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Centroamérica

Honduras acepta responsabilidad por ejecución extrajudicial de líder sindical en 1983

AFP/Redacción

Honduras reconoció este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) su responsabilidad por la «violación a los derechos a la vida, libertad, honra, dignidad y expresión» por la ejecución extrajudicial en 1983 de Herminio Deras, asesor sindical y dirigente del Partido Comunista.

«Reconocemos que las situaciones denunciadas constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes» dijo el procurador general de Honduras, Manuel Díaz-Galeas ante la Corte y prometió la plena reparación de los daños cometidos.

El caso se basa en la muerte de Deras, maestro de 42 años, detenido por agentes estatales y posteriormente ejecutado el 29 de enero de 1983 en su vehículo, actos cometidos «con un claro móvil de represalia por sus actividades como líder político y sindical», según la Corte-IDH.

Luis Deras, hermano de la víctima, dijo en la audiencia que en noviembre de 1981 fue secuestrado y llevado a celdas en la ciudad norteña de San Pedro Sula donde fue torturado e interrogado por cuerpos de seguridad que buscaban a Herminio.

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Contó que sus padres nunca se recuperaron de la muerte de su hermano. Su padre se suicidó y su madre dormía abrazada de la ropa con la que Herminio fue asesinado.

Al respecto, Díaz-Galeas aseguró que el Estado de Honduras se compromete a la «reparación integral del daño, medidas de rehabilitación y acciones compensatorias» para los afectados.

Aunque no pudo ser adelantada una sentencia, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez, agradeció al Estado la aceptación de los hechos. A partir de entonces, se dispusieron diez días para recibir alegatos adicionales para luego emitir la resolución.

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Centroamérica

Más de 100 solicitantes de asilo retenidos en Panamá sin saber su destino final

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.

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Centroamérica

Costa Rica postula a Arnoldo André como candidato a la Secretaría General de la OEA solo si no hay ganador

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.

Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.

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Centroamérica

Ortega y Murillo consolidan su control en la Policía Nacional con nuevos nombramientos

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ascendieron este lunes a tres nuevos comisionados generales en la Policía Nacional. Este hecho marca la primera ocasión en la que Murillo, también primera dama, firma un ascenso dentro del cuerpo de seguridad.

Murillo obtuvo el título de copresidenta mediante una reforma constitucional impulsada por Ortega. El grado de comisionado general es el segundo en importancia dentro de la jerarquía policial, solo por debajo del primer comisionado.

La semana pasada, Murillo encabezó la juramentación de 30.000 «policías voluntarios» durante la toma de posesión de su consuegro, Francisco Díaz, quien asumió un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional.

Según el Acuerdo Presidencial 37-2025, publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo aprobaron la propuesta de ascensos presentada por Díaz, con el objetivo de «fortalecer el mando institucional» de la Policía.

Los oficiales ascendidos son Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Márquez. Soza Robelo ha sido designado nuevo inspector general de la Policía Nacional, Pérez Marenco ocupará el cargo de jefe de Asesoría Legal y Alemán Márquez será co-jefe de la delegación policial del departamento de León.

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Estos cambios se producen luego del retiro del anterior inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, y del anterior co-jefe de la delegación policial de León, comisionado general Fidell de Jesús Domínguez Álvarez.

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