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Centroamérica

Capturan en Guatemala al «Diablo», presunto narco pedido en extradición por EEUU

AFP/Redacción

Un presunto narcotraficante guatemalteco reclamado en extradición por Estados Unidos, donde se le acusa de exportar cargamentos de cocaína desde Sudamérica, fue capturado este sábado por las autoridades, informó la Fiscalía del país centroamericano.

El Ministerio Público (Fiscalía) coordinó con la policía la aprehensión con fines de extradición de Juan Carlos Chacón Alvarado, conocido también como «El Diablo» o «Mister 305», indicó a los a periodistas Juan Luís Pantaleón, jefe de información y prensa de la institución. Al mismo tiempo, precisó que Chacón Alvarado es requerido para comparecer en una corte de Texas por los delitos de conspiración para el envío ilegal de cocaína hacia Estados Unidos, así como de manufacturar y distribuir la misma droga para exportarla ilícitamente a ese país.

La investigación identificó «una organización de tráfico de drogas a gran escala» que opera desde el sur hasta el norte del continente americano, afirmó. Durante las pesquisas se determinó que Chacón Alvarado fue el responsable del «transporte, dirección, manejo y supervisión de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala», aseveró.

El detenido cuenta también con una orden de aprehensión vigente en Guatemala por los delitos de almacenamiento, tráfico y comercio ilícito de drogas y conspiración para asesinato.

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Según las autoridades, grandes carteles internacionales, con la ayuda de narcotraficantes locales, utilizan a Guatemala y al resto de Centroamérica para transportar droga y blanquear dinero, actividades que inciden en la violencia criminal que azota la región.

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Centroamérica

El Salvador sube seis puestos en el Índice Global de Poder Blando y se ubica en la posición 76

El Salvador avanzó seis posiciones en el Índice Global de Poder Blando 2026, elaborado por la consultora internacional Brand Finance, y se ubicó en el puesto 76 entre los 193 países evaluados, todos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El estudio se basa en la opinión de más de 150.000 personas de 100 países y mide el desempeño de las naciones en áreas como turismo, cultura, gobernanza y relaciones exteriores. El objetivo es evaluar la influencia que los países ejercen a nivel internacional a través de mecanismos no coercitivos como la atracción, la inspiración y la persuasión, conocidos como “poder blando”.

El concepto, acuñado en la década de 1990 por el politólogo estadounidense Joseph Nye, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la ampliación de las categorías utilizadas para medir las capacidades y el posicionamiento internacional de los Estados.

De acuerdo con el informe, disponible en el sitio web de Brand Finance, “el reconocimiento internacional actual de El Salvador es producto de un proceso deliberado de transformación estructural”.

El país fue incluido por primera vez en este ranking en 2024, cuando ocupó la posición 117. En 2025 registró el mayor avance a nivel global, al escalar 32 puestos hasta situarse en el lugar 82. En un período de tres años, El Salvador ha mejorado un total de 41 posiciones.

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Para el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez, estos resultados reflejan un crecimiento “sostenido” del país. A su juicio, “el principal elemento que ha viabilizado el desarrollo en todas las áreas es la seguridad, lo que ha generado un efecto cascada o dominó”.

El reporte 2026 de Brand Finance señala que la mejora en la reputación internacional de El Salvador incide directamente en la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del sector turístico, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la profundización de alianzas estratégicas.

En esa línea, Rodríguez sostiene que “la seguridad permitió que inversionistas extranjeros se fijaran en El Salvador y que ahora estén haciendo negocios con el país”.

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Centroamérica

Violencia pandillera en Guatemala expone fallas de seguridad y presunto entramado político-criminal

La reciente escalada de violencia protagonizada por pandillas en Guatemala dejó en evidencia no solo las debilidades del aparato de seguridad del Estado, sino también un presunto complot político-criminal destinado a proteger alianzas entre sectores del poder y estructuras delictivas.

El asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil durante el fin de semana —en represalia por la ocupación de tres centros penitenciarios donde pandilleros tomaron a decenas de rehenes— llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, una medida de excepción solo superada por el estado de guerra.

El exfiscal especializado en pandillas Juan Francisco Solórzano aseguró que existe “cero control” sobre el sistema penitenciario y cuestionó la falta de anticipación por parte de los servicios de inteligencia. “Estos ataques debieron haberse previsto”, afirmó durante una entrevista en el programa de análisis político TanGente Podcast, transmitido por plataformas digitales.

En la misma línea, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval sostuvo que la ofensiva criminal no es producto del azar. “No es fortuita, obedece a operaciones deliberadas impulsadas por redes político-criminales”, escribió en la red social X. Sandoval se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2021, tras su destitución.

El exfuncionario fue removido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una abierta confrontación con el presidente Arévalo y ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de encubrir actos de corrupción.

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Porras ha sido señalada de forma reiterada por el gobierno y organizaciones no gubernamentales como parte de una estructura que presuntamente protege a grupos criminales. De acuerdo con la ley, deberá ser sustituida en mayo por el mandatario. En 2023, la fiscal intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo mediante maniobras legales.

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Centroamérica

Alias “Dark” asegura que fuga de 20 reos fue coordinada con altos mandos del Estado

Milton Najarro, alias “Dark”, aseguró ante un tribunal que su fuga de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida junto a otros 19 reclusos, fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes —según su versión— facilitaron uniformes oficiales y patrullas para concretar la evasión.

Durante una audiencia realizada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración, afirmó que los privados de libertad abandonaron el centro penitenciario vestidos como agentes policiales y a bordo de vehículos oficiales, como parte de un supuesto acuerdo con altos mandos del Estado.

De acuerdo con su testimonio, el pacto habría tenido como objetivo garantizar “tranquilidad en el país”, aunque no ofreció detalles concretos sobre las condiciones del acuerdo ni sobre los beneficios económicos que, asegura, fueron entregados.

Najarro señaló directamente al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, y al director de la PNC, David Boteo, como los responsables de coordinar la fuga. No obstante, no presentó pruebas que respalden sus señalamientos ni precisó los montos del presunto soborno.

La evasión de Fraijanes 2 fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. El imputado permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.

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