El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, calificó este lunes de «lamentable» y preocupante la detención por parte del «régimen de Venezuela» de dos ciudadanos españoles y uno de la República Checa. Stano enfatizó que la responsabilidad de gestionar la situación recae sobre ambos países afectados.

Durante la conferencia de prensa diaria del Ejecutivo de la UE, Stano también expresó la solidaridad de la institución con España y la República Checa. Los seis detenidos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, enfrentan acusaciones de participar en una «operación mercenaria» destinada a desestabilizar Venezuela e intentar asesinar a altos funcionarios del país, incluido el presidente Nicolás Maduro.

El ministro del Interior de Venezuela y número dos de Maduro, Diosdado Cabello, ha afirmado que los ciudadanos españoles están vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Sin embargo, el Gobierno español ha rechazado estas acusaciones y niega cualquier implicación en actividades de desestabilización.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunirá este lunes para evaluar si abre una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades en la financiación que habrían superado los topes permitidos.

El Consejo, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso en representación de partidos políticos, necesita al menos seis votos para decidir abrir o archivar la investigación. Dos magistrados, incluyendo uno de un partido opositor, presentaron una ponencia alegando que la campaña de Petro habría violado los límites de financiación en aproximadamente 1,2 millones de dólares durante las dos vueltas presidenciales.

La posible investigación ha generado un debate sobre la competencia del Consejo para investigar al presidente, quien goza de un fuero especial. Petro ha denunciado que la investigación es un intento de «golpe de Estado a la colombiana» y que su objetivo es destituirlo mediante un juicio político.

El Consejo de Estado ha señalado que el fuero presidencial no impide investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, que sólo puede imponer multas y no realizar juicios políticos, los cuales están reservados para el Congreso. El abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal, ha anunciado que impugnará cualquier decisión del Consejo y llevará el caso a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.

El Consejo Nacional Electoral ha defendido su capacidad para investigar campañas y candidatos, afirmando que su trabajo no pone en riesgo el fuero presidencial.

Ecuador incautó 204 toneladas de drogas entre enero y septiembre de este año, una cifra cercana al promedio anual de decomisos de los últimos tres años. Según la ministra del Interior, Mónica Palencia, esta cifra representa un aumento del 25% respecto a las 163,9 toneladas incautadas en el mismo período de 2023, lo que atribuyó a la colaboración entre la policía y el ejército.

En 2023, Ecuador decomisó un total de 211 toneladas de drogas, principalmente cocaína, mientras que en 2022 y 2021 fueron 201 y 210 toneladas respectivamente. Mario Pazmiño, ex coronel de inteligencia militar, señaló que este incremento en las incautaciones refleja el aumento de la producción de drogas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que abastecen las rutas del Pacífico y la Amazonia.

Las autoridades han reconocido que Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro logístico para el narcotráfico, debido a su proximidad con Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo.

El país se encuentra bajo un decreto de conflicto armado interno desde enero, que permite la intervención conjunta de las fuerzas de seguridad para controlar la violencia relacionada con el narcotráfico.