El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) ha extendido su ayuda a 255 familias salvadoreñas afectadas por siniestros viales durante los primeros cuatro meses del año en curso. Este apoyo se traduce en una entrega total de $247,400 en prestaciones económicas.

De este monto, $107,400 están destinados a 132 personas que sufrieron lesiones de diversa índole debido a los accidentes, mientras que $140,000 se han asignado a familias que perdieron a seres queridos en dichos incidentes.

El proceso de distribución de estas prestaciones se agiliza mediante las agencias del Banco Hipotecario, buscando garantizar rapidez y facilidad para los beneficiarios.

La directora del Fonat, Paola Bardi, expresó el compromiso de la institución en agilizar y eficientizar sus procesos a través de la digitalización de servicios, asegurando la entrega oportuna de los montos económicos dentro del marco legal establecido por el Fonat.

Para solicitar la prestación económica, los beneficiarios pueden iniciar el proceso en línea a través del sitio web del Fonat (www.fonat.gob.sv), donde recibirán notificaciones sobre el estado de su caso mediante correo electrónico.

Además de las compensaciones económicas, el Fonat ofrece un programa integral de rehabilitación para las personas con discapacidad temporal o permanente, en colaboración con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). Este programa incluye acompañamiento psicológico, fisioterapia, entrega de prótesis y órtesis, así como el proceso de reinserción a la vida laboral productiva.

Este martes, veteranos y excombatientes del conflicto armado en la zona oriental del país fueron beneficiarios de desembolsos económicos de créditos gestionados a través del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), en un acto presidido por Juan Alberto Ortiz en San Miguel. La iniciativa forma parte de los beneficios otorgados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Un total de 150 personas recibieron créditos que van desde los $1,000 hasta los $2,000, alcanzando un monto total de $291,701.41. Esta distribución se enmarca dentro de un fondo de $1 millón que el INABVE pretende asignar en créditos a nivel nacional durante el próximo mes.

David Meza, jefe de Créditos del INABVE, explicó que estos recursos están destinados para apoyar iniciativas empresariales, fortalecer emprendimientos y consolidar deudas de los veteranos y excombatientes.

Uno de los beneficiarios, José Alcides Mendoza, residente en La Unión, recibió el crédito con el objetivo de impulsar su negocio de comida rápida. Con una inversión inicial de $40, Mendoza aspira a fortalecer y expandir su emprendimiento gracias a este financiamiento.

«Voy a reinvertir en mi negocio y lo voy a fortalecer, porque si lo hice con $40, ahora con $2,000 qué no podré hacer. Y esta es una semilla que si la sembramos en tierra fértil va a producir, pero si no la sabemos aprovechar, solo va a pasar por nuestras manos», señaló Mendoza.

Dos exagentes policiales, previamente destituidos de la Policía Nacional Civil entre 2005 y 2008 por actividades delictivas, enfrentan una cascada de nuevos cargos tras ser capturados por robo en Santa Ana. El 27 de abril, la PNC los arrestó luego de que las cámaras de seguridad los grabaran asaltando un establecimiento de sorbetes cerca de la Universidad de El Salvador en Santa Ana, armados. La investigación desenterró evidencia que los vincula a otros crímenes, extendiendo los cargos a un tercer exoficial ya en prisión.

Los delitos adicionales incluyen seis cargos por robo agravado y tres por pertenencia a agrupaciones ilícitas. Además del asalto a la heladería, se les atribuye el robo a una boutique y una cafetería. Los tres exagentes detenidos fueron identificados como Melvin Alexander Orellana Argumedo, de 46 años; Yoni Jaime Peñate Peñate, de 48 años; y Guillermo Enrique Morales Rodríguez, de 53 años.

Orellana, quien fue expulsado en 2005, ya contaba con una condena previa por robo en 2017, aunque un juez le otorgó libertad condicional. Peñate, por su parte, fue destituido en 2008 y tiene un historial delictivo que incluye disparos de armas de fuego, explosiones peligrosas, y robos agravados.

La PNC ha declarado su compromiso de llevar a los acusados ante la justicia, asegurando que no permitirán que vuelvan a las calles a causar daño a la población.