La reciente escalada de violencia protagonizada por pandillas en Guatemala dejó en evidencia no solo las debilidades del aparato de seguridad del Estado, sino también un presunto complot político-criminal destinado a proteger alianzas entre sectores del poder y estructuras delictivas.

El asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil durante el fin de semana —en represalia por la ocupación de tres centros penitenciarios donde pandilleros tomaron a decenas de rehenes— llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, una medida de excepción solo superada por el estado de guerra.

El exfiscal especializado en pandillas Juan Francisco Solórzano aseguró que existe “cero control” sobre el sistema penitenciario y cuestionó la falta de anticipación por parte de los servicios de inteligencia. “Estos ataques debieron haberse previsto”, afirmó durante una entrevista en el programa de análisis político TanGente Podcast, transmitido por plataformas digitales.

En la misma línea, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval sostuvo que la ofensiva criminal no es producto del azar. “No es fortuita, obedece a operaciones deliberadas impulsadas por redes político-criminales”, escribió en la red social X. Sandoval se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2021, tras su destitución.

El exfuncionario fue removido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una abierta confrontación con el presidente Arévalo y ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de encubrir actos de corrupción.

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Porras ha sido señalada de forma reiterada por el gobierno y organizaciones no gubernamentales como parte de una estructura que presuntamente protege a grupos criminales. De acuerdo con la ley, deberá ser sustituida en mayo por el mandatario. En 2023, la fiscal intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo mediante maniobras legales.

Milton Najarro, alias “Dark”, aseguró ante un tribunal que su fuga de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida junto a otros 19 reclusos, fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes —según su versión— facilitaron uniformes oficiales y patrullas para concretar la evasión.

Durante una audiencia realizada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración, afirmó que los privados de libertad abandonaron el centro penitenciario vestidos como agentes policiales y a bordo de vehículos oficiales, como parte de un supuesto acuerdo con altos mandos del Estado.

De acuerdo con su testimonio, el pacto habría tenido como objetivo garantizar “tranquilidad en el país”, aunque no ofreció detalles concretos sobre las condiciones del acuerdo ni sobre los beneficios económicos que, asegura, fueron entregados.

Najarro señaló directamente al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, y al director de la PNC, David Boteo, como los responsables de coordinar la fuga. No obstante, no presentó pruebas que respalden sus señalamientos ni precisó los montos del presunto soborno.

La evasión de Fraijanes 2 fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. El imputado permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.

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Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, asumirá el cargo el próximo 27 de enero en una ceremonia austeraque no contará con la presencia de presidentes ni jefes de Estado extranjeros, informó una fuente cercana al nuevo mandatario.

La investidura se llevará a cabo en el edificio del Congreso Nacional, en el centro histórico de Tegucigalpa, y no en el tradicional Estadio Nacional José de la Paz Herrera. De acuerdo con la fuente, al acto únicamente asistirán embajadores acreditados en el país y representantes de organismos internacionales.
“No se invitó a ningún mandatario”, precisó.

Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su intención de evitar gastos innecesarios durante su llegada al poder. Según la fuente, el presidente electo ha insistido en que la toma de posesión sea “sencilla y austera”.

En esa línea, una de las designadas presidenciales, María Antonieta Mejía, aseguró que Asfura “no es una persona suntuosa, ni le gustan los eventos protocolarios donde se incluyen recursos económicos”, por lo que prefiere destinar el presupuesto a “actividades que beneficien al pueblo hondureño”.

Asfura sucederá a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien asumió la presidencia el 27 de enero de 2022. Castro es esposa del expresidente Manuel Zelaya, su principal asesor político.

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Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre. Según el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), divulgado el 24 de diciembre, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtuvo el segundo lugar, mientras que Rixi Moncada, candidata de Libre, se ubicó en la tercera posición.