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Centroamérica

Es lejano el nombramiento de un embajador de Costa Rica en Nicaragua, dice Chávez

La posibilidad de que Costa Rica nombre un embajador en Nicaragua es lejana, debido al “deterioro” de la situación en ese país tras la expulsión de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló este miércoles el presidente costarricense, Rodrigo Chávez.

«No estamos a ningún momento cerca de tomar una decisión de cambio porque las circunstancias se han venido deteriorando», declaró el mandatario en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

Así mismo, aseguró que el gobierno sigue «viendo con preocupación el desarrollo de lo que está ocurriendo, particularmente la expulsión de la Organización de Estados Americanos».

Después de ganar las elecciones el pasado 4 de abril, Chávez anunció que su «inclinación» era «nombrar un embajador en Nicaragua», porque tienen «relaciones diplomáticas» y no están en «guerra» y afirmó que no le gustan «las medias tintas» ni «las posiciones para verse bonito».

«Si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito, las rompemos, pero no estar en el jueguito de tener relaciones diplomáticas y no tener embajadores», dijo en ese entonces.

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No obstante, la postura del Gobierno costarricense cambió desde la expulsión de la representación de la OEA en Managua a finales de abril.

El anterior gobierno de Costa Rica (2018-2022), que era encabezado por Carlos Alvarado, no envió embajador a Nicaragua y en diversos foros internacionales ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en ese país y ha abogado por el retorno a la democracia.

En Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, viven cerca de 400.000 nicaragüenses, pero según diversas organizaciones no gubernamentales esa cifra podría ser mucho mayor tomando en cuenta la migración irregular que se intensificó desde abril de 2018 cuando comenzó la crisis sociopolítica a raíz de las protestas contra el Gobierno de Ortega.

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Centroamérica

Misión de la UE descarta fraude en elecciones de Honduras 2025 y reconoce triunfo de Asfura

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró este martes que en las elecciones generales de Honduras celebradas el 30 de noviembre de 2025 no hubo “fraude” ni “golpe electoral”, aunque el proceso se desarrolló en un contexto de alta polarización y tensiones institucionales.

“No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral”, afirmó el jefe de la misión, el eurodiputado Francisco Assis, al presentar el informe final en Tegucigalpa.

En los comicios resultó electo Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien asumió el poder el 27 de enero. Durante la campaña, su candidatura recibió el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó duramente a la aspirante oficialista.

Retrasos y disputas institucionales

La misión europea señaló que el recuento avanzó con lentitud y registró numerosas interrupciones, lo que retrasó por varias semanas la publicación de los resultados definitivos.

“Nuestros observadores percibieron que ha habido algunos problemas, muchas dificultades, lo que pasó no se debe repetir (…), pero al final estamos en condiciones de decir que quien está gobernando es quien ganó las elecciones y quien está en la oposición es quien perdió”, subrayó Assis, quien llamó a asumir la alternancia democrática “sin dramatismos excesivos”.

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El informe advierte que el proceso ocurrió en un “clima de alta polarización y tensión política”, con disputas constantes que afectaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que evidenció la “vulnerabilidad institucional ante la parálisis y posibles injerencias políticas”.

Preocupaciones y recomendaciones

La MOE-UE expresó preocupación por la “instrumentalización política” de instituciones como la Fiscalía y por la “injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país”, aunque destacó que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica.

Entre sus recomendaciones, instó al Parlamento hondureño a impulsar antes de las elecciones de 2029 una reforma integral del marco legal electoral y a reforzar la independencia y rendición de cuentas del CNE, “evitando injerencias partidarias y estableciendo salvaguardas que impidan su parálisis por motivos políticos”.

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Centroamérica

Maradiaga: “Ortega y Murillo enfrentan su mayor aislamiento internacional”

El dirigente opositor Félix Maradiaga aseguró este martes que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo atraviesa su momento de mayor aislamiento internacional, debido a su apuesta por un “anti-americanismo anacrónico” y por alianzas con gobiernos que, según él, han colapsado o perdido relevancia geopolítica.

En una declaración titulada “El colapso del eje autoritario: Ortega y Murillo más aislados que nunca”, Maradiaga consideró que la caída de aliados como Irán —por eventos recientes que debilitan su influencia— y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro representan “golpes demoledores” para el eje político que la pareja ha construido en medio de lo que describió como “oportunismo ideológico”.

Maradiaga, desterrado hace tres años junto a otros 222 presos políticos hacia Estados Unidos y despojado de su nacionalidad y bienes por el gobierno nicaragüense, afirmó que la caída de esos apoyos deja al mandatario y a Murillo “sin respaldo geopolítico”.

El opositor, quien preside desde el exilio el partido Ruta del Cambio, aseguró además que las alianzas de Nicaragua con regímenes considerados enemigos de Washington “nunca trajeron desarrollo real” al país y estuvieron basadas en un profundo rechazo a Estados Unidos, en lugar de en beneficios concretos para la población.

Maradiaga también señaló que el debilitamiento de aliados como Venezuela, junto a cambios en la política internacional de países como Cuba e Irán, ha contribuido a aumentar el aislamiento diplomático de Managua y a cerrar lo que él describe como un “cerco” alrededor del régimen sandinista.

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Centroamérica

Embajada de EE. UU. en Guatemala rechaza injerencia en elección de la Corte de Constitucionalidad

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala rechazó este martes señalamientos sobre una supuesta intervención en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en medio de tensiones políticas por la designación de cargos clave.

“No toleraremos que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en las elecciones de segundo grado en Guatemala, afirmó el encargado de Negocios de la sede diplomática, John Barrett, en una publicación difundida en la cuenta oficial de X de la embajada.

El diplomático subrayó además que estos procesos “son guatemaltecos, que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos”, en respuesta a versiones que apuntaban a una supuesta inclinación de la misión estadounidense hacia determinados candidatos.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Bernardo Arévalo señalara en conferencia de prensa la “intención de aparentar que la Embajada de Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros”, en referencia al actual magistrado Roberto Molina Barreto y a la fiscal general Consuelo Porras, ambos señalados en casos de presunta corrupción.

Arévalo advirtió que la situación es “altamente irregular y preocupante” y sostuvo que podría afectar el estado de las relaciones bilaterales. Por ello, indicó que su gobierno inició consultas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para esclarecer el tema.

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El pronunciamiento ocurre en un momento clave del proceso de designación. Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) eligió a su magistrado titular y suplente ante la CC, mientras que el Congreso de la República de Guatemala tenía previsto realizar su respectiva selección.

En paralelo, la fiscal general Porras no logró integrar la máxima corte del país, un cargo que le habría otorgado inmunidad frente a acusaciones de corrupción por las que ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

La elección de magistrados a la CC es considerada un proceso determinante para el equilibrio institucional y el rumbo del sistema judicial guatemalteco.

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