Centroamérica
Honduras declara la energía eléctrica como bien público y busca renegociar contratos
AFP
El Congreso de Honduras aprobó este jueves una norma que declara la energía eléctrica como un bien público, lo que permitirá a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar contratos con generadoras privadas en su plan para abaratar costos.
La ley, aprobada por mayoría, «reconoce la energía eléctrica como un bien público. Garantiza energía a toda la población. Revisión de todos los contratos leoninos. Cero fideicomisos», dijo el diputado oficialista Fabrizio Sandoval.
La nueva Ley Especial de Energía tiene como objetivo reducir las pérdidas del Estado, revisar y renegociar contratos de compra de energía a generadoras, declara en emergencia el sector, y busca reestructurar la Ley General de Industria Eléctrica aprobada de 2014.
Según detalló el vicepresidente del Parlamento, Hugo Noé Pino, «esta ley fue socializada con empresarios y miembros de sociedad civil y representantes locales». Según el legislador, «todos los sectores coincidieron que el subsector eléctrico es un desastre».
«La ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estatal) se queda bajo dominio público a favor del pueblo, la corrompieron y endeudaron. ¡Vamos a rescatarla!», escribió en Twitter la presidenta Castro.
La norma, propuesta por el poder Ejecutivo al Congreso, plantea que en caso de un desacuerdo en la renegociación de los contratos, autoriza a «plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado» pagando el «justiprecio» de las plantas.
El gobierno de Castro prometió una solución definitiva del problema porque la ENEE, que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en unos dos millones de clientes, arrastra una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares con ellos.
Una veintena de generadoras privadas suplen el 60% de la demanda en Honduras.
Centroamérica
El Salvador proyecta recibir 145,000 turistas en Semana Santa 2026
El Salvador se prepara para recibir a miles de turistas internacionales durante el próximo período vacacional de Semana Santa, con una proyección que supera las cifras del año anterior.
De acuerdo con el Ministerio de Turismo de El Salvador (Mitur), se espera la llegada de 145,000 visitantes extranjeros entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, lo que representa un incremento respecto a los 139,000 registrados en el mismo período de 2025.
Según las estimaciones oficiales, el 38 % de los turistas provendría de Guatemala, seguido por un 28 % de Estados Unidos, un 20 % de Honduras y un 14 % del resto del mundo. En este último grupo destacan visitantes de Costa Rica, Panamá, México y Colombia.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, explicó que estas cifras son preliminares y han sido calculadas con base en el comportamiento turístico observado durante los primeros meses del año. “Hemos sido prudentes, pero se han estimado a partir de la tendencia de enero y febrero”, señaló en declaraciones a Diario El Salvador.
Las autoridades prevén que este flujo de visitantes contribuya al dinamismo del sector turístico y al crecimiento económico durante uno de los períodos de mayor actividad en el país.
Centroamérica
PNC reporta nuevo día sin homicidios y eleva a 11 las jornadas sin crímenes en marzo
El Salvador continúa sumando jornadas sin homicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), que reportó un total de 11 días sin asesinatos en lo que va de marzo.
Según la información divulgada por la institución a través de su cuenta en la red social X, el lunes 16 de marzo finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio nacional. “Finalizamos el lunes 16 de marzo con 0 homicidios en el país”, publicó la PNC.
Con este dato, las autoridades contabilizan cuatro días consecutivos sin muertes violentas, en el marco de los operativos de seguridad que se mantienen a nivel nacional.
El balance oficial también destaca que 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, los cuales han contribuido a la reducción sostenida de la violencia y a la mejora de las condiciones de seguridad en el país.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
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