En su discurso de despedida pronunciado este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó sobre el ascenso de una oligarquía estadounidense, formada por un pequeño grupo de personas que están acumulando una «peligrosa concentración de poder». Durante su intervención, también aprovechó para reclamar el mérito del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Biden advirtió sobre la existencia de un «complejo industrial tecnológico» en Estados Unidos, evocando las palabras de Dwight Eisenhower en su discurso de despedida en 1961. En ese entonces, Eisenhower había alertado sobre el peligro de un «complejo militar-industrial» que pudiera tomar control del poder en el país.

«Hoy, se está formando una oligarquía en Estados Unidos, caracterizada por una extrema riqueza, poder e influencia, que amenaza realmente nuestra democracia, nuestros derechos fundamentales y la oportunidad justa para que todos puedan prosperar», afirmó Biden desde la Oficina Oval. Aunque no mencionó nombres específicos, su declaración parece referirse a figuras como Elon Musk, CEO de Tesla y la persona más rica del mundo, quien no solo ha acumulado una considerable fortuna, sino que también se ha convertido en un influyente asesor del presidente electo, Donald Trump, quien asumirá el cargo el lunes.

Tanto Biden como Trump se atribuyeron este miércoles el mérito del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que había estado negociándose durante varios meses.

Catorce países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre ellos Estados Unidos, emitieron una declaración conjunta en la que rechazan la investidura presidencial de Nicolás Maduro, realizada el pasado viernes, al considerar que carece de «legitimidad democrática» y señalar la falta de «pruebas verificables de integridad electoral».

Preocupados por el deterioro continuo de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, las delegaciones instaron a la comunidad internacional a continuar apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios enfocados en abordar la crisis multidimensional en el país.

La declaración fue firmada por las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el documento, los países firmantes se apoyan en los principios y propósitos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana para exigir al «régimen dictatorial venezolano» el restablecimiento del orden democrático y la apertura de una «transición pacífica».

Estos países, que no reconocen el triunfo de Maduro, validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), respaldan la victoria de Edmundo González Urrutia, opositor venezolano, en las elecciones del 28 de julio. Asimismo, instan al «régimen dictatorial venezolano» a respetar los derechos humanos y garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos «sin represalias».

El documento también condena las «persistentes violaciones de los derechos humanos» en Venezuela y hace referencia a los hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025, durante las manifestaciones contra la investidura de Maduro, expresando su «solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país».

Francia adoptará «medidas de reciprocidad» contra Venezuela luego de que el país sudamericano limitara a tres el número de diplomáticos franceses en su territorio, informó este jueves la cancillería francesa. La medida se produjo un día después de convocar a la encargada de negocios venezolana en París.

«Francia rechaza de manera tajante las acusaciones de injerencia formuladas en su contra» y «tomará, a nivel nacional, todas las medidas de reciprocidad que considere necesarias», indicó la cancillería en un comunicado, aunque sin especificar cuáles serían esas acciones.

El martes, Caracas decidió limitar a tres el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en el país, alegando que los gobiernos de estas naciones tienen una «conducta hostil». Esta decisión fue tomada poco después de la investidura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para un tercer mandato consecutivo, tras unas elecciones que la comunidad internacional consideró fraudulentas.