Centroamérica

Ocho países impulsan condena a Nicaragua por ocupación de oficinas de OEA

AFP

Ocho países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsan este viernes una condena a Nicaragua por el cierre forzado de las oficinas del bloque regional en Managua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Granada y Uruguay presentaron un proyecto de resolución para «condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua, el domingo 24 de abril de 2022, en violación de las obligaciones legales del gobierno de Nicaragua».

El texto será debatido en la sede de la OEA en Washington durante una sesión permanente del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización integrado por sus 34 miembros activos. Para ser adoptado necesita una mayoría simple de votos, o sea 18.

El proyecto de resolución deplora «la violación de la inviolabilidad de los archivos» de la OEA, pide «que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras estén en Nicaragua» y exige «que se restituya inmediatamente» el uso de los locales incautados.

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Además, subraya que el gobierno de Ortega «es responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales», citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

El proyecto de resolución reconoce que el gobierno de Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, pero recuerda que sus obligaciones legales «siguen vigentes hasta la fecha efectiva de la salida», el 18 de noviembre de 2023.

El gobierno nicaragüense cerró el 24 de abril las oficinas de la OEA en Managua y adelantó la retirada de sus representantes ante el bloque regional; previamente, el país centroamericano anunció el 18 de noviembre su salida del organismo, luego que la organización desconociera la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo, en comicios celebrados con sus rivales y opositores presos.

El 26 de abril, el gobierno de Ortega informó que el edificio que albergaba las oficinas de la OEA en Managua había sido «declarado de utilidad pública» y se convertiría en «el museo de la infamia».

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Centroamérica

Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.

Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.

Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.

En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.

“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

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Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.

En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.

Centroamérica

Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal

El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.

La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.

Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.

“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.

El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.

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Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.

“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.

La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.

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Centroamérica

SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.

“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.

Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.