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Centroamérica

Panamá desarrollará avanzada refinería de biocombustible para aviones

AFP

Panamá desarrollará junto a empresas energéticas una refinería para suministrar biocombustibles que ayuden a reducir las emisiones de carbono de los aviones, anunciaron este miércoles los promotores del proyecto.

La refinería, que operará en Ciudad de Panamá, tanto en el Pacífico (Balboa) como en Colón (Atlántico), tendrá capacidad para producir 180.000 barriles por día a partir de 2024, según una nota de prensa.

Esta planta «ayudará a América Latina y al mundo a la transición energética y contribuirá a la innovación para hacer frente al cambio climático», dijo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

«El transporte representa 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la única forma de descarbonizar múltiples sectores, como la aviación, es integrar los combustibles fósiles con biocombustibles compatibles», dijo Randy Delbert LeTang, director ejecutivo de la estadounidense SGP BioEnergy, una de las impulsoras de la iniciativa.

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El proyecto será desarrollado en asociación con firmas privadas extranjeras, Panama Oil Terminals (POTSA) y el gobierno de Panamá.

La nueva planta adaptará unas instalaciones existentes que actualmente procesan y almacenan el 70% del combustible búnker para el refinamiento y almacenamiento de biocombustibles derivados de aceites vegetales, junto con grasas y aceites de desecho.

Según sus promotores, cuando esté terminada, esta refinería será la plataforma de producción de combustible de aviación sostenible (SAF) «más grande del mundo».

La refinería se desarrollará en tres fases, cada una durante un período de cinco años, con el objetivo de aumentar la producción a 60.000 barriles diarios en cada fase.

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MARN1

Centroamérica

El Salvador alcanza 0 % de impunidad en delitos, indica ministro Villatoro

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó este jueves ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que El Salvador ha alcanzado un 0 % de impunidad en los delitos cometidos durante 2025, como parte de los resultados del plan de seguridad implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante su intervención, Villatoro explicó que uno de los pilares del plan de seguridad es la combinación de acciones policiales y judiciales, lo que ha permitido reducir de manera sostenida los niveles de impunidad.

“Uno de los aspectos fundamentales del plan de seguridad del presidente Bukele es que no solo incluye medidas de seguridad, sino también de justicia, donde se aborda directamente el componente de impunidad”, subrayó el funcionario.

El ministro precisó que el combate a la impunidad ha tenido una mejora histórica: en 2019, el índice alcanzaba el 97 %, lo que significaba que de cada 100 homicidios, los responsables tenían altas probabilidades de no ser capturados. En 2022, la cifra se redujo a 35 %; en 2023, a 5 %, y en 2024, a 1.6 %.

“En lo que va de este año, la impunidad es de 0 %. Este es un mensaje fuerte, un golpe de autoridad en materia de seguridad y justicia”, afirmó Villatoro.

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El funcionario también señaló que, más allá de la reducción en los homicidios, el objetivo del plan de seguridad es desincentivar el crimen al eliminar cualquier beneficio o posibilidad de escapar de la justicia.

“Antes, matar era rentable para el criminal. Hoy no lo es”, concluyó.

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Centroamérica

Bukele prioriza educación, salud y seguridad en un plan de inversión social a largo plazo

El Gobierno del presidente Nayib Bukele proyecta un incremento significativo en la inversión social para 2026, con mayores asignaciones en los ministerios de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, según los datos del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Para el próximo año, el plan de gastos contempla una inversión de $3,886.9 millones en estas cuatro áreas, lo que representa un aumento de $277.3 millones en comparación con los $3,609.6 millones asignados en 2025. En 2024, el monto destinado al área social fue de $3,698.9 millones, mientras que en 2023 alcanzó los $3,263.6 millones, lo que refleja un incremento acumulado de $623.6 millones en tres años.

De acuerdo con el sociólogo René Martínez, el proyecto presupuestario 2026, actualmente en discusión en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, mantiene un equilibrio entre “lo urgente y lo importante”, y reafirma al área social como pilar del crecimiento económico y del desarrollo orientado a reducir la desigualdad.

“En el área social, se trata de un plan financiero de mediano y largo plazo que concreta las urgencias y aspiraciones de la población. Garantiza derechos civiles y bienestar colectivo en ámbitos como salud, educación, seguridad, servicios públicos de calidad y defensa”, explicó Martínez.

En los rubros de Seguridad y Defensa, el Gobierno continuará la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), como parte de la estrategia para mantener los resultados obtenidos en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.

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“La meta del presidente Bukele al priorizar el área social es seguir construyendo la sociedad de bienestar delineada desde 2019, con ejes estratégicos basados en la seguridad, el desarrollo social sostenido, la educación y la salud”, concluyó el sociólogo.

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Centroamérica

Informe advierte que el 30 % de los centros de votación en Honduras no tiene conectividad

A pocas semanas de las elecciones generales en Honduras, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó sobre serias amenazas a la transparencia del proceso electoral, entre ellas la falta de conectividad en centros de votación, deficiencias en la transmisión de resultados, el incremento de la violencia política y el incumplimiento presupuestario de instituciones clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.

Durante la presentación de su tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, reconoció algunos avances técnicos en la organización del proceso, pero advirtió que persisten obstáculos técnicos, políticos y de seguridad que podrían derivar en una nueva crisis poselectoral.

El informe señala como uno de los riesgos más graves la brecha de conectividad digital y eléctrica en los centros de votación. De acuerdo con los datos, el 30 % de los más de 5,000 centros carece de conexión a internet y más de 600 no tienen suministro eléctrico, lo que podría afectar el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Esto refleja la profunda desigualdad entre zonas urbanas y rurales”, subrayó Irías, al tiempo que advirtió que el proceso para contratar servicios satelitales fracasó y ahora se desarrolla con plazos muy ajustados.

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