México enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente en materia de seguridad, justo cuando se prepara para ser sede del Mundial 2026 de la FIFA junto a Estados Unidos y Canadá.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el país registra más de 91,000 delitos diarios, una cifra que alimenta la percepción internacional de inseguridad y violencia que desde hace años acompaña su imagen.

El Mundial, que iniciará el 11 de junio de 2026 con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, repartirá 13 partidosentre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y se espera la llegada de más de nueve millones de visitantes nacionales e internacionales durante el evento.

Ante este panorama, garantizar la seguridad de los asistentes y de la operación logística se ha convertido en una prioridad nacional. La colaboración entre entidades públicas y privadas será clave para cumplir con los estándares internacionales que exige un evento de esta magnitud.

“El máximo reto es posicionar el nombre de México en lo alto. Todos los que participamos en la operación de seguridad debemos demostrar que somos un país listo, preparado y capaz de recibir este tipo de macroeventos”, señaló Ynbal Adda, gerente general de Grupo Elim, empresa mexicana de seguridad privada con más de 40 años de experiencia.

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CEL

Adda subrayó que el Mundial representa una oportunidad para consolidar la reputación de México como anfitrión confiable y potenciar su desarrollo económico y social.

“Esto servirá para abrir camino a futuros eventos deportivos, culturales y económicos, generando más empleo y capital. Lo que menos queremos es que el mundo piense que no estamos preparados”, afirmó.

El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este domingo que autoridades le impidieron llegar a Isnotú, en el estado Trujillo, donde tenía previsto presidir una misa en conmemoración del natalicio de José Gregorio Hernández, el primer santo de Venezuela. El hecho fue calificado por el prelado como un “atropello” y generó críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Porras relató que viajaba en un vuelo privado con cuatro acompañantes, pero tras ser desviados al aeropuerto de Barquisimeto (estado Lara), fueron rodeados por militares armados, quienes impidieron su traslado terrestre hasta Isnotú. “No tuvimos ninguna agresión física, pero sí un silencio absoluto. Lo poco que escuchamos fue que eran órdenes superiores”, explicó el arzobispo emérito de Caracas en un video difundido en redes sociales.

El cardenal señaló que los pilotos recibieron la orden de desviarse supuestamente por “vientos fuertes” en el aeropuerto de Valera, Trujillo, pero luego confirmó que el aeropuerto permanecía operativo, lo que generó sospechas de que la medida habría sido una maniobra oficial para impedir su participación en el evento religioso. Porras calificó la situación como un atropello y cuestionó la legalidad del impedimento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la mayoría de las desapariciones en el país están vinculadas al crimen organizado, y no constituyen una práctica “generalizada y sistemática” del Estado, como señaló la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED).

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum indicó que los casos actuales difieren de los episodios de desapariciones forzadas con motivos políticos ocurridos en México en las décadas de 1960, 1970 y parte de los 1980. “No es la violencia del Estado, como fue en los 60, en los 70, incluso en una parte de los 80”, afirmó.

La mandataria destacó que las desapariciones de hoy no son responsabilidad del Estado, sino resultado de la actividad delictiva organizada, aunque reconoció la necesidad de seguir fortaleciendo la legislación y los mecanismos de protección: “Claro que hay que atenderlo, y por eso las modificaciones a las leyes que hicimos y todo lo que estamos trabajando para ese tema, pero es distinto”.

Estas declaraciones se producen después de que el CED activara un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de determinar si en México las desapariciones son generalizadas y/o sistemáticas. Sheinbaum enfatizó que México busca que los documentos de la ONU reflejen esta diferencia histórica y actual.