Centroamérica
Crisis en el Congreso de Honduras se convierte en batalla legal
AFP
La crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del Legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó el viernes al plano legal, cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación.
Luis Redondo, del bando de Castro y sus aliados, y Jorge Cálix, del grupo rebelde y respaldado por la oposición, se hicieron elegir en asambleas paralelas y reclaman ser reconocidos como presidentes del Parlamento, en una crisis que estalló poco antes de la toma de mando de la nueva presidenta de Honduras.
Redondo pertenece al Partido Salvador de Honduras (PSH), que en campaña se alió a la agrupación de Castro, Libertad y Refundación (Libre), ayudándola a ganar. A cambio se le ofreció la presidencia del Congreso. Cálix, de Libre, desconoció el acuerdo y se postuló con el apoyo de los derechistas Partido Nacional y Partido Liberal.
Redondo legisla desde la sede del Congreso, con unos 40 legisladores titulares y similar número de suplentes, mientras que Cálix lo hace de forma virtual con más de 70 diputados titulares de los 128 que tiene el Parlamento.
El jueves, durante la ceremonia de asunción de la presienta Castro en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue la jueza Karla Romero quien le tomó juramento, un hecho permitido por la ley pero poco habitual, porque usualmente lo hace el presidente del Congreso.
Redondo, jefe del Legislativo reconocido por Castro, estuvo en la ceremonia pero solo para colocar la banda presidencial. Esto dejaría en evidencia que el puesto de Redondo no tiene validez legal, consideran quienes respaldan a Cálix.
-A la justicia-
Este viernes, ambos bandos acudieron por separado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para pedir que se defina la situación. El abogado que representa a Cálix, José Rodríguez, presentó un recurso de amparo para que se reconozca a su patrocinado.
«El recurso de amparo, una vez que lo admita la Corte, deberá, si lo decide (…) suspender en sus funciones al señor Luis Redondo, y ordenar que se proceda a que recupere sus funciones el diputado y la junta directiva de Cálix, mientras se resuelve el conflicto», dijo a la AFP.
Más temprano, José Lagos, dirigente de un partido minoritario, también acudió a la Corte Suprema para presentar un recurso contra Cálix, «por haber violentado las garantías constitucionales de millones de hondureños representados en el Congreso Nacional».
Castro le ha ofrecido a Cálix integrarse a su equipo de gobierno, pero él no ha respondido.
«Yo creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto. Sin embargo, respeto el derecho que tienen los que nos adversan de acudir a la CSJ [Corte Suprema] (…) Sigo insistiendo en que el diálogo es el mejor camino. Dialoguemos», sostuvo Cálix el viernes en Twitter.
La Corte deberá responder en la próxima semana, según el abogado Rodríguez.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fueron nombrados por el anterior Parlamento, que dominaba el Partido Nacional (PN) del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta sala es la que validó en 2017 su postulación a una reelección, pese a que la Constitución no lo permitía.
En tanto, 44 diputados de PN presentaron una denuncia criminal contra Redondo, alegando «usurpación de funciones públicas».
-Incertidumbre-
El viernes, el recinto del Parlamento permanecía cerrado, en medio del desconcierto de sus trabajadores, que estaban impedidos de ingresar.
«Se nos ha negado el permiso de poder ingresar. Es extraño, nunca se nos han cerrado las puertas, siempre han estado abiertas, pero en esta semana no hemos podido ingresar a las instalaciones», dijo Rosibel León, de 41 años, trabajadora del área de Protocolo del Parlamento.
«Somos parte administrativa del Congreso, no importa el partido (…) Estamos pidiendo a las autoridades que por favor resuelvan sus problemas políticos. Solo queremos entrar en las oficinas como nos corresponde por ser empleados», agregó.
Mientras, en el primer día de su gestión, Castro ratificó la cúpula militar encabezada por el contraalmirante José Fortín, y se reunió con canciller de México, Marcelo Ebrard.
Centroamérica
Más de 100 solicitantes de asilo retenidos en Panamá sin saber su destino final
Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.
El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.
De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.
Centroamérica
Costa Rica postula a Arnoldo André como candidato a la Secretaría General de la OEA solo si no hay ganador
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.
Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.
De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.
Centroamérica
Ortega y Murillo consolidan su control en la Policía Nacional con nuevos nombramientos
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ascendieron este lunes a tres nuevos comisionados generales en la Policía Nacional. Este hecho marca la primera ocasión en la que Murillo, también primera dama, firma un ascenso dentro del cuerpo de seguridad.
Murillo obtuvo el título de copresidenta mediante una reforma constitucional impulsada por Ortega. El grado de comisionado general es el segundo en importancia dentro de la jerarquía policial, solo por debajo del primer comisionado.
La semana pasada, Murillo encabezó la juramentación de 30.000 «policías voluntarios» durante la toma de posesión de su consuegro, Francisco Díaz, quien asumió un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional.
Según el Acuerdo Presidencial 37-2025, publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo aprobaron la propuesta de ascensos presentada por Díaz, con el objetivo de «fortalecer el mando institucional» de la Policía.
Los oficiales ascendidos son Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Márquez. Soza Robelo ha sido designado nuevo inspector general de la Policía Nacional, Pérez Marenco ocupará el cargo de jefe de Asesoría Legal y Alemán Márquez será co-jefe de la delegación policial del departamento de León.
Estos cambios se producen luego del retiro del anterior inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, y del anterior co-jefe de la delegación policial de León, comisionado general Fidell de Jesús Domínguez Álvarez.
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