Centroamérica

Ocho países impulsan condena a Nicaragua por ocupación de oficinas de OEA

AFP

Ocho países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsan este viernes una condena a Nicaragua por el cierre forzado de las oficinas del bloque regional en Managua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay presentaron un proyecto de resolución para «condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del gobierno de Nicaragua».

El texto será debatido en la sede de la OEA en Washington durante una sesión permanente del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización integrado por sus 34 miembros activos. Para ser adoptado necesita una mayoría simple de votos, o sea 18.

El proyecto de resolución deplora «la violación de la inviolabilidad de los archivos» de la OEA, pide «que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua» y exige «que se restituya inmediatamente» el uso de los locales incautados.

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Además, subraya que el gobierno de Ortega «es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales», citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

El proyecto de resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales «siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida», el 18 de noviembre de 2023.

El gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional; previamente, el país centroamericano anunció el 18 de noviembre su salida del organismo, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.

El 26 de abril, el gobierno de Ortega informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido «declarado de utilidad pública» y se convertiría en «el museo de la infamia».

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Centroamérica

Protección Civil reporta 302 accidentes y 46 rescates en Plan Verano 2026

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil presentaron este día un balance preliminar de las emergencias atendidas entre el 28 de marzo y el 1 de abril, en el marco del Plan Verano 2026.

Durante la conferencia de prensa, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que las acciones de respuesta se han intensificado ante el inicio de los días con mayor actividad durante la Semana Santa.

“Este día marca el inicio de las jornadas más intensas en materia de movilidad, turismo y actividades religiosas”, señaló el funcionario.

En ese contexto, destacó que el Gobierno ha reforzado el despliegue operativo en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros.

Según los datos oficiales, las instituciones han realizado 46 rescates acuáticos, de los cuales 12 fueron catalogados como simples y 34 como profundos. Además, se contabilizan 302 accidentes de tránsito, que han dejado un saldo de 15 fallecidos.

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Las autoridades también reportaron 208 personas lesionadas en percances viales, así como la detención de 44 conductores por el delito de conducción peligrosa.

Centroamérica

Canal de Panamá gana protagonismo tras bloqueo del Estrecho de Ormuz

El bloqueo del Estrecho de Ormuz ejecutado por Irán el pasado 28 de febrero ha reconfigurado las rutas marítimas globales y posicionado al Canal de Panamá como una de las principales alternativas para el transporte de energía.

En este contexto, la vía interoceánica reporta un crecimiento en sus ingresos de entre 8% y 10% durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, impulsado por el aumento en la demanda de tránsito.

La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado entre 38 y 40 tránsitos diarios, superando la proyección inicial de 34 cruces por día.

“El Canal de Panamá es una ruta corta y segura que, con los precios del combustible, sigue reduciendo los costos para los operadores”, afirmó la funcionaria.

El impacto también se refleja en el transporte de gas natural licuado (GNL). Antes del conflicto, el canal registraba en promedio cuatro buques mensuales de este tipo; actualmente, las autoridades se preparan para habilitar un tránsito diario para estas embarcaciones.

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Por su parte, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, proyectó que el mercado asiático podría incrementar la demanda de GNL proveniente de Estados Unidos, como alternativa ante las exportaciones restringidas desde Qatar.

“Cuando suben los costos, especialmente el precio del combustible marino, el Canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva”, explicó Vásquez.

Centroamérica

Sistema penitenciario salvadoreño muestra transformación tras décadas marcadas por violencia

El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.

Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.

En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.

Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.

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En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.

Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.

Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.