del fútbol salvadoreño le dijo a la jueza Chan que se sentía «muy avergonzado» de su conducta.
Vásquez, que presidió la máxima instancia del fútbol salvadoreño de 2009 a 2011, podría quedar libre rápidamente dado el tiempo que ha estado encarcelado en El Salvador.
Según la justicia estadounidense, Vásquez y sus compinches que participaron en el esquema corrupto, solicitaron y recibieron sobornos y comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de lucrativos contratos de medios de comunicación y marketing.
Según la justicia estadounidense, Vásquez recibió en 2012 una parte de los 350.000 dólares que fueron transferidos desde la cuenta bancaria de una empresa de marketing deportivo en Estados Unidos por los partidos de clasificación de la selección para Rusia-2018.
«En 2014 y 2015, Vásquez y otras personas acordaron recibir decenas de miles de dólares en sobornos en relación con la participación de la selección nacional salvadoreña en partidos amistosos que se jugarían en Estados Unidos», señala la justicia estadounidense.
La FIFA suspendió de por vida en octubre de 2019 a Vásquez de realizar cualquier actividad ligada al fútbol y le impuso una multa de 522.000 dólares.
En marzo de 2017, el dirigente fue condenado a ocho años de prisión en El Salvador por malversación de cotizaciones sociales de más de 200 empleados, por un monto cercano a 400.000 dólares.
El escándalo conocido como FIFAgate destapado por Estados Unidos en mayo de 2015 dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol de las Américas a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores.
En el marco del caso, que provocó la caída del jefe del organismo, Joseph Blatter, el gobierno estadounidense ha acusado a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos.
De los cerca de 45 acusados, un total de 26 se declararon culpables, y de ellos al menos seis han sido sentenciados.
Otros tres se declararon inocentes y fueron a un histórico juicio en Nueva York a fines de 2017: el exjefe del fútbol brasileño José Marin y el expresidente del fútbol paraguayo y de la Conmebol Juan Ángel Napout fueron hallados culpables y encarcelados, mientras el exjefe del fútbol peruano Manuel Burga fue absuelto.
Una decena aún están en sus países, donde fueron procesados por la justicia local o están en libertad mientras combaten la extradición.
Internacionales
Imputan con prisión preventiva al jefe de custodia del presidente uruguayo
AFP
El jefe de la seguridad personal del presidente de Uruguay fue imputado con 30 días de prisión preventiva este martes en el marco de una investigación sobre una red de ciudadanos uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de documentos.
Alejandro Astesiano, de 48 años, expolicía y quien trabaja con la familia Lacalle desde más de dos décadas, fue formalizado por «la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor (…), asociación para delinquir y tráfico de influencias», informó la Fiscalía.
El custodio había sido detenido el domingo en la residencia presidencial por orden de la fiscal Gabriela Fossati, quien lleva adelante la investigación de un caso que se avizora, indicó, «largo y complejo».
La investigación comenzó dos años atrás, cuando llamó la atención una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos, lo que los habilitaba a obtener pasaportes del país sudamericano.
«Adulteraban partidas rusas originales, inscribiéndose como hijos naturales de un ciudadano uruguayo», indicó Fiscalía, aclarando que todavía no se ha podido conocer si esta actividad se realizaba en Uruguay o en el extranjero.
La fiscal aseguró que «se ha reunido evidencia de alta calidad que permite conectar» a Astesiano con el grupo «por lo menos a partir del 30 de agosto de 2021».
La causa ya imputó a otros tres individuos, un uruguayo y dos rusos.
Astesiano acumula desde 2002 más de 25 indagatorias por hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Se trata de «anotaciones» policiales, ya que en ningún caso se probó delito, por lo que técnicamente no tiene antecedentes penales, algo que Lacalle Pou remarcó el lunes en conferencia de prensa.
El custodio fue procesado sin prisión por estafa en 2002, pero de acuerdo a la legislación uruguaya luego de cinco años de cometido el delito, si no hay reincidencia, el legajo queda limpio.
El mandatario contó que conoció a Astesiano durante una campaña electoral en 1999, y que luego trabajó en campañas para su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, y para su propio equipo en 2004, 2009 y 2014. Trabaja como su jefe de custodia desde 2019.
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