Centroamérica
Inversión de Guatemala en juventud es insuficiente, dice estudio
La inversión de Guatemala en su población joven es “ilimitada” e “insuficiente” y no tiene un rumbo específico al respecto, señaló este miércoles el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en su estudio «Rejuvenecer Guatemala: poner las finanzas públicas al servicio de la juventud».
El documento es un «análisis para reflexionar sobre las inversiones públicas destinadas a las juventudes guatemaltecas» desde 2015 a 2021, mencionó la entidad, que también recordó que el 33 % de los 18 millones de habitantes del país centroamericano son jóvenes de entre 13 y 29 años.
Durante la presentación del estudio, llevada a cabo en Guatemala, el investigador del Icefi, Carlos Gossman, dijo que el Estado “no cuenta con una normativa específica enfocada a la juventud”.
De acuerdo al analista, actualmente el «marco legal regulatorio sobre la juventud es disperso» en Guatemala. también lamentó que la inversión directa en los jóvenes durante los últimos seis años incluso «ha sufrido retrocesos».
Por otro lado, añadió que los indicadores de pobreza, salud, educación y seguridad, entre otros, no han mejorado desde 2015 a la fecha.
Entre las recomendaciones del Icefi para enmendar la situación a mediano y largo plazo, se encuentra la adopción de «una hoja de ruta» para trabajar por los jóvenes guatemaltecos y así cumplir con distintos objetivos de desarrollo social y humano en los próximos 10 años.
Así mismo, para la entidad privada es trascendental «el establecimiento de una normativa específica» sobre la juventud guatemalteca y la asignación del «presupuesto necesario».
En Guatemala, el 59 % de sus 18 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza y un 20 % sobrevive en pobreza extrema, según datos oficiales y de organismos internacionales.
Centroamérica
Arévalo endurece su pulso contra las pandillas tras ataques y disturbios en cárceles
El asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo en Guatemala, atribuido a presuntos pandilleros, junto con motines registrados en tres centros penitenciarios, reactivó de forma abierta el enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León y los líderes de las principales estructuras criminales del país.
La escalada de violencia llevó a que Arévalo decretara estado de sitio por 30 días, una medida de excepción que autoriza a las fuerzas de seguridad a detener personas sin orden judicial y restringir derechos constitucionales en zonas específicas.
Origen del conflicto
El choque frontal entre el Ejecutivo y las pandillas se remonta a julio del año pasado, cuando siete personas fueron asesinadas durante un velorio en una funeraria del centro de la Ciudad de Guatemala. Las víctimas despedían a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado por sicarios de la pandilla rival Barrio 18 y habría sido coordinado desde una prisión. Como respuesta, el Gobierno ordenó el traslado de los principales cabecillas de ambas estructuras a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.
El fin de los privilegios carcelarios
El traslado significó el fin de los privilegios de los líderes pandilleros, quienes durante administraciones anteriores habrían operado desde prisión con amplias comodidades, de acuerdo con las autoridades.
Entre ellos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, uno de los máximos jefes del Barrio 18, condenado a al menos 80 años de prisión por asesinato y otros delitos. Según el Ministerio de Gobernación, Ochoa y su círculo cercano mantenían control sobre extorsiones millonarias y ordenaban asesinatos desde centros penitenciarios donde gozaban de condiciones superiores a las del resto de la población reclusa.
Las autoridades señalaron que uno de los motines registrados este fin de semana en Renovación I fue organizado por Ochoa en protesta por la pérdida de beneficios, como acceso a aire acondicionado, comida a domicilio y camas de gran tamaño.
Escalada y respuesta del Gobierno
Los recientes asesinatos de policías y los amotinamientos marcaron un nuevo punto crítico en la confrontación, lo que llevó al Ejecutivo a endurecer su postura frente a las pandillas, consideradas responsables de buena parte de la violencia y las extorsiones en el país.
Centroamérica
EE. UU. alerta por actividad militar en el espacio aéreo de México y Centroamérica
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una alerta por actividad militar en el espacio aéreo de varias regiones del continente americano, en particular zonas cercanas a México y países de América Central y del Sur, e instó a las aerolíneas a extremar las medidas de precaución.
La advertencia señala la existencia de “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían afectar la seguridad de las operaciones aéreas, incluyendo posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite. El aviso tendrá una vigencia de 60 días.
De acuerdo con la FAA, los avisos de vuelo abarcan áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá y Guayaquil, así como las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán y el espacio aéreo del Pacífico oriental.
“Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días”, confirmó un portavoz del organismo regulador estadounidense.
La alerta se produce en un contexto de creciente ofensiva militar de Estados Unidos contra los cárteles narcotraficantes. El pasado 8 de enero, el presidente Donald Trump advirtió que su gobierno se preparaba para “empezar a golpear por tierra” a estas organizaciones criminales, tras una serie de operaciones en el Caribe y el Pacífico.
Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 30 ataques contra embarcaciones utilizadas por los cárteles, acciones que, según Trump, dejaron al menos 107 muertos y redujeron “prácticamente a cero” el tráfico marítimo de drogas en la región.
Centroamérica
Marina Nacional establece récord histórico en decomiso de cocaína en altamar
Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron que durante 2025 fueron incautadas 24.35 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor estimado en el mercado de 604.5 millones de dólares, como parte de las acciones contra el narcotráfico a nivel nacional e internacional. De ese total, 24 toneladas correspondieron a cocaína.
Uno de los decomisos más relevantes del año fue anunciado el pasado 2 de octubre por el presidente Nayib Bukele, quien detalló una operación ejecutada por la Marina Nacional en altamar que estableció un nuevo récord en distancia. Según el mandatario, se trató de la incautación más lejana realizada por fuerzas salvadoreñas desde sus costas.
“Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 kilómetros) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de 44.8 millones de dólares”, informó Bukele.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, también destacó el logro alcanzado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente y envió un mensaje directo a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. “Nuestra Fuerza de Tarea Naval Tridente impuso un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico. A quienes desafían la ley que les quede claro: no hay distancia ni frontera donde puedan escapar de la justicia”, publicó el funcionario en su cuenta de X.
Tras el anuncio, el presidente Bukele reiteró que el Estado salvadoreño continuará enfrentando al narcotráfico de manera firme, pese a los intentos por obstaculizar estas acciones. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, respaldó la postura del mandatario y aseguró que El Salvador mantendrá una ofensiva contundente contra este delito.
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