Centroamérica

Ocho países impulsan condena a Nicaragua por ocupación de oficinas de OEA

AFP

Ocho países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsan este viernes una condena a Nicaragua por el cierre forzado de las oficinas del bloque regional en Managua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay presentaron un proyecto de resolución para «condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del gobierno de Nicaragua».

El texto será debatido en la sede de la OEA en Washington durante una sesión permanente del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización integrado por sus 34 miembros activos. Para ser adoptado necesita una mayoría simple de votos, o sea 18.

El proyecto de resolución deplora «la violación de la inviolabilidad de los archivos» de la OEA, pide «que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua» y exige «que se restituya inmediatamente» el uso de los locales incautados.

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Además, subraya que el gobierno de Ortega «es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales», citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

El proyecto de resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales «siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida», el 18 de noviembre de 2023.

El gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional; previamente, el país centroamericano anunció el 18 de noviembre su salida del organismo, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.

El 26 de abril, el gobierno de Ortega informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido «declarado de utilidad pública» y se convertiría en «el museo de la infamia».

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.