El candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, resaltó la reducción de la tasa de homicidios en El Salvador durante el actual Gobierno, al atribuir los resultados a la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Durante un debate transmitido en vivo de cara a la segunda vuelta electoral, Kast cuestionó la efectividad de las leyes aprobadas por el Congreso chileno para enfrentar la inseguridad. “Hoy en día Chile tiene más homicidios que los que tenía antes”, afirmó el aspirante presidencial, quien el próximo 14 de diciembre disputará el balotaje con la candidata de izquierda Jeannette Jara.

En ese momento, la moderadora del debate le señaló que se estaba abordando específicamente el tema de los femicidios y no el de los homicidios. Kast respondió que también han aumentado los femicidios y criticó la legislación vigente: “¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentaron los femicidios porque no consideraron nuestras opiniones, nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran”.

Luego, el candidato tomó como referencia el caso salvadoreño y preguntó: “¿Usted sabe cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de femicidios y disputas familiares? Casi cero”, se respondió.

De acuerdo con datos divulgados por el presidente Nayib Bukele, con base en registros del gabinete de seguridad, la tasa de homicidios en El Salvador cerró en 2024 con 1.9 por cada 100,000 habitantes.

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La moderadora expresó que desconocía si el modelo de seguridad salvadoreño era el más adecuado para ser analizado o aplicado en la realidad chilena. No obstante, Kast sostuvo que “el ejemplo de Bukele es el mejor para todos los chilenos” y aseguró que, si los ciudadanos pudieran elegirlo en las urnas, lo harían.

Según el Gobierno salvadoreño, la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción ha permitido no solo una reducción de homicidios, sino también de otros delitos como extorsiones y privaciones de libertad. Estas medidas, sin embargo, no cuentan con el respaldo de los partidos de oposición ARENA, FMLN y VAMOS.

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) reiteró este jueves que el proceso penal que enfrenta por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) responde a una “venganza” del correísmo, como represalia por haberse distanciado de ese proyecto político una vez que asumió la Presidencia. A su juicio, esa decisión evitó que “Ecuador se convierta en una dictadura perpetua y en otra Venezuela”.

Un juez deberá resolver el próximo lunes si Moreno es llamado a juicio dentro del denominado caso Sinohydro. La Fiscalía lo acusa de haber recibido, junto a miembros de su familia, más de un millón de dólares en sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro, encargada de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

En un video difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó que ha entregado todas las pruebas a la Fiscalía y negó haber recibido dinero ilícito. “No se ha podido probar que yo haya recibido un solo centavo”, declaró, al tiempo que defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, quienes figuran entre los acusados.

Moreno cuestionó además por qué no han sido incluidos en el proceso el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios. “¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glas”, manifestó.

Recordó que el proyecto fue inaugurado en noviembre de 2016 con la presencia de Correa y Glas, sin que en ese momento se haya realizado una revisión técnica adecuada. “De forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de dólares en garantías”, aseguró.

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Añadió que, ya como presidente, se detectaron más de 17.000 fisuras en la obra, razón por la cual se negó a recibir oficialmente el proyecto e inició un proceso de arbitraje internacional. Actualmente, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

La Fiscalía sostiene que los sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair ascienden presuntamente a más de 76 millones de dólares.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la creciente controversia en el Senado sobre la legalidad de las operaciones militares impulsadas por la Administración de Donald Trump contra este tipo de embarcaciones y sus tripulantes.

El ataque, que habría ocurrido este mismo jueves, fue confirmado por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en la red social X. La acción forma parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur” y, según reportaron las autoridades militares, dejó un saldo de cuatro personas muertas, descritas por el Ejército como “narcoterroristas”.

De acuerdo con la publicación oficial, la orden para ejecutar el ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo fuerte escrutinio mediático luego de que el diario The Washington Post revelara que en septiembre pasado fuerzas estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de una primera incursión.

Hasta el momento, el Ejército no ha proporcionado detalles sobre la organización criminal que supuestamente operaba la embarcación atacada en esta ocasión.

Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en una sesión a puerta cerrada, como parte de la investigación que analiza la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Trump.

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El mandatario estadounidense aseguró esta semana que su gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de neutralizar blancos vinculados al narcotráfico.

La ofensiva militar desplegada por Estados Unidos en zonas cercanas a Venezuela y Colombia ha dejado, según reportes, al menos 80 personas muertas y ha generado acciones legales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, destaca una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones.