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Centroamérica

Honduras declara la energía eléctrica como bien público y busca renegociar contratos

AFP

El Congreso de Honduras aprobó este jueves una norma que declara la energía eléctrica como un bien público, lo que permitirá a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar contratos con generadoras privadas en su plan para abaratar costos.

La ley, aprobada por mayoría, «reconoce la energía eléctrica como un bien público. Garantiza energía a toda la población. Revisión de todos los contratos leoninos. Cero fideicomisos», dijo el diputado oficialista Fabrizio Sandoval.

La nueva Ley Especial de Energía tiene como objetivo reducir las pérdidas del Estado, revisar y renegociar contratos de compra de energía a generadoras, declara en emergencia el sector, y busca reestructurar la Ley General de Industria Eléctrica aprobada de 2014.

Según detalló el vicepresidente del Parlamento, Hugo Noé Pino, «esta ley fue socializada con empresarios y miembros de sociedad civil y representantes locales». Según el legislador, «todos los sectores coincidieron que el subsector eléctrico es un desastre».

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«La ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estatal) se queda bajo dominio público a favor del pueblo, la corrompieron y endeudaron. ¡Vamos a rescatarla!», escribió en Twitter la presidenta Castro.

La norma, propuesta por el poder Ejecutivo al Congreso, plantea que en caso de un desacuerdo en la renegociación de los contratos, autoriza a «plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado» pagando el «justiprecio» de las plantas.

El gobierno de Castro prometió una solución definitiva del problema porque la ENEE, que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en unos dos millones de clientes, arrastra una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares con ellos.

Una veintena de generadoras privadas suplen el 60% de la demanda en Honduras.

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Centroamérica

Asamblea aprueba ley que otorga incentivos fiscales a empresas que amplíen sus inversiones

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.

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Centroamérica

Nicaragua elimina la doble nacionalidad tras reforma constitucional

Nicaragua cierra y confisca bienes de 12 ONGs por incumplimiento de obligaciones legales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, en segunda legislatura, una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política que elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses y establece que quienes adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la nicaragüense.

La reforma constitucional también dispone que los extranjeros que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los ciudadanos de países centroamericanos.

El cambio constitucional fue impulsado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, quienes ordenaron la iniciativa de reforma en mayo pasado durante un acto oficial por el natalicio de Augusto C. Sandino. El Ejecutivo argumentó que no es posible mantener lealtad a dos Estados y que la eliminación de la doble nacionalidad busca frenar lo que calificó como “injerencias extranjeras”, en una medida de carácter “antiimperialista”.

Durante el debate legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma no tendrá efectos retroactivos. “Nadie debe servir a dos patrias”, sostuvo el funcionario. No obstante, sectores opositores han puesto en duda esa afirmación y advierten sobre posibles implicaciones para nicaragüenses que residen en el exterior.

La reforma se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En 2023, el régimen retiró la nacionalidad nicaragüense a más de 200 presos políticos, quienes fueron enviados al exilio en Estados Unidos, una medida ampliamente condenada por organismos internacionales.

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Centroamérica

Ejército de Nicaragua niega que lancha con droga interceptada en El Salvador saliera de su territorio

El Ejército de Nicaragua negó este miércoles que la embarcación interceptada la noche del martes en aguas cercanas a El Salvador haya salido de su territorio, en respuesta a declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien afirmó que la lancha procedía de Nicaragua.

En un comunicado oficial, la institución castrense del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó los señalamientos y afirmó que Villatoro ha reiterado en al menos cuatro ocasiones que cargamentos de droga han salido de Nicaragua. Según el Ejército nicaragüense, dichas afirmaciones contradicen información que, asegura, demuestra que la droga proviene del sur de la región y es transportada por rutas marítimas alejadas de los litorales nicaragüenses.

La noche del martes, autoridades de seguridad de El Salvador capturaron a dos hombres que transportaban 375 kilogramos de droga a bordo de una embarcación interceptada en la zona costera del país. De acuerdo con Villatoro, la lancha fue intervenida en la bocana del río Jiboa, entre los departamentos de San Vicente y La Paz.

Los detenidos fueron identificados como Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca, y Ubaldo Reyes Juárez, ciudadano salvadoreño. Según las autoridades salvadoreñas, la droga incautada tiene un valor comercial estimado de 9.4 millones de dólares. Durante el operativo también se decomisaron dos teléfonos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS).

El Ejército de Nicaragua recordó que no es la primera vez que niega este tipo de señalamientos. El pasado 25 de diciembre, la institución también rechazó que una lancha detenida con dos salvadoreños a bordo y un cargamento de 450 kilogramos de droga hubiera salido de territorio nicaragüense.

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