Centroamérica
Unos $3.2 millones invertirá El Salvador en en dispositivos para estudiantes con discapacidad
El Ministerio de Educación (Mined) de El Salvador invertirá $3.2 millones para la adquisición de tablets y computadoras que son entregadas a estudiantes con discapacidad, es decir, que serán adecuadas con base en los requerimientos de cada alumno de los centros de educación especial, informó el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda.
«Hemos invertido más de $3.2 millones para comprar equipo para estos más de 2,400 estudiantes que ahora en sus aulas tienen este equipo y son parte de este sistema educativo que nadie lo logró hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Porque tenemos un presidente Bukele que sí se atreve y que decidió darle una computadora a cada niño», destacó en una entrevista televisiva.
El funcionario detalló que los dispositivos son entregados a estudiantes de 4° grado hasta bachillerato, con un software y aplicaciones que dinamizan el proceso lúdico según el tipo de discapacidad de cada estudiante.
«Estos niños que nunca fueron parte del sistema que estaban siempre relegados, que se sentían estigmatizados, ahora son parte de esto. Son estudiantes desde cuarto grado hasta bachillerato que asisten centros educativos de educación especial. Además, hay más de 16,000 que están con algún grado de discapacidad, pero en nuestro sistema regular», expresó Pineda.
Finalmente, el titular adelantó que, en conjunto con el resto de países de la región del SICA se ha preparado una hoja de ruta que será presentada la próxima reunión del Consejo de ministros de Educación y Cultura.
«Los ocho países de la región SICA nos hemos sentado para definir esa estrategia. Hemos planteado una hoja de ruta, una propuesta de dictamen que vamos a llevar al Consejo que se va a desarrollar el próximo 26 y 27 de este mes en Argentina, en donde vamos a proponer como SICA este proceso de recuperación de los aprendizajes», detalló.
Centroamérica
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Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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