Dos familias de los caseríos Siguapilapa y Texisio, en el cantón Santa María Mizata, Teotepeque, departamento de La Libertad, se encuentran albergadas tras las inundaciones provocadas por las lluvias generadas por la tormenta Sara.

Margarita Mejía, de 75 años, y sus tres nietos fueron evacuados el viernes por la noche de su vivienda en el caserío Siguapilapa. “Decidí salir para proteger mi vida y la de mis tres nietos. Perdí cosas materiales, pero nuestras vidas son lo más importante”, expresó Mejía, agradeciendo la rápida respuesta de las autoridades del Gobierno.

Nelson Estrada, director del distrito, explicó que las evacuaciones se realizaron debido a que las viviendas quedaron completamente inundadas. Actualmente, el albergue habilitado tiene capacidad para 35 personas y atiende a 10 evacuados. “En el caso de la familia de la señora Mejía, su casa estaba totalmente anegada, y fue necesario sacarlos con apoyo de un colaborador del distrito”, detalló.

En el albergue, las familias reciben atención integral por parte del Ministerio de Salud, Protección Civil y seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Atención médica por enfermedades respiratorias

El doctor Alex Ferguson, de la Unidad de Salud local, informó que la mayoría de las atenciones en el albergue han sido por infecciones respiratorias agudas, atribuibles al clima del municipio. “El 99 % de los casos han sido por problemas respiratorios, y solo hemos atendido a un paciente con presión arterial alta”, señaló.

Protección Civil y las autoridades locales continúan monitoreando las zonas afectadas y están preparados para atender nuevas emergencias en el área.

La Comisión Nacional de Protección Civil intensificó este lunes las medidas preventivas debido a las lluvias provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Sara, elevando la alerta estratificada a naranja en los distritos de la zona costera, el área metropolitana de San Salvador, y los departamentos de San Miguel y La Unión. En el resto del país se mantiene una alerta amarilla.

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, destacó que el aumento en el nivel de alerta responde a las condiciones de vulnerabilidad ante deslizamientos, inundaciones y desbordamientos. “Nos mantenemos en constante monitoreo sobre las condiciones que impactan a nuestro país por la tormenta tropical Sara, que se encuentra frente a la Bahía de Campeche”, señaló.

Desde el viernes pasado, las lluvias han causado 21 árboles caídos, nueve desbordamientos de ríos, siete inundaciones urbanas, seis deslizamientos, 21 vías obstruidas, dos muros dañados, 91 viviendas anegadas y cinco con daños estructurales.

Para atender emergencias, el Gobierno ha habilitado 170 albergues a nivel nacional, con capacidad para resguardar a 9,500 personas. Actualmente, tres de estos albergues están activos, alojando a 36 personas, entre adultos y menores.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que las autoridades están monitoreando especialmente las zonas costeras, el Bajo Lempa y áreas vulnerables a inundaciones en Sonsonate y el área metropolitana.

“Estamos desplegando equipos en las comunidades junto a las comisiones municipales y departamentales para asegurar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad”, afirmó Amaya.

Con más lluvias previstas en los próximos días, se insta a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar incidentes.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició el juicio contra el exalcalde de Zaragoza, José Antonio Martínez Salazar, y siete colaboradores, acusados de incumplimiento de deberes en relación con un caso que se remonta al año 2019.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Martínez Salazar, quien ejerció como alcalde por el partido ARENA entre 2018 y 2021, no acató una sentencia del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de San Salvador, emitida el 5 de julio de 2019. La resolución ordenaba el pago de $55,691 a la empresa Fikateli S.A. de C.V. por servicios prestados a la municipalidad, monto que debía saldarse a más tardar el 26 de agosto del mismo año con fondos del presupuesto municipal del 2020.

El incumplimiento de esta resolución motivó que el caso pasara al ámbito penal. El Juzgado Quinto de Instrucción determinó que los acusados, en su calidad de funcionarios municipales, no cumplieron con sus obligaciones, por lo que debían enfrentar una vista pública. El proceso judicial, que había sido suspendido en varias ocasiones, finalmente inició con el propósito de esclarecer los hechos.