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Centroamérica

Juan Orlando Hernández, con mucho en juego cuando deje el poder en Honduras

AFP

Gobernó dos períodos, el segundo de ellos cuestionado por un posible fraude en las urnas. Juan Orlando Hernández dejará la presidencia de Honduras en enero de 2022, con señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos, que pueden complicar su situación legal.

Su partido, el derechista Partido Nacional, aceptó la derrota de su candidato, Nasry Asfura, en las presidenciales del domingo ante la izquierdista Xiomara Castro, quien será la primera mujer en gobernar el país centroamericano.

Hernández la felicitó y dijo que será «un ciudadano siempre dispuesto a trabajar por el bienestar de todos y todas». 

En enero de 2021 había dicho a la AFP que al terminar su mandato se «apartará de la vida pública», a escribir sus memorias. En ese momento «perderá toda la protección que su alto cargo le ha permitido, en relación a un proceso que se considera abierto en el sistema de justicia de Estados Unidos», consideró Gustavo Irias, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

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«Podría buscar protección fuera del país, pero sus opciones son limitadas. Es tóxico y seguramente no sería bienvenido en la mayoría de los países», dijo a la AFP el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Su hermano Antonio «Tony» Hernández cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, y fiscales de Nueva York han señalado al gobernante como «co-conspirador» del delito.

Geovanny Fuentes, un condenado por narcotráfico en Estados Unidos, aseguró durante su juicio que Hernández le dijo que iban a «meter la droga a los gringos en sus propias narices» sin que lo noten.

JOH, como se le conoce en el país por sus iniciales, rechaza los cargos.

«[Es] por venganza. A muchos de ellos los capturamos nosotros y los entregamos allá [en Estados Unidos] o están en cárceles de Honduras y otros se fueron a entregar por la presión que les hicimos», aseguró Hernández a la AFP días antes de la sentencia de su hermano.

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– Frente interno y externo –

Cuando la oposición y observadores internacionales cuestionaron el proceso en que Hernández fue reelecto en 2017, Washington fue el primero en saludar su triunfo. 

Estados Unidos ha felicitado sus operaciones antidrogas. Hernández dice que logró reducir en 95% el pasó de la cocaína por Honduras desde 2014.

«¿Cómo no va a darse cuenta en qué estaba metido su hermano? Pero si los ‘gringos’ tuvieran suficientes pruebas contra él [presidente] ya lo hubieran mandado a traer para extraditarlo», dijo Oscar Arzú, de 59 años, en una calle del centro de Tegucigalpa.

La oposición también ha señalado varios casos de corrupción en su gestión, ligados a la compra de infraestructura e insumos para enfrentar la pandemia. 

Su gobierno disolvió una misión anticorrupción respaldada por la OEA (MACCIH), y se modificó el Código Penal para reducir condenas por corrupción.

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«Si cometió delitos tiene que pagar, como cualquiera», comentó por su parte la ciudadana Kenia Maldonado.

– Nicaragua –

Sorpresivamente, el derechista Hernández apareció en Nicaragua en una visita relámpago, un mes antes de las elecciones, para firmar un acuerdo fronterizo con el presidente izquierdista, Daniel Ortega, reelecto para un cuarto mandato consecutivo, con sus rivales en prisión.

Políticos buscados por la justicia de sus propios países, como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), se refugiaron en Nicaragua y obtuvieron la nacionalidad.

«Después de su derrota [del PN] la opción real es irse a Nicaragua, tiene buenas relaciones con Ortega, y [en Nicaragua] hay otros presidentes» asilados, dijo a la AFP el excanciller Ernesto Paz Aguilar.

– Aún sin cargos formales –

«Acusación formal no tiene, lo que hay es lo que se conoce como designación en juicios, cuando se le mencionó como CC4 [co-conspirador] en el caso de su hermano» en Estados Unidos, recuerda la abogada y defensora de Derechos Humanos, Reina Rivera. 

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«Los fiscales de Estados Unidos pueden presentar un caso. Una salida que [Hernández] puede tener es que se le abra un juicio aquí: cuando una persona tiene un juicio pendiente en Honduras, no puede ser extraditada», detalló.

Si bien «Hernández dice que los testimonios son una venganza, los fiscales les han dado credibilidad a los testimonios y eso ha servido para enjuiciar a otros», explica Rivera.

Además de «Tony» Hernández, en Estados Unidos también cumple condena por narcotráfico Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.

«Eso hace que el escenario sea muy complejo para él. El triunfo arrollador de Xiomara Castro descansa mucho en el rechazo a Juan Orlando Hernández, a su gobierno, y a la penetración del crimen organizado», precisó Rivera.

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Centroamérica

Fiscalía solicita condena para Sigfrido Reyes y familiares tras audiencia final

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador concluyó este viernes la audiencia probatoria en el caso de Sigfrido Reyes, su esposa e hijo, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito.

Tras el cierre de los alegatos, la Cámara convocó a ambas partes para el próximo 29 de noviembre a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dará a conocer la resolución. La FGR ha solicitado que los acusados sean condenados a devolver al Estado $472,464.04, monto que supuestamente no lograron justificar, y que se les inhabilite por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, habría incrementado su patrimonio en $459,000 de forma irregular. Asimismo, a su esposa, Susy Melba Rodríguez Hernández, se le atribuyen $12,000 y a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez, $750. El caso se fundamenta en una auditoría financiera presentada por el Ministerio Público, que sostiene que el incremento patrimonial no fue justificado ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Reyes, quien ocupó el cargo de diputado de la Asamblea Legislativa entre 2006 y 2015 por el partido FMLN y presidió el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), actualmente reside en México, donde solicitó asilo político. Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Pedro Cruz argumentó que no se ha logrado establecer ninguna irregularidad en el patrimonio de los demandados.

El fallo determinará si Reyes y su grupo familiar deberán enfrentar las sanciones solicitadas por la Fiscalía.

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Centroamérica

Especialistas registran baja en la temperatura del agua en Coatepeque

El lago de Coatepeque ha registrado una disminución en la temperatura de sus aguas, un fenómeno natural que ocurre al menos dos veces al año, según indicaron técnicos de la Fundación Coatepeque. Este cambio coincide con el fin de la temporada de lluvias y el incremento de los vientos, marcando el inicio del proceso de mezcla de aguas en el cuerpo hídrico.

Especialistas de la fundación realizaron un monitoreo en las aguas superficiales y hasta una profundidad de 30 metros, registrando una temperatura actual de 26 grados centígrados, una baja en comparación con semanas anteriores. Este comportamiento es habitual en el lago y forma parte de su ciclo natural, señalaron los expertos.

Además de medir la temperatura, la Fundación Coatepeque realiza análisis periódicos sobre la calidad del agua y organiza actividades de conservación del lago, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de El Salvador. Recientemente, en colaboración con aliados, se llevó a cabo una jornada de limpieza submarina en el sector de restaurantes del bajadero La Bendición de Dios, extrayendo más de una tonelada de desechos sólidos que amenazaban la biodiversidad del lago.

Estas acciones buscan preservar el ecosistema del lago, fomentando su cuidado como recurso hídrico clave y atractivo turístico.

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Centroamérica

Juez transfiere al Estado vehículo empleado en ataque contra ruta 140

Un vehículo utilizado por pandilleros de la 18 para perseguir e incendiar un microbús de la ruta 140 ha sido transferido al Estado, según una resolución del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019, a las 4:40 de la mañana, cuando los pandilleros abordaron el vehículo y comenzaron a seguir al microbús con pasajeros a bordo. Tras interceptarlo, obligaron a los ocupantes a descender y secuestraron al motorista, quien fue abandonado más tarde. El microbús fue trasladado a un área desolada cercana a la planta Nejapa Power, en Apopa, donde lo incendiaron.

La investigación inició con el análisis de cámaras de videovigilancia, las cuales captaron el momento en que el vehículo comenzó la persecución. Con esta evidencia, las autoridades lograron decomisar el automotor.

Aunque el propietario del vehículo intentó recuperarlo, argumentando que lo había arrendado verbalmente, el juez resolvió que la Fiscalía demostró que el automotor fue instrumentalizado para cometer un delito. Además, se determinó que el arrendamiento informal, sin documentos ni garantías, facilitó que los pandilleros lo utilizaran para el ataque.

El caso subraya la importancia de establecer contratos formales en los acuerdos de arrendamiento, especialmente para evitar que propiedades sean usadas en actividades ilícitas.

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