Centroamérica

Costa Rica ha recibido casi 200 mil solicitudes de refugio en la última década

Costa Rica ha recibido en la última década casi 200,000 solicitudes de refugio, de las cuales, el 89% corresponden a personas nicaragüenses, reflejaron datos de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración.

Según la entidad, entre 2013 y 2017, el país recibió un total de 15,352 solicitudes, pero con la crisis en Nicaragua la cantidad desde 2018 hasta mayo de 2022 alcanzó las 175,055.

Los datos fueron divulgados por la directora de la Unidad de Refugio, Esther Núñez, durante el foro “Derribando Muros, Construyendo Esperanza”, organizado por SOS Nicaragua en el marco del Día de los Refugiados.

La representante advirtió que Costa Rica cuenta con “capacidad muy limitada” para atender esa cantidad de refugiados, por lo que destacó el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la contratación de 24 abogados y 15 oficinistas que han permitido abrir oficinas en la zona fronteriza con Nicaragua.

Milton Moreno, representante de ACNUR en Costa Rica, dijo que después de 2018 ha aumentado su apoyo al Gobierno costarricense para dar respuesta a la situación de los nicaragüenses. Sin embargo, enfatizó que comunidad internacional debe hacer un esfuerzo mayor para atender las crisis migratorias y apoyar al país centroamericano para que pueda sostener sus programas de servicios públicos.

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“Costa Rica es un país que se destaca por sus políticas de derechos humanos, de fronteras abiertas, pero también esa generosidad a veces debe ser recompensada de cierta manera para que haya una responsabilidad compartida de la comunidad internacional”, dijo.

Durante el foro, un grupo de organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración en la que hacen un llamado a la comunidad internacional y a la cooperación internacional para “acelerar los esfuerzos para brindar una atención integral y sostenible a todas las personas que se han visto forzadas a desplazarse”.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.