Centroamérica

Unos $3.2 millones invertirá El Salvador en en dispositivos para estudiantes con discapacidad

El Ministerio de Educación (Mined) de El Salvador invertirá $3.2 millones para la adquisición de tablets y computadoras que son entregadas a estudiantes con discapacidad, es decir, que serán adecuadas con base en los requerimientos de cada alumno de los centros de educación especial, informó el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda.

«Hemos invertido más de $3.2 millones para comprar equipo para estos más de 2,400 estudiantes que ahora en sus aulas tienen este equipo y son parte de este sistema educativo que nadie lo logró hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Porque tenemos un presidente Bukele que sí se atreve y que decidió darle una computadora a cada niño», destacó en una entrevista televisiva.

El funcionario detalló que los dispositivos son entregados a estudiantes de 4° grado hasta bachillerato, con un software y aplicaciones que dinamizan el proceso lúdico según el tipo de discapacidad de cada estudiante.

«Estos niños que nunca fueron parte del sistema que estaban siempre relegados, que se sentían estigmatizados, ahora son parte de esto. Son estudiantes desde cuarto grado hasta bachillerato que asisten centros educativos de educación especial. Además, hay más de 16,000 que están con algún grado de discapacidad, pero en nuestro sistema regular», expresó Pineda.

Finalmente, el titular adelantó que, en conjunto con el resto de países de la región del SICA se ha preparado una hoja de ruta que será presentada la próxima reunión del Consejo de ministros de Educación y Cultura.

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«Los ocho países de la región SICA nos hemos sentado para definir esa estrategia. Hemos planteado una hoja de ruta, una propuesta de dictamen que vamos a llevar al Consejo que se va a desarrollar el próximo 26 y 27 de este mes en Argentina, en donde vamos a proponer como SICA este proceso de recuperación de los aprendizajes», detalló.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.