Centroamérica

Policía impide ingreso de feligreses a iglesia en Nicaragua

La Policía Nacional de Nicaragua impidió el acceso a la misa celebrada este domingo por el obispo Rolando Álvarez, un religioso férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, que se ha declarado en ayuno desde el viernes.

«La misa se ha encontrado vacía, sin presencia de fieles porque la policía no permite la entrada y tiene totalmente acordonado el templo. Dos sacerdotes que iban a concelebrar la palabra fueron rechazados con malacrianza y grosería», dijo durante la eucaristía, transmitida por redes sociales.

«Con ese tipo de actitudes no se abona para nada al diálogo, a la armonía, a la fraternidad, antes bien se tensionan las cosas», afirmó en su homilía.

Desde el jueves pasado, el religioso se resguardó en la parroquia Santo Cristo, sureste de Managua, e inició un ayuno tras denunciar que fue «perseguido» durante todo el día por la policía.

La denuncia fue confirmada por el sacerdota Harving Padilla, quien aseguró que la policía impidió que los feligreses acudieran al servicio religioso en la iglesia San Juan Bautista, en Masaya (sureste), donde se refugió la semana pasada por asedio de las autoridades.

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«Estamos viviendo momentos difíciles como nación y nuestro deber como iglesia es anunciar la verdad del evangelio», afirmó este domingo la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) expresando solidaridad con Álvarez.

Ortega ha acusado reiterada y públicamente a los obispos de «golpistas» por dar refugio en sus templos a manifestantes que huían o que fueron heridos durante las protestas antigubernamentales de 2018.

Las relaciones entre el clero y el gobierno son tensas desde entonces. En marzo, el representante del Vaticano, el polaco Waldemar Sommertag, fue expulsado del país, una decisión que la Santa Sede consideró «incomprensible».

Centroamérica

Corte de Guatemala anula nómina de candidatos a fiscal general

Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar que se repita la fase de evaluación de los aspirantes.

La resolución responde a un recurso de amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la manera en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria en la judicatura.

Con la decisión, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá regresar a la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.

El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación aprobada, sin considerar automáticamente los años de servicio como jueces equivalentes a la experiencia profesional requerida para el cargo.

“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes”, señala la resolución.

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La Corte también enfatizó que el proceso debe regirse por principios de mérito, capacidad e idoneidad, además de garantizar mayor transparencia en la asignación de puntajes.

“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”, añade el fallo judicial.

La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina de candidatos que había recibido el miércoles, lo que retrasará la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.