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Centroamérica

Salvadoreña queda libre tras casi 11 años de cárcel por un parto criminalizado

AFP

Jacqueline, quien pasó casi once años en la cárcel por un parto extrahospitalario tipificado como tentativa de homicidio, recuperó su libertad en El Salvador, donde el aborto está penado y prohibido en todos sus extremos.

«Después de 10 años y 9 meses en prisión, Jacqueline recuperó su libertad. Ella enfrentó un parto extrahospitalario en julio de 2011. Su hija sobrevivió, pero cuando buscó ayuda médica para ambas fue detenida», consignó en un comunicado difundido el jueves la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee), que apoya a esta mujer.

Jacqueline tenía 23 años cuando afrontó su parto y «no pudo estar con su hija recién nacida, ni con su hijo de 8 años». El 12 de diciembre de 2011 fue condenada a 15 años de cárcel por «homicidio en grado de tentativa».

El caso de Jacqueline «confirma el camino para la libertad de todas las mujeres criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas», declaró la presidenta de Acdatee, Morena Herrera.

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Las mujeres que afrontan emergencias con sus embarazos, según Herrera, no deben ser «denunciadas, perseguidas, procesadas, condenadas y encarceladas por problemas que deben ser atendidos por la salud pública».

Desde 2009, 65 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría de condición humilde, han sido liberadas en El Salvador, apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones feministas y de derechos humanos.

El Código Penal salvadoreño prohíbe desde 1998 el aborto en todos los casos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican incluso los casos de aborto involuntario como «homicidio agravado», con penas de hasta 50 años.

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Centroamérica

Más de 100 solicitantes de asilo retenidos en Panamá sin saber su destino final

Más de 100 solicitantes de asilo provenientes de distintas partes del mundo se encuentran retenidos en un campamento ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, en una zona aislada al borde de la peligrosa selva del Darién. Estos migrantes, que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo, fueron rápidamente deportados a Centroamérica, convirtiéndose en parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunos de los migrantes más difíciles de deportar.

El campamento, rodeado por vallas y guardias armados, alberga a los solicitantes en condiciones precarias, durmiendo en catres o bancos duros. La entrada a periodistas ha sido prohibida, y los abogados han denunciado que se les ha impedido hablar con sus clientes. A pesar de ser una operación organizada por grupos de ayuda internacional, las autoridades panameñas aseguran que el gobierno está a cargo de la gestión del campamento.

De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, mientras que los demás siguen en la incertidumbre, sin saber cuánto tiempo permanecerán en el campamento ni adónde podrían ser enviados finalmente.

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Centroamérica

Costa Rica postula a Arnoldo André como candidato a la Secretaría General de la OEA solo si no hay ganador

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, anunció este lunes que solo se postulará para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) si no se logra un ganador en la elección programada para el próximo 10 de marzo. Según un comunicado emitido por la Cancillería costarricense, la candidatura de André será considerada únicamente en el caso de que ninguno de los cinco candidatos alcance los 18 votos necesarios durante las primeras cinco rondas de votación.

Este anuncio responde a la demanda de varios países que han mostrado interés en apoyar una candidatura de Costa Rica para la Secretaría General. A día de hoy, los candidatos principales para sustituir a Luis Almagro son el canciller de Surinam, Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

De acuerdo con las normas de la OEA, nuevos candidatos pueden postularse antes del inicio de la Asamblea General Extraordinaria o después de la finalización de las rondas de votación, si ningún candidato obtiene los votos requeridos.

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Centroamérica

Ortega y Murillo consolidan su control en la Policía Nacional con nuevos nombramientos

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, ascendieron este lunes a tres nuevos comisionados generales en la Policía Nacional. Este hecho marca la primera ocasión en la que Murillo, también primera dama, firma un ascenso dentro del cuerpo de seguridad.

Murillo obtuvo el título de copresidenta mediante una reforma constitucional impulsada por Ortega. El grado de comisionado general es el segundo en importancia dentro de la jerarquía policial, solo por debajo del primer comisionado.

La semana pasada, Murillo encabezó la juramentación de 30.000 «policías voluntarios» durante la toma de posesión de su consuegro, Francisco Díaz, quien asumió un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional.

Según el Acuerdo Presidencial 37-2025, publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo aprobaron la propuesta de ascensos presentada por Díaz, con el objetivo de «fortalecer el mando institucional» de la Policía.

Los oficiales ascendidos son Mauricio Lenin Soza Robelo, Álvaro José Pérez Marenco y Oscar José Alemán Márquez. Soza Robelo ha sido designado nuevo inspector general de la Policía Nacional, Pérez Marenco ocupará el cargo de jefe de Asesoría Legal y Alemán Márquez será co-jefe de la delegación policial del departamento de León.

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Estos cambios se producen luego del retiro del anterior inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, y del anterior co-jefe de la delegación policial de León, comisionado general Fidell de Jesús Domínguez Álvarez.

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