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Centroamérica

Absuelven en Guatemala a exdiputado sancionado por EEUU por asesinato de periodista

AFP

Un tribunal local absolvió este viernes a un exdiputado guatemalteco sancionado por Estados Unidos señalado de haber ordenado presuntamente el asesinato a tiros de un periodista en el sur de Guatemala en 2015.

«Debe dictarse fallo absolutorio» a favor del excongresista Julio Juárez, dijo en su resolución la presidenta del Tribunal de Ciudad de Guatemala, Jeanette Valdés.

Según la jueza, el Ministerio Público, que pedía una pena de 50 años de cárcel, no pudo vincular la participación del acusado con el crimen.

Juárez, entonces miembro del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (derecha), fue arrestado en 2018 por haber ordenado presuntamente el ataque contra el periodista del diario Prensa Libre, Danilo López, ocurrido el 10 de marzo de 2015 en la ciudad sureña de Mazatenango.

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En el atentado, cometido por sicarios, también murió de forma fortuita el periodista Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y resultó herido un reportero de una televisión local.

De acuerdo con la investigación inicial, Juárez era sospechoso de ordenar el asesinato de López por desacuerdos políticos, que se agravaron tras una publicación realizada por el periodista sobre deudas fiscales del legislador.

«Fueron casos montados, no es justo que le destruyan la vida a uno», declaró Juárez al final de la audiencia.

Por el caso, el exdiputado fue incluido a finales de 2017 por Estados Unidos en una lista negra de personas señaladas de abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción en todo el mundo.

Juárez fue relacionado con el crimen por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.

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Centroamérica

Daniel Ortega cierra la puerta a nuevos comicios en Nicaragua tras décadas de concentración política

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.

Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.

“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.

El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.

El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.

Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.

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Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.

El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.

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Centroamérica

PNC de Guatemala detiene a salvadoreño acusado de robo tras salir de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura de un ciudadano salvadoreño identificado como Douglas Estrada, de 30 años, alias “Zapatón”, señalado por el delito de robo de equipo terminal móvil (celular).

La detención se realizó en el asentamiento La Línea, zona 4 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un caso de robo, según detallaron las autoridades guatemaltecas.

La PNC indicó que Estrada había recuperado su libertad en febrero pasado, luego de cumplir una condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla, también por un delito relacionado con robo de equipo terminal móvil.

Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por ebriedad, escándalo y faltas contra las buenas costumbres.

Tras su captura, el acusado será puesto a disposición de un juzgado de Escuintla, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el nuevo caso de robo. Mientras avanza la investigación de la Fiscalía guatemalteca, permanecerá bajo custodia.

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Centroamérica

Tres sudamericanos reciben 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador

Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.

La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.

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La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.

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